La respuesta es clara y directa: porque a las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, no les interesa resolver de fondo este problema. Aunque en el discurso oficial se repite constantemente que existe oferta habitacional, las propias cifras institucionales demuestran una realidad contraria: los costos se han disparado hasta en un 50 por ciento en los últimos años. Sin embargo, este no es el dato más alarmante.
En Baja California existen actualmente 533 mil créditos del Infonavit preautorizados y listos para ejercerse por parte de los trabajadores, pero se quedan en el papel porque en el mercado real sencillamente no hay casas disponibles que se ajusten a esos montos crediticios.
El encarecimiento del suelo y de la construcción ha dejado fuera a la gran mayoría. De acuerdo con las cifras más recientes de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio medio de una vivienda en Baja California alcanzó los dos millones 388 mil 958 pesos, rebasando por completo la media nacional tras registrar un incremento anual del 11.1 por ciento.
Ante estos precios desproporcionados, cualquier trabajador asalariado con ingresos promedio queda automáticamente excluido del mercado inmobiliario. ¿Qué obrero de maquila, qué chofer, qué empleado de comercio, puede comprobar ingresos para pagar una deuda de más de dos millones de pesos a 30 años? Ninguno.

A la par de estos costos imposibles, el propio gobierno exhibe contradicciones que rayan en la burla popular: mientras miles de familias viven hacinadas o pagando rentas asfixiantes en dólares, en el estado existen más de 38 mil viviendas abandonadas, concentradas principalmente en Mexicali y Tijuana.
Son inmuebles convertidos en basureros, focos de inseguridad y ruinas urbanas debido a que los desarrolladores las construyeron lejos de las fuentes de empleo, sin transporte ni servicios, y terminaron siendo despojadas o abandonadas por sus dueños al volverse impagables. Hay casas vacías, pero no hay voluntad para recuperarlas ni reasignarlas a precios accesibles para la clase trabajadora.
La realidad es que en Baja California sí se construyen torres de condominios y fraccionamientos cerrados, pero no hay oferta para los pobres. No hay opciones para quienes no cuentan con empleo formal, para los que trabajan en los mercados sobrerruedas, para los taxistas, los albañiles o quienes se ganan la vida al día y carecen de prestaciones o capacidad de ahorro bancario.
Mucho menos hay respuesta para quienes todavía esperan las casas que prometió la presidenta de la república. Se habló de 50 mil viviendas para la región, pero ya pasaron 24 meses —dos años completos— y hasta la fecha no se ha entregado ni una sola de ellas a las familias humildes.

Además, lejos de ser gratuitas o de interés estrictamente social como se manejó en campaña, ya se perfilan cobros de mensualidades que rondan los 5 mil pesos, una cifra que sigue siendo inalcanzable para un hogar que sobrevive al día con el salario mínimo.
El panorama se agrava por el calendario electoral. Hoy en día, cuando algunos gobernadores preparan su salida y diversos funcionarios públicos andan ocupados candidateándose de manera anticipada, las necesidades de la gente quedan archivadas.
A los políticos tradicionales no les interesa proyectar soluciones a largo plazo para las colonias marginadas; su único cálculo es mantenerse vigentes hasta la siguiente contienda política para brincar a otro cargo. El techo y el bienestar del pueblo no caben en sus prioridades de campaña.
Por todas estas razones, a las familias trabajadoras no les queda otra salida que tomar la iniciativa en sus propias manos. Nadie va a regalarnos una casa por caridad ni por decreto gubernamental. A nosotros nos toca organizarnos de manera consciente, sumarnos en un solo frente y luchar en las calles: no sólo por una vivienda digna con agua, drenaje y luz, sino por una vida verdaderamente justa donde tengamos acceso pleno a lo que marca la Constitución Política de nuestro país. No estamos pidiendo dádivas ni favores extraordinarios; estamos exigiendo lo que por derecho y dignidad humana nos corresponde.
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