• 22 magnates mexicanos duplican sus fortunas frente a millones de obreros que exigen un reparto equitativo
Carencias para la mayoría y abundancia para unas pocas familias. Esa es la realidad que vivimos en el país.
No es noticia nueva: en México, el 1 % más rico posee el 40 % del capital nacional; 22 multimillonarios mexicanos han duplicado su fortuna que se calcula en 219 mil millones de dólares, en un lapso de cinco años, mientras millones enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas (Oxfam, 12 de marzo de 2026). No es fantasía; es una realidad que lastima a millones de personas.
Únicamente el trabajo humano puede crear valor; es el pueblo trabajador el que a través de su actividad productiva crea la riqueza de la que los dueños se apropian.
Para algunos, esta situación es normal, pues si esos multimillonarios trabajan, justo es que reciban las ganancias de lo que les ha costado. Ese es, por lo general, su razonamiento.
Aparentemente es verdad, sin embargo, la realidad es muy diferente. Millones de mexicanos han trabajado durante la mayor parte de su vida, desde las primeras horas hasta el anochecer, y continúan viviendo al día, con dificultades para adquirir lo necesario para vivir.
Esos millones de personas, que saben que si dejan de trabajar un solo día tendrán mayores dificultades para sostener la casa y la familia, comparten la misma característica: dependen de la venta de su fuerza de trabajo para poder vivir.
A su vez, los multimillonarios también comparten, entre ellos, una característica: son los dueños de los medios de producción, es decir, de las fábricas, las empresas, los negocios, las herramientas, maquinaria y la materia con la que se elaboran los productos.
Su trabajo les habrá costado, pensarán algunos otros.
No debemos engañarnos; a esos multimillonarios, los medios de producción y el dinero para poder invertir, se los han proporcionado todos los trabajadores a través de su esfuerzo, de su capacidad creadora, de su trabajo.
Únicamente el trabajo humano puede crear valor; es el pueblo trabajador el que a través de su actividad productiva crea la riqueza de la que los dueños se apropian.
El encubrimiento de esta verdad ha ocasionado la manipulación ideológica en la que se hace creer que los trabajadores necesitan de los empresarios para poder vivir; al contrario, son los empresarios los que requieren del esfuerzo cotidiano de los millones de personas que forman parte del pueblo trabajador.
Esta situación se presenta en todos los países capitalistas como el nuestro, dividido en clases sociales, en donde todo se mide, hasta la democracia, en función de la clase explotadora, la burguesía, en los que, además, quienes concentran la mayor parte de la riqueza no son los que la crean, sino los dueños de los medios de producción, como esos 22 multimillonarios a los que nos referimos anteriormente. Vivimos en un país en donde predomina un sistema económico y social injusto.
Para aminorar el descontento de la población por este gran abuso legalizado, cometido por la clase dominante, los ideólogos y gobiernos a su servicio han desarrollado e implementado lo que, desde su perspectiva, entienden por justicia social. Se trata de un recurso político que se utiliza para confundir al pueblo, diseminar la imagen de un gobierno protector de los menos favorecidos económicamente y también, como una forma de inhibir la organización y lucha del pueblo trabajador.
La justicia social hace referencia a la igualdad y equidad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la distribución de la renta, la disminución de los márgenes de exclusión y discriminación, los derechos laborales y sindicales y el combate contra la pobreza, entre otras ideas.
Por tanto, los grandes empresarios y los gobiernos en los países como el nuestro han tenido que reconocer que vivimos bajo un régimen donde predomina la injusticia social y, por tanto, que sus intereses peligran cuando el pueblo reclame y se proponga lograr un reparto más equitativo de la riqueza, en donde disfruten de ella quienes la generan, o sea, los trabajadores.
En el Estado de México, por ejemplo, el gobierno ha implementado un programa denominado "Caravanas por la Justicia Social" el que, de acuerdo con la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, "refleja una nueva visión de la administración pública donde las instituciones salen al encuentro de la ciudadanía para atender sus necesidades y garantizar sus derechos fundamentales" y señala, además, que la justicia social constituye uno de los principios centrales de su administración.
El objetivo de este programa es acercar los servicios directamente a las comunidades del Estado de México. La gobernadora reconoce que, a través de esta estrategia, miles de personas pueden resolver trámites relacionados con: identidad, patrimonio, asesoría jurídica y acceso a programas sociales sin tener que trasladarse a oficinas lejanas. Sólo para eso alcanza su entendimiento de la justicia social.
En realidad, el programa se asemeja más a un eslogan propagandístico, de esos que se utilizan para vender entre la población algún producto o idea que, finalmente son un fraude, ya que no corresponden a las expectativas. Veladamente se induce al pueblo a que no se inconforme, que no se organice y que no luche para defender sus verdaderos intereses.
El pueblo trabajador, sometido a la nueva esclavitud asalariada y hambriento de justicia, puede caer en el engaño, dejarse hipnotizar una vez más por la nueva receta descubierta por los alquimistas guindas y esparcida por el ejército de merolicos a sueldo o gratuitos.
Como se puede observar, en la realidad, se trata únicamente de pequeñas acciones que no atacan las raíces de la desigualdad, de la pobreza, que seguimos en las mismas condiciones económicas ya que no se intenta realizar una distribución equitativa de la riqueza.
La justicia social no consiste en la simulación de ayuda. El pueblo no debe dejarse engañar con la idea de que se le está haciendo justicia ni el gobierno debe confundir altruismo con el deber de garantizar a la población el acceso pleno a sus derechos.
Justicia es alimento, educación, vestido y calzado, vivienda, salud, empleo, salarios dignos, acceso al agua potable, protección social, esparcimiento, cultura, deporte, paz, es decir, beneficios de calidad para quien produce la riqueza; para los trabajadores.
La verdadera justicia social sólo será posible cuando el pueblo, verdadero creador de la riqueza, tome en sus manos el gobierno del país, de ahí la necesidad de organizarse, de construir un partido político y construir una sociedad más justa y equitativa.
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