En Chimalhuacán, la noche no llega simplemente cuando el sol se oculta tras el cerro; se anticipa en el atardecer de las esquinas, en el pestillo que se baja con fuerza anticipada y en el paso apresurado de quien teme que la siguiente sombra no sea la de un vecino, sino la del peligro.
Aquí, el peligro no es una hipótesis lejana ni una nota roja leída con distancia: es el aire que se respira, una presencia constante que dicta la hora de regresar a casa y el cerrojo que se duplica en cada puerta.
El peligro no es una hipótesis lejana ni una nota roja leída con distancia: es el aire que se respira, una presencia constante que dicta la hora de regresar a casa y el cerrojo que se duplica en cada puerta.
Los datos oficiales, fríos sólo en apariencia, no hacen más que ponerle números a una angustia cotidiana que los habitantes ya conocen de memoria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el Inegi, Chimalhuacán se ha alzado en el doloroso primer lugar estatal en percepción de inseguridad, reflejando cómo una abrumadora mayoría de su población vive bajo la certeza de que caminar por sus propias calles es un volado con la suerte. Más de ocho de cada diez habitantes sienten que su municipio es un territorio hostil, una cifra que deja al desnudo la incapacidad de las autoridades para blindar lo más sagrado que debe tener una comunidad: la tranquilidad.
El pulso humano de esta estadística se siente en los microbuses que cruzan las avenidas oscuras, donde los pasajeros evitan cruzar miradas y ocultan los teléfonos con sigilo, o en las cortinas de los pequeños comercios que bajan mucho antes de lo previsto, huyendo de la extorsión y del asalto silencioso. Es el temor de la madre que espera el regreso de su hijo universitario, mirando el reloj con el alma en un hilo, sabiendo que el trayecto entre la parada del transporte y el hogar se ha convertido en una zona de riesgo.
Mientras tanto, en los despachos del poder estatal y municipal, la realidad se maquilla con informes de supuestos operativos y discursos de pacificación que chocan de frente con la cruda intemperie que vive la gente común.
La falta de atención de quien mantiene el poder no se manifiesta únicamente en el asfalto destrozado, sino también en este abandono de la seguridad pública, donde la vida y el patrimonio de los chimalhuacanos quedan a merced de la delincuencia.
Pero en medio de esta cartografía del miedo, el pueblo de Chimalhuacán no ha bajado los brazos. La misma comunidad que se organiza para exigir caminos dignos es la que hoy cuida de los suyos, la que teje redes de solidaridad entre vecinos y la que grita con firmeza que la seguridad no es un privilegio que deba rogarse, sino un derecho elemental.
Porque cuando el Estado abdica de su responsabilidad y las cifras del Inegi confirman el tamaño del olvido, la resistencia comunitaria se convierte en el único escudo de una ciudad que se niega a rendirse ante el miedo.
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