• Más de 3 mil 600 familias desplazadas denuncian que los apoyos prometidos no llegan
Miles de familias desplazadas por la violencia en Culiacán y otros municipios de Sinaloa continúan sin una solución definitiva. Aunque el gobierno del estado ha anunciado apoyos económicos y programas para atender esta problemática, personas afectadas aseguran que la ayuda prometida no ha llegado y que hoy sobreviven con pensiones, trabajos eventuales y la solidaridad de familiares.
Las familias desplazadas insisten en que no buscan únicamente despensas o apoyos temporales, sino acceso a un terreno donde puedan construir una vivienda.
Denuncian abandono tras huir de la violencia
Hace casi un año, la violencia expulsó a "Mona" de La Vainilla, comunidad de la sindicatura de Tepuche, en Culiacán. Desde entonces no ha podido regresar. El apoyo que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) les prometió a ella y a otras familias desplazadas a principios de año nunca llegó.
La espera se convirtió en otro capítulo del abandono. Hoy, "Mona", su esposo, una hija también desplazada de Caminaguato, Tepuche, y sus nietos sobreviven gracias a las pensiones para adultos mayores.
Gran parte del ingreso se destina al pago de una renta mensual de 3 mil 500 pesos y a los medicamentos que necesita su esposo. Con el resto intentan cubrir la alimentación, mientras el desplazamiento dejó de ser una emergencia temporal para convertirse en una condición permanente.
La mujer, quien pidió reservar su identidad por motivos de seguridad y a quien llamamos "Mona", relató que permaneció durante tres meses en un terreno cercano al fraccionamiento Montesierra, al norte de Culiacán.
Posteriormente, fueron desalojados por elementos policiacos y maquinaria durante el proceso de construcción de viviendas del programa Viviendas para el Bienestar. "Nos prometieron que nos iban a dejar ahí y que después nos pasarían a una casa. Al final nos sacaron con máquinas y nos quedamos sin nada", recordó.
Mientras el gobierno de Sinaloa informó mediante un comunicado, fechado el 30 de octubre de 2025, que destinó 75 millones de pesos para atender a la población desplazada durante el año anterior, "Mona" afirma que la única ayuda que recibió consistió en una despensa, dos catres y un abanico al momento de abandonar su comunidad.
Desde entonces, asegura, dejaron de recibir los apoyos alimentarios mensuales que les prometieron. "Nos dijeron que cada mes nos iban a dar despensa, pero ya van como siete meses sin recibir nada. Nos dejaron abandonados", reprocha.
Para ella, la principal necesidad sigue siendo una vivienda. "Aunque fuera un terreno para empezar de nuevo. Uno lo puede ir pagando, pero que sea algo de nosotros", concluyó.
Desplazados de Tepuche, Navolato y Badiraguato viven en asentamientos irregulares.
La historia de "Mona" no es un caso aislado
Hace unos meses, María, adulta mayor originaria de la sindicatura de Las Tapias, dejó la comunidad donde vivió con su esposo hasta su fallecimiento. La violencia convenció a su familia de que permanecer sola ya no era seguro.
Actualmente, vive con uno de sus hijos en un asentamiento irregular de Valle del Cardenal, cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en una vivienda improvisada con lona y madera. Desde hace casi un mes no cuentan con energía eléctrica y el predio se encuentra en una zona con riesgo de inundaciones.
María, originaria de la comunidad de El Tigre, en Navolato, recuerda que perdió el patrimonio construido durante años. "Trabaja uno para quien. Dejé mi casa, dejé todo", lamenta.
Aunque lograron escapar de la violencia, aseguran que las condiciones actuales tampoco ofrecen tranquilidad. "No tenemos luz. Llevamos casi un mes así", comenta una de las habitantes. A pesar de ello, regresar a sus comunidades no representa una alternativa.
El miedo persiste entre las familias desplazadas
Otra mujer desplazada, originaria de Palos Blancos, Tepuche, asegura que muchas familias permanecen en sus comunidades únicamente porque carecen de recursos para comenzar de nuevo.
Explica que decidió salir pensando en sus dos hijas, de ocho y dos años. "No quiero que crezcan creyendo que ver pasar a una persona en motocicleta con dos armas largas sea algo normal".
Considera que abandonar el pueblo no resuelve el problema. Las rentas son elevadas, encontrar empleo resulta complicado y quienes intentan emprender también enfrentan amenazas. "El gobierno ha hecho caso omiso desde un inicio. Mucha gente sigue allá porque no tiene a dónde ir", reprocha.
Las familias insisten en que no buscan únicamente despensas o apoyos temporales, sino acceso a un terreno donde puedan construir una vivienda. "Queremos la legalización. Que nos den un lugar para vivir. Nos da hasta pena que nos vean cómo estamos viviendo", expresa una de las mujeres.
Los desplazados proponen que el gobierno de Sinaloa adquiera un terreno cercano a la construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, afirman que, pese a reuniones, marchas y manifestaciones, no han obtenido una respuesta favorable.
De acuerdo con información de Sebides correspondiente a octubre de 2025, existían:
• 652 familias desplazadas provenientes de comunidades del municipio de Culiacán, principalmente de Tepuche.
• 206 familias desplazadas originarias de Badiraguato.
Mientras esperan una solución, muchas personas sobreviven con trabajos eventuales o permanecen desempleadas debido a la crisis económica derivada del cierre de negocios en Culiacán. Para ellas, el desplazamiento no terminó al abandonar sus comunidades. Continúa cada día en medio de la incertidumbre.
Movimiento Antorchista acusa falta de soluciones
El dirigente del Movimiento Antorchista en Culiacán, Pavel Calderón Sosa, afirmó que el gobierno de Sinaloa no ha resuelto de fondo la problemática y consideró que los apoyos entregados tienen únicamente un carácter asistencial.
Indicó que la organización acompaña a entre 350 y 400 familias desplazadas, aunque algunas regresan temporalmente a sus comunidades y vuelven a desplazarse debido a que la violencia continúa.
También cuestionó declaraciones de funcionarios de Sebides, quienes señalaron que la mayoría de las familias habían regresado a sus lugares de origen. "Se nos hace grave que estén maquillando los datos. No solamente no atienden el problema, sino que quieren ocultar una necesidad y una situación grave", afirmó.
Además de la falta de vivienda, denunció que numerosas familias carecen de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje.
Como ejemplo mencionó el asentamiento Valle del Cardenal, donde aseguró que permanecen diez familias desplazadas sin electricidad, pese a las gestiones realizadas ante autoridades estatales.
Explicó que funcionarios del gobierno del estado, entre ellos el subsecretario general de gobierno, Rodolfo Jiménez López, respondieron que no pueden instalar el servicio debido a que se trata de un asentamiento irregular.
El dirigente rechazó ese argumento al sostener que el estado también tiene la obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna. Finalmente criticó que el gobierno estatal destine recursos a otros proyectos mientras las familias desplazadas continúan sin atención integral.
Desplazamiento forzado, entre principales retos
El desplazamiento interno provocado por la violencia se ha convertido en una de las principales crisis humanitarias en Sinaloa, particularmente en municipios como Culiacán, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Elota y Navolato. Organizaciones civiles y colectivos han advertido que muchas familias permanecen fuera de sus comunidades durante meses o años sin acceso a vivienda, empleo estable ni servicios básicos.
Aunque las autoridades estatales han implementado apoyos alimentarios, programas productivos y recursos extraordinarios para atender a esta población, los propios desplazados sostienen que las ayudas resultan insuficientes para reconstruir sus proyectos de vida y garantizar un regreso seguro o una reubicación definitiva.
Publicado originalmente en Debate.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario