La educación en Sinaloa se complica. Un reciente estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expuso que el 44.7 ? los jóvenes en la entidad abandonan las aulas por falta de interés y apoyos.
Culiacán es una de las ciudades del país donde más se ha incrementado el costo de la canasta básica, pegando al bolsillo de miles de familias de escasos recursos.
El Movimiento Antorchista ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales identificar las zonas de mayor marginación para, junto con la población, realizar gestiones encaminadas a combatir y erradicar los rezagos. Siempre recordando nuestro derecho constitucional a acceder a servicios básicos, educación, salud, etcétera.
Recientemente, la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en la entidad, la violencia obligó a unas 43 mil 400 personas a abandonar su lugar de origen y desplazarse a otros puntos. Una gran cantidad de personas que equivaldría al doble de la población del municipio de San Ignacio, Sinaloa.
¿Por qué un funcionario del más alto nivel que juró al asumir el cargo cumplir y hacer cumplir las leyes de este país, no las respeta? ¿Qué hace este gobernante, si no violar la ley, al negar alternativas de solución a la gente que pide que se la ayude a construir un cuarto?
