Los niveles de violencia se agravan por el abandono estructural y la falta de justicia efectiva
Tizayuca, Hgo. El asesinato del activista LGBT y funcionario municipal Jesús Laiza González, junto con su pareja Isaí López Rodríguez, ocurrido el pasado 29 de junio, volvió a colocar a Tizayuca en el centro de la discusión sobre la inseguridad en la región. Ambos fueron atacados a balazos mientras regresaban de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, en un tramo carretero entre Hidalgo y el Estado de México.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió carpetas de investigación por homicidio, amenazas y agresiones; sin embargo, hasta el momento no hay avances públicos ni personas detenidas.
Colectivos de derechos humanos han exigido que el crimen se investigue como un posible delito de odio, dada la orientación sexual de las víctimas.
Lejos de tratarse de un caso aislado, el asesinato refleja un problema persistente de violencia. Tan solo en el pasado mes de mayo, Tizayuca registró dieciséis homicidios, una cifra sumamente alta para un municipio de su tamaño.
Además, se reportaron noventa y cuatro casos de violencia familiar, ocho violaciones, treinta y cuatro robos de vehículo, diez robos a casa habitación, ocho robos a negocio y cinco incidentes relacionados con narcomenudeo, de acuerdo con el portal Semáforo Delictivo Hidalgo.
Ya en 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocaba a Tizayuca como el segundo municipio con más delitos del fuero común en Hidalgo, solo por debajo de Pachuca. Durante ese año se registraron veintiún homicidios dolosos y más de 700 denuncias por violencia familiar, lesiones, robos y amenazas, según datos retomados por Criterio Hidalgo.
Frente a este panorama, la respuesta institucional ha sido limitada. La exalcaldesa Susana Ángeles Quezada reconoció que el municipio cuenta con apenas 200 policías municipales, cuando la recomendación mínima para la población actual es superior a los 300. Aunque se han realizado operativos conjuntos con fuerzas federales y estatales, los resultados siguen sin impactar de forma significativa en la realidad de los habitantes.
“El asesinato de Jesús Laiza no solo representa una tragedia individual, sino que pone en evidencia el riesgo cotidiano que enfrentan los sectores más vulnerables, ya que, mientras la violencia avance más rápido que la justicia, la confianza ciudadana continuará desgastándose. Además, es evidente que las causas materiales de la violencia y los delitos, la pobreza y desigualdad, siguen sin erradicarse; por tanto, el impacto de los insuficientes operativos es nulo para combatir la inseguridad en nuestro municipio”, señala Esteban Badillo, líder social en Tizayuca.
La pobreza en este municipio abarca a más del 70 %, de acuerdo con el Informe de Pobreza y rezago social 2025; padecen pobreza el 35.9 % de la población, pobreza moderada el 32.4 % y pobreza extrema 5 567 tizayuquenses.
“Hace falta un plan integral para combatir la inseguridad en Tizayuca; por un lado, que se apliquen más recursos en salvaguardar a la población en sus rutas de transporte y sus colonias, que los cuerpos policiales no resguarden sólo los lugares céntricos y edificios de gobierno; por otro lado, también se debe garantizar que todas las familias tengan suficientes ingresos que les permitan una vida plena, alejando a la población de la violencia. Y no solo eso: una educación integral, con buena calidad académica y que también contemple programas artísticos y deportivos, puede abonar a crear una sociedad más sana en todos los sentidos. Hace falta que todo esto lo tomen en cuenta los gobiernos. Muchos han pasado y la situación no cambia, parece que no saben cómo atacar el problema integralmente o, peor, que poco les importa la vida del pueblo”, concluyó Badillo Bravo.
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