El Estado de México es una de las entidades que más riqueza genera. En términos de aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ocupa el segundo lugar, con 9.1 % del total. Si fuera un país, por su PIB ocuparía el lugar número 58 mundial. En 2024 aumentó su PIB por arriba de la media nacional; es la tercera entidad que más impulsó la economía, sólo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León. Ocupó el segundo lugar en impulso manufacturero. Es primer lugar en varios subsectores de la industria manufacturera: fabricación de insumos y productos textiles; industria del papel e impresión; fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, industria química, industria del plástico y del hule. En general, con un 9.5 %, en la industria manufacturera ocupa el segundo lugar nacional, después de Nuevo León. Ocupa el segundo lugar en atracción de Inversión Extranjera Directa (Desarrollo Económico, Resumen Económico del Estado de México, Gobierno del Estado, diciembre 2025).
Derivado de toda esa inmensa riqueza creada con el esfuerzo de los trabajadores, el gobierno de la entidad ejerce uno de los presupuestos de egresos más elevados del país. Por acuerdo del Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos para este año es de 410 mil millones de pesos, con un incremento de 5.6 % respecto al año anterior. Es decir, dispone de ingentes recursos que le permitirían atender de mejor manera las necesidades de los más marginados.
Toda esta bonanza no surge por generación espontánea. La generan los trabajadores: en el estado, 8.1 millones constituyen la población ocupada y son, precisamente, ellos los que no reciben sus beneficios, pues siguen en el abandono. Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares sufren severas carencias en servicios que el gobierno debería proveer, pero se niega a hacerlo. Los funcionarios adoptan una visión patrimonialista del poder, asumiendo que los recursos que administran son propiedad suya o del gobierno, pero no del pueblo. Ciertamente, en las zonas residenciales de altos ingresos, la realidad es otra; allí no hay carencias.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), 3.4 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud (Medición Multidimensional de la Pobreza, 2024). Considerando una población total de 17.8 millones de habitantes, el porcentaje de mexiquenses sin acceso a servicios de salud es de 19.1, casi uno de cada cinco. Esto por la no afiliación a alguna institución pública o por diversas dificultades para recibir el servicio.
En materia de servicios básicos, las cosas no andan mejor. Según el Coneval, 1.3 millones de personas sufren carencias de acceso a servicios básicos en la vivienda (agua, drenaje, electricidad y combustible). Más de 245 mil viviendas carecen de agua entubada (INEGI); en números redondos, casi un millón de personas. Este problema es particularmente agudo en los municipios Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz, entre otros. En municipios y colonias donde, oficialmente, hay agua entubada en las viviendas, en un número difícil de cuantificar, esta no fluye de forma constante, sino por “tandas”, o cae durante una hora o dos, o llega cada tercer día (por ejemplo, en Chimalhuacán), o con una presión muy baja. Más de cinco millones de mexiquenses reciben agua por tandeo o en pipas, principalmente en los municipios del oriente mexiquense (Comisión del Agua del Estado de México y Conagua). Esto obliga a las familias a mermar su magro presupuesto para comprar agua por su cuenta: alrededor de mil 500 pesos semanales por pipa.
Los recursos públicos deben servir para atender las necesidades de quienes más lo necesitan.
Tocante al drenaje, aunque oficialmente el 96 % de los hogares mexiquenses dispone de este servicio, la realidad está muy lejos de esa cifra optimista. Alrededor de 700 mil mexiquenses sufren problemas recurrentes por inundaciones, con las consiguientes consecuencias en contaminación y daño a su salud. Sufren el problema muy agudamente los municipios del Valle de México, con inundaciones recurrentes en la temporada de lluvias, toda vez que la infraestructura es insuficiente. Los habitantes se ven así en la constante necesidad de estar pidiendo a las autoridades locales el envío del camión váctor para resolver, una y otra vez, el problema de azolve del drenaje, en un cuento de nunca acabar. Esto hace a los vecinos políticamente dependientes de los presidentes municipales en turno, pues les deben “el favor” de enviar la ayuda.
La inseguridad es otra calamidad que sufre la población de escasos recursos. El 70 % de los habitantes considera inseguro vivir en su localidad (INEGI). La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), aplicada por el INEGI en junio de 2025, muestra las ciudades del país con mayor percepción de inseguridad. La encuesta levantada en diciembre del año pasado y presentada el 23 de enero de este año consigna en su página 5 la lista de ciudades de México en orden descendente, según la percepción de peligro que tienen sus habitantes. Entre las 17 más peligrosas del país, el Estado de México tiene seis (el 35 %): Ecatepec, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Cuautitlán, Toluca y Naucalpan, en ese orden.
Estos son solo algunos indicadores de la crisis social que se vive en el Estado de México, una verdadera tragedia: un pueblo marginado, rodeado de la abundancia que con su propio esfuerzo él mismo ha creado. Por elemental justicia económica y social es necesario que se distribuya la riqueza con un criterio de mayor equidad, y esto puede hacerse mediante la reorientación del gasto público en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos. No debe ser que ellos la produzcan y no vean sus resultados en sus colonias y viviendas, o que las calles y caminos estén destrozados por falta de mantenimiento a la infraestructura urbana.
Ante esta situación, el Movimiento Antorchista Mexiquense ha venido insistiendo ante el Gobierno del Estado que encabeza la profesora Delfina Gómez Álvarez, para que se atiendan las demandas de las colonias y pueblos organizados en nuestro movimiento. El Comité Estatal del antorchismo ha reiterado una y otra vez su solicitud, encontrando sólo la callada por respuesta. Salvo dos o tres simulacros de diálogo, rotos luego por el gobierno, no ha habido disposición para atender las graves carencias antes reseñadas, entre muchas otras. Sólo cerrazón y desdén hacia las peticiones de los ciudadanos más humildes representados por nuestro movimiento.
Si el pueblo no sabe luchar por sus necesidades, nadie lo hará por él. Es tiempo de que todas las colonias y pueblos que padecen problemas se acerquen a Antorcha para, juntos, reclamar los derechos de los más desprotegidos. Sólo uniendo todas las protestas e inconformidades, como pequeñas corrientes de agua, pero en un solo torrente será posible hacer que el gobierno escuche y atienda. No existe otro camino.
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