Una vez más, al iniciar la lectura de este artículo, muchos pensarán: “¡Otra vez la burra al trigo!”. El gobierno de Morena, autoproclamado como la “Cuarta Transformación”, asegura estar transformando a México en un país más justo, equitativo, democrático, seguro, con mayores libertades y mejores condiciones de vida para los sectores más vulnerables.
La inseguridad y la impunidad predominan, mientras que la intervención del gobierno es prácticamente nula, y sus políticas reflejan una incapacidad para garantizar paz y tranquilidad a los mexicanos.
Presumen haber combatido la corrupción y lo difunden por todos los medios. Sin embargo, la realidad es otra: los mexicanos vivimos en un país cada vez más desigual. Lejos de disminuir, la pobreza ha aumentado en 10 millones de personas, y los apoyos económicos no resuelven los problemas de fondo.
Las reformas legales, en lugar de fortalecer la democracia, restringen libertades políticas esenciales, concentran el poder en la figura presidencial y promueven un régimen autoritario. Además, la censura y el hostigamiento a medios de comunicación independientes con voz crítica atentan contra la democracia.
En México, la violencia y el control del crimen organizado han crecido drásticamente en varios estados, como lo evidencian las disputas entre cárteles de la droga y el aumento de homicidios dolosos.
Según el Inegi, en 2023 se registraron 36 mil homicidios dolosos, y en el primer semestre de 2024 se sumaron 15 mil 243 más, una cifra que probablemente ha aumentado desde entonces. La inseguridad y la impunidad predominan, mientras que la intervención del gobierno es prácticamente nula, y sus políticas reflejan una incapacidad para garantizar paz y tranquilidad a los mexicanos.
En el ámbito económico, aunque el salario mínimo ha aumentado en un porcentaje mayor que en gobiernos anteriores, esto no ha mejorado las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, “el sexenio de López Obrador no logró revertir el deterioro salarial ni la pobreza laboral, pese a los incrementos al salario mínimo, debido a la inflación y la precariedad laboral”. El CAM reporta que la pobreza laboral creció de 39.5 a 43.5 millones de personas ocupadas entre 2018 y 2024, un aumento de 4 millones en pobreza extrema. Esto demuestra que, a pesar de los aumentos salariales, los ingresos no cubren la canasta básica ni las necesidades esenciales de las familias.
En cuanto al combate a la corrupción, bandera principal de Morena para llegar al poder, ha sido muy cuestionado, y no sin razón. Lejos de erradicarla, han surgido casos que evidencian prácticas corruptas por parte de funcionarios públicos. Un ejemplo es el caso de la Secretaría Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló la desaparición de más de 15 mil millones de pesos bajo la gestión de su exdirector, Ignacio Ovalle, un hecho denunciado públicamente. Otro ejemplo reciente es el negocio del huachicol, que el presidente López Obrador criticó duramente al inicio del sexenio pasado, pero que, lejos de combatirse, ha crecido a gran escala. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a los bancos Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, esta última propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia y cercano colaborador de López Obrador, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero para líderes de cárteles de narcotráfico. Este caso es solo una muestra de los problemas de corrupción a nivel nacional.
Por último, en un caso particular en el municipio de Querétaro, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), autorizó la compra de un terreno y la construcción de 100 casas en modalidad dúplex (50 terrenos) en coordinación con el municipio, para reubicar a igual número de familias que ocupaban un área propiedad municipal.
Tras más de cuatro años de gestiones y movilizaciones, las familias lograron ser incluidas en este programa de vivienda. Sin embargo, la entrega de 69 de las 70 casas programadas para marzo de 2024 se realizó con más de un año de retraso y serios problemas de calidad.
Las construcciones presentan vicios ocultos, como grietas en muros, techos y pisos, así como filtraciones de agua que causan inundaciones con lluvias. El costo asignado por cada casa fue de 600 mil pesos, sumando 1 millón 200 mil pesos por dúplex, pero la mala calidad sugiere un posible desvío de recursos.
La licenciada Leticia Ibarra, intermediaria entre Conavi y los beneficiarios, y un tal “ingeniero” Hugo, responsable de la obra, no han rendido cuentas. Exhortamos a que el director de Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, investigue el estado de las casas no entregadas y la calidad de las construcciones.
Además, aunque se prometió que las casas se entregarían con escrituras, estas no se proporcionaron, y la licenciada Ibarra dejó de responder a los beneficiarios. Esta experiencia en Querétaro con el gobierno de la “Cuarta Transformación” deja un mal sabor de boca, evidenciando que no hay diferencias significativas con administraciones anteriores.
Para los antorchistas, este caso refuerza la convicción de que la unidad y la lucha con conciencia política son la única vía para exigir soluciones.
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