El domingo 13 de julio, Patricia Cruz Morales, una humilde vendedora de tamales, originaria y vecina de la colonia El Tejolote, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, fue asesinada alrededor de las siete de la mañana; el hecho ocurrió cuando se dirigía a colocar su puesto de tamales. Fue interceptada por dos sujetos que, tras una breve discusión, le dispararon un tiro en la boca, dejándola sin vida.
La preocupación no es sólo por el crimen, sino por el posible mensaje político que este puede encerrar.
Este crimen, lamentable como todos, quizás sería uno más entre tantos de los que ocurren a diario en este país; sin embargo, para el antorchismo mexiquense es motivo especial de preocupación, pues Patricia Cruz Morales militaba, como ciudadana, en el Movimiento Antorchista y, lo más preocupante, es que vivía a sólo tres casas del domicilio en el que habita la licenciada Maricela Serrano Hernández, dirigente antorchista en la colonia El Tejolote, en Ixtapaluca y en todo el oriente mexiquense, integrante además del Comité Estatal de Antorcha en el Estado de México y miembro distinguido de la Dirección Nacional de la organización social.
El asesinato, reprobable ya de por sí como cualquier otro crimen, nos indigna y nos preocupa mucho a los antorchistas. Primero porque, independientemente de su filiación política, no se puede eliminar físicamente a nadie por ningún motivo y, por lo tanto, tampoco a los antorchistas.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta el contexto: en las últimas fechas, el antorchismo de Ixtapaluca ha estado realizando actividad política exigiéndole al gobierno de Felipe Arvizu que cumpla con su tarea de gobernar para todos, que otorgue los servicios públicos necesarios para la población y garantice la seguridad de la ciudadanía. Precisamente lo que no hizo en el caso de Patricia Cruz Morales.
La respuesta del presidente municipal de Ixtapaluca ha sido la de casi todos los funcionarios pertenecientes a su partido político: oídos sordos, nulas soluciones y ataques mediáticos hacia los antorchistas y hacia Maricela Serrano.
Es necesario entender que estamos ante una lucha política: los ciudadanos antorchistas exigen seguridad y servicios públicos y, por su parte, un presidente municipal que, de una manera arbitraria y prepotente, se niega a resolver.
En ese sentido, nos preocupa que el asesinato de nuestra compañera Patricia Cruz no sea solo un asesinato por robo o el cobro de alguna cuenta pendiente, sino que en realidad se trate de dar un “mensaje” de advertencia y amedrentamiento para aplacar o inhibir la lucha de los antorchistas.
Tampoco debe olvidarse que, históricamente, Maricela es una de las dirigentes fundadoras del antorchismo en esa zona del oriente mexiquense y que, para quienes no coinciden con Antorcha –y para quienes la ven como una amenaza–, Maricela es una líder política que no les conviene enfrentar, que no les gusta y que quisieran eliminar.
No deseamos ni queremos pensar que sea esta la razón del asesinato de la humilde tamalera, pero tampoco queremos ser ingenuos. En la historia de México, y del mundo, es muy común que verdaderos criminales o políticos corruptos e inescrupulosos, incrustados en el gobierno, no se detienen ante nada con tal de acallar a sus opositores y hacerlos declinar de su lucha.
Para salir de dudas y de sospechas, la Fiscalía del Estado de México debe esclarecer el crimen y deslindar de manera clara y contundente el porqué del cobarde asesinato, detener a los culpables y aplicarles la justicia; de otra forma, los antorchistas tenemos derecho a mantener nuestra sospecha de que el gobierno de Felipe Arvizu está escalando su rencor y su odio a grados absolutamente inaceptables. Y si esto fuera así, lo que estamos presenciando es un clima de linchamiento político y de represión que pretende llegar a la eliminación física de sus opositores.
En el caso de que la ejecución de Patricia Cruz hubiese sido hecha por la delincuencia organizada o por asaltantes comunes y corrientes, el gobierno de Felipe Arvizu queda más involucrado, pues él, como autoridad municipal, es el representante del Estado y está obligado a “tomar las medidas para prevenir la delincuencia, investigar los delitos y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin temor a ser víctimas de violencia o abusos”; está obligado a proteger “la vida, la integridad física, la propiedad y la libertad de las personas”.
Y no puede fingir demencia o excluirse de esta responsabilidad, pues maneja los recursos para pagar las fuerzas de seguridad, y estas deben estar capacitadas y equipadas para cumplir esa función.
Felipe Arvizu, en colaboración con la Fiscalía, tanto por la función pública que ostenta como por conveniencia política, está obligado a esclarecer el crimen y castigar a los responsables; de no ser así y de continuar los crímenes en Ixtapaluca, quedará claro que permitir actuar impunemente a la delincuencia organizada o a delincuentes comunes es ser omiso en la aplicación de la justicia y que tenemos derecho a pensar, de acuerdo al dicho popular, que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata o, más grave aún, que son una y la misma persona.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario