Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la universidad más grande e importante del país, a través de un grupo de sus mejores expertos llevó a cabo el procedimiento rutinario para decidir quiénes podrían hacer estudios profesionales en sus aulas y, en su caso, obtener un título que los autorizara a trabajar y tomar decisiones en el área de su especialidad. Sólo que, en esta ocasión, para dar inicio al ciclo educativo 2026-2027, acordes con los adelantos de los tiempos, los peritos en la materia decidieron utilizar una nueva modalidad que consistió en apoyarse en un cuestionario elaborado con Inteligencia artificial, aplicado en línea y evaluado por procedimientos computacionales.
Para tal efecto, contra lo que casi cualquiera con educación media o superior, podría haber pensado, el operativo en cuestión no quedó a cargo de los científicos formados durante años y calificados por la propia universidad, sino que las autoridades decidieron contratar a un negocio particular que se anunciaba -como todos los que venden mercancías- como insuperable en la materia, el llamado Territorium Life.
En el oficio número SG/DGAE/0192/2026, en el que la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM justificó la entrega del contrato a esta empresa, aseguró que es la única a nivel nacional con la experiencia “comprobada” en la aplicación masiva y concurrente de más de 30 mil exámenes, así como en la administración diaria de más de 100 mil evaluaciones. Esta empresa, además, ha recibido docenas de contratos por parte de diversas instituciones públicas, como el INE, el Instituto Electoral de la CDMX, el extinto Consejo de la Judicatura Federal y varias universidades estatales por los que ha obtenido más de 218 millones de pesos.
Se aseguró que esta empresa disponía de infraestructura, software y “mecanismos de seguridad de clase mundial”, además de que cumplía con la protección de datos personales, la confidencialidad de la información académica y el resguardo de evidencia, “reduciendo riesgos para la Universidad”. Es más, supuestamente para asegurar buenos resultados, en el contrato firmado entre esa dependencia universitaria y la empresa se acordó, según se lee en la página 14, que “la plataforma debe asegurar una vigilancia efectiva y en tiempo real de los exámenes proporcionada por un equipo de supervisores del prestador del servicio y se mantendrá una proporción de un supervisor por cada 150 personas aspirantes como máximo…”.
La UNAM realizó dos jornadas de la aplicación en línea para ingresar a la licenciatura 2026: la primera fue los días 23 y 24 de mayo, la segunda los días 30 y 31 del mismo mes. En la primera jornada participaron 55 mil 840 aspirantes y en la segunda 51 mil 509 aspirantes, en total, participaron 107 mil 349. Pero sucede que esta vez el evento ocupa los primeros sitios en los medios de comunicación porque se tienen evidencias de que algunas personas propiciaron fraudes para mejorar sustancialmente los rendimientos de los examinados y se ha registrado un incremento inusual en los puntajes en los examenes para carreras con alta demanda, en los que se registraron resultados de hasta 117 aciertos sobre un total de 120.
Después de que ya pasó un mes y ya fueron publicados los resultados del cuestionario, el señor Rector de la institución, Leonardo Lomelí Venegas, no ha precisado cómo y por quiénes se llevaron a cabo las trampas. Quizá por eso presentó una denuncia penal ante las autoridades correspondientes por presuntas acciones fraudulentas e instaló una Comisión Técnica interna de la universidad, integrada, ahora sí, por especialistas en la materia, que revisará detalladamente, tanto el procedimiento de aplicación tecnológica como la validez de los resultados.
Mientras tanto, los jóvenes examinados y sus padres, los que salieron afortunados con la admisión, como los que no fueron incluidos, se manifiestan a las puertas de la institución para exigir una solución al problema. Piden que se haga un nuevo examen, presencial esta vez, pero ¿a quiénes se les va a aplicar?, ¿a los que salieron aprobados?, ¿a los que salieron reprobados?, ¿a todos? Si sólo se aplica a uno de los dos sectores (aprobados o reprobados), quien quede seleccionado para realizar un nuevo examen podría argumentar que, si todos presentaron el mismo examen, con qué criterio sólo a ellos se les anula el resultado mientras que al otro sector se le da por bueno. En tanto que, si se resuelve repetirles el examen a todos, los aprobados podrán exigir que a ellos sí se les reconozcan los resultados pues ellos no tienen ninguna responsabilidad en las irregularidades (y muchos de ellos tendrían razón). Menudo problema.
Por todos los muchachos afectados y por sus padres, hago votos porque el asunto se resuelva pronto y con justicia. Aun con lo delicado del problema, no concluye aquí lo que hay que decir de los mecanismos de admisión de la UNAM. Hay anomalías y abusos que hasta ahora se consideran normales y justicieros. Veamos algunos datos: en el año 2025, para la carrera de Médico cirujano (en todas las sedes), hubo 25 mil 88 aspirantes y se ofrecían 326 lugares, sólo el 1.29 por ciento sería admitido; para Psicología, aspirantes: 10 mil 253, lugares, 335, el 3.26 por ciento; para Administración, aspirantes: 7 mil 562, lugares: 630, el 8.33 por ciento; en Derecho, aspirantes: 7 mil 351, lugares: 650, el 8.84 por ciento y, para no alargar la lista, en Medicina Veterinaria y Zootecnia, aspirantes, 6 mil 142, lugares: 200, el 3.25 por ciento.
No es muy difícil concluir que los porcentajes de admisión a la UNAM son ínfimos con respecto a los solicitantes. Peor aún -y aquí se encuentra la verdadera gravedad del problema- la institución sólo aplica un examen de conocimientos para todos los solicitantes, apoyándose en la hipótesis -nunca demostrada por nadie, ni para la UNAM ni para ninguna otra institución educativa- de que las vidas de todos los solicitantes han transcurrido de manera muy similar, que han disfrutado de las mismas condiciones para desarrollarse y crecer y que, por tanto, un examen que mida sus habilidades y conocimientos será una evaluación justa. Nada más falso.
La sociedad mexicana está radicalmente dividida en clases sociales. No se acostumbra decirlo pero es una inmensa verdad que, en un lado están los que son dueños de los medios indispensables para producir, lo que les permite vivir holgadamente de utilidades e intereses, y en el otro lado se ubican los que sólo tienen su fuerza de trabajo para venderla y sobrevivir. Los primeros son la minoría de la población, los segundos, la inmensa mayoría. Las diferencias saltan a la vista y sólo algún fanático o un débil mental se ocuparía de negarlas.
Me he permitido rescatar, para quien se interese en ello, las palabras de Tucídides, que evidentemente conocía el mundo de su tiempo, palabras incluidas como epígrafe por Josep Fontana en su libro “Por el bien del imperio”, que ya demuestran cómo desde hace siglos la diferencia esencial saltaba a la vista: “Porque sabéis tan bien como nosotros que la cuestión de la justicia, tal como van las cosas en este mundo, se plantea entre los que son iguales en poder, mientras que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben…”. Tucídides en la Historia de la guerra del Peloponeso.
No hay hasta ahora ningún intento serio por reparar estas esenciales diferencias, como no sean los intentos demagógicos de esconderla. Por ejemplo, con el lenguaje incluyente que es una forma de expresión oral o escrita. Esto incluye a las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, infancias y diversidades sexuales. Sólo palabras. Nada que cambie la esencia del fenómeno. Mientras tanto se hace competir a los hijos de los pobres con los hijos de los ricos sabiendo de antemano cuáles serán los resultados. Nos guste o no nos guste, la educación superior en nuestro país es un privilegio de clase. Mientras eso persista, el examen de la UNAM y de otra
0 Comentarios:
Dejar un Comentario