México es un país de profundos contrastes, donde la riqueza excesiva convive con la pobreza más extrema. Según el informe de Oxfam “El Monopolio de la Desigualdad”, esta desigualdad no es casual, sino el resultado de un sistema económico y político que favorece la concentración de riqueza en unas cuantas manos.
Once de los catorce hombres más ricos de México amasaron su riqueza gracias a concesiones, privatizaciones y favores del Estado, no con sólo esfuerzo y talento.
Los datos son alarmantes: la fortuna combinada de Carlos Slim y Germán Larrea equivale al 70 % de la riqueza privada del país, una cantidad comparable a la de 334 millones de latinoamericanos en situación de pobreza. Esta brecha no ha hecho más que ampliarse, incluso durante la pandemia, cuando gran parte de la población enfrentó graves pérdidas económicas.
Uno de los mitos más arraigados en México es la idea de que los grandes empresarios construyeron sus fortunas únicamente con esfuerzo y talento. Sin embargo, la realidad es distinta: once de los catorce hombres más ricos del país amasaron su riqueza gracias a concesiones, privatizaciones y favores del Estado.
Carlos Slim, el hombre más acaudalado de México, no creó las telecomunicaciones, sino que adquirió Telmex en una polémica privatización durante el gobierno de Salinas de Gortari. Hoy, su fortuna equivale a la de 64 millones de mexicanos pobres.
Germán Larrea, el segundo más rico, heredó el control de Ferrocarriles Mexicanos tras su privatización y domina la minería mediante concesiones gubernamentales.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, se benefició de la venta de bienes públicos a precios irrisorios.
Estos casos evidencian que, en México, la riqueza extrema no se genera en un mercado competitivo, sino a través de acuerdos con el poder político.
Las privatizaciones de los 80 y los 90 no modernizaron la economía; simplemente convirtieron monopolios públicos en privados, consolidando una oligarquía que controla sectores estratégicos.
El informe de Oxfam destaca el caso de la minería, un sector que refleja las contradicciones del modelo económico mexicano. A pesar de que México es uno de los mayores productores de plata y oro del mundo, las regiones mineras siguen sumidas en la pobreza. Germán Larrea (Grupo México) y Alejandro Bailleres (Peñoles) controlan el 80 % de la industria, gracias a concesiones estatales ventajosas.
Las comunidades afectadas sufren consecuencias graves: contaminación, desplazamientos forzados y violencia. Sin embargo, las ganancias no se quedan en esas zonas. Peor aún, estas empresas pagan pocos impuestos. Según Oxfam, el sector minero contribuye con sólo el 17,9 % en impuestos, y en algunos casos incluso recibe devoluciones fiscales. Mientras un trabajador paga hasta el 35 % de ISR, estas corporaciones eluden impuestos mediante paraísos fiscales.
Este esquema no es exclusivo de la minería. Sectores como telecomunicaciones, medios y banca operan bajo la misma lógica: ganancias privatizadas, costos socializados.
La crisis del covid-19 dejó en evidencia que las crisis no afectan a todos por igual. Mientras millones perdían empleos y vidas, los más ricos aumentaban sus fortunas:
En total, los catorce mexicanos más ricos casi duplicaron su patrimonio durante la pandemia. No fue por mayor productividad, sino porque el sistema está diseñado para beneficiarlos, incluso en tiempos de crisis.
Mientras tanto, el poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó. Entre 2021 y 2022, el 60 % del aumento de precios se tradujo en ganancias corporativas, no en mejores salarios. Las grandes empresas trasladaron los costos de la inflación a los consumidores, mientras sus utilidades batían récords.
Pero ¿por qué persiste la desigualdad? De acuerdo con Oxfam existen tres factores principales: primero, un sistema tributario regresivo, es decir, las grandes fortunas y empresas pagan menos impuestos que un trabajador promedio; segundo, los monopolios y falta de competencia real, por ejemplo, los sectores clave están dominados por pocas empresas que fijan precios y bloquean la competencia; y, por último, la cooptación del Estado por parte de los grupos económicos que influyen en políticas públicas para proteger sus intereses.
Aunque ha habido avances, como el aumento del salario mínimo y programas sociales que redujeron la pobreza del 41,9 % al 36,3 %, estas medidas no son suficientes. El problema es estructural: las reglas siguen favoreciendo a una minoría.
Romper este ciclo requiere cambios profundos, como reformar el sistema fiscal para que los más ricos paguen lo justo; combatir los monopolios y fomentar la competencia económica; y garantizar que el Estado priorice el bien común sobre los intereses privados.
México no es un país pobre, pero sí profundamente desigual. La riqueza existe, pero está mal distribuida y, mientras el sistema proteja los privilegios de unos pocos, la brecha seguirá creciendo.
Oxfam no sólo denuncia un problema, sino que llama a la acción. La desigualdad extrema no es inevitable: es resultado de decisiones políticas y puede revertirse. Construir un México más justo no es sólo una obligación, sino la única forma de asegurar estabilidad y paz social en el futuro. La riqueza de unos pocos no puede seguir costándole todo a millones.
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