Con una percepción mensual de 9 mil 500 de pesos, el debate se centra en cómo evitar que la carestía absorba el ingreso
Durango, Dgo. El reciente incremento del salario mínimo a un nivel cercano a los 9 mil 500 de pesos mensuales es reconocido como una medida positiva que alivia la economía de los hogares más vulnerables y contribuye a la reducción de la pobreza. Sin embargo, desde distintos ámbitos se advierte que este ajuste, aunque necesario, no es una solución por sí sola y requiere complementarse con políticas públicas de largo alcance.
“Celebramos cualquier alivio para el bolsillo de los pobres, pero no podemos confundir un paliativo con una solución de fondo”.
En este sentido, Martín González Avila, dirigente antorchista del municipio de Durango, añadió su perspectiva al debate. El líder social afirmó que, si bien el aumento es una conquista que alivia la presión inmediata sobre las familias trabajadoras, sigue siendo un salario de “miseria” que no alcanza para cubrir una vida digna en su totalidad.
“Celebramos cualquier alivio para el bolsillo de los pobres, pero no podemos confundir un paliativo con una solución de fondo. Un salario mínimo verdadero debería permitir no sólo subsistir, sino vivir con calidad: acceder a una buena alimentación, a una educación superior para los hijos, a una vivienda propia y a servicios de salud dignos, no solo a sobrevivir día a día”, sostuvo González Avila.
Esta visión coincide con el análisis de expertos económicos y sociales, quienes señalan que, si bien el aumento ha logrado mantenerse por delante de la inflación en este ciclo, maximizando su impacto positivo, el poder adquisitivo es sólo un componente del bienestar.
Se destaca que el monto actual ayuda a acercarse a la línea de bienestar básico, cubriendo rubros esenciales. No obstante, se insiste en que la política salarial debe ir de la mano del fortalecimiento estructural de servicios públicos. La carencia en acceso a salud, educación, vivienda y alimentación nutritiva sigue siendo un lastre para el desarrollo integral de las familias.
Desde la perspectiva del movimiento social, González Avila concluyó con un llamado más amplio: “El gobierno debe ir más allá de los ajustes periódicos. Necesitamos una política económica que priorice la inversión en el campo, en la industria nacional y en los servicios públicos. Sólo así se generará la riqueza necesaria para sostener salarios justos de manera permanente y se evitará que estos aumentos sean absorbidos por la misma dinámica de carestía y falta de oportunidades”.
El consenso apunta a que, para que el crecimiento económico sea sostenible y equitativo, los diferentes niveles de gobierno deben impulsar una agenda multidimensional que combine el fortalecimiento del ingreso con la garantía de derechos sociales básicos, evitando así que los avances se conviertan en logros frágiles o en “burbujas” de bienestar insostenibles.
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