• La cifra de mil 525 casos registrados revela la magnitud del problema y el fallo gubernamental ante esta crisis
Mientras los partidos políticos ya comienzan a mover sus piezas y a posicionar a quienes consideran sus mejores aspirantes para gobernar el estado de Colima, la realidad que viven miles de familias va de mal en peor. En medio de la disputa por los cargos públicos, hay problemas que siguen sin encontrar una solución verdadera y que afectan profundamente a la población. Uno de ellos, quizá de los más dolorosos, es el de las personas desaparecidas en México, una tragedia que se ha convertido prácticamente en el pan de cada día de nuestro país.
Mientras los gobiernos sigan creyendo que los problemas sociales pueden resolverse mediante apoyos de transferencia monetaria directa y otros paliativos, las condiciones de vida de millones de mexicanos no cambiarán de fondo.
En Colima, la situación no es diferente; por el contrario, los datos muestran un panorama verdaderamente preocupante. De acuerdo con información difundida por el portal web Diario Avanzada, "Manzanillo y Tecomán figuran entre los municipios de México con mayor concentración de personas desaparecidas", según los informes Personas desaparecidas en Colima y 100 municipios con más desapariciones de personas en México, elaborados por Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
El diagnóstico estatal, con corte al 16 de mayo de 2026, señala que Colima acumula mil 525 personas desaparecidas. De ellas, mil 160 son hombres, equivalentes al 76.07 %, mientras que 363 son mujeres, que representan el 23.80 %.
Pero hay un dato que debería estremecer a toda la sociedad: entre las personas desaparecidas se encuentran menores de edad. El informe contabiliza 180 personas menores de dieciocho años al momento de su desaparición, lo que representa el 12 % del total. De ellas, 94 eran niñas, equivalentes al 52.22 %.
¿Puede una sociedad considerarse segura cuando sus familias viven con el miedo permanente de no saber dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres o sus seres queridos? ¿Puede hablarse de bienestar cuando miles de madres tienen que salir a las calles, recorrer terrenos, buscar entre fosas y exigir a las autoridades que hagan el trabajo que les corresponde?
Y esta tragedia no es exclusiva de Colima. El problema alcanza a todo el país. De acuerdo con Red Lupa, al 16 de mayo de 2026 se tenían registrados 134 mil 257 casos de personas desaparecidas, y apenas un mes después la cifra había aumentado a 135 mil 48, es decir, 791 desapariciones más.
Ante una realidad de esta magnitud, resulta preocupante que desde los gobiernos se pretenda presentar un panorama distinto. En el caso de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha asegurado que las desapariciones durante su administración han disminuido "dramáticamente". Sin embargo, las cifras y, sobre todo, la realidad que enfrentan diariamente las familias, obligan a cuestionar si verdaderamente se está haciendo lo suficiente para atender esta tragedia.
Durante una entrevista con los periodistas Fernando Sandoval y Noemí Hernández, en Explosión Noticias, la mandataria señaló que uno de los principales cambios de su gobierno ha sido la relación con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues anteriormente —según sus palabras— existía un distanciamiento derivado de la falta de voluntad política.
En cuanto a los resultados, la gobernadora afirmó que las estadísticas reflejan una disminución de los casos registrados durante su administración: "El número de personas desaparecidas en nuestro sexenio desde el primer año vino importantemente a la baja… ha sido dramáticamente a la baja el número de personas desaparecidas", sostuvo.
Pero frente a estas declaraciones existe otra realidad que no puede ocultarse con discursos ni estadísticas: las madres buscadoras siguen marchando, organizándose y levantando la voz para exigir que sus seres queridos sean encontrados. Si las familias realmente estuvieran satisfechas con los resultados, no tendrían que continuar realizando estas acciones para exigir justicia y respuestas.
La verdad es que mientras los gobiernos sigan creyendo que los problemas sociales pueden resolverse mediante apoyos de transferencia monetaria directa y otros paliativos, las condiciones de vida de millones de mexicanos no cambiarán de fondo. De nada sirve que por un lado se entregue dinero a una familia, si por el otro esa misma familia vive con el temor de que le desaparezcan a un hijo, un padre, un hermano o cualquier otro ser querido.
Los apoyos económicos pueden aliviar momentáneamente alguna necesidad, pero no resuelven la inseguridad, no generan empleos dignos, no garantizan vivienda adecuada, no construyen hospitales suficientes y tampoco devuelven a las personas desaparecidas a sus hogares.
Son problemas estructurales que requieren políticas igualmente profundas y no medidas que sirvan únicamente para mantener la apariencia de que se está atendiendo a la población.
Entonces, ¿de qué sirve hablar de bienestar mientras crecen estos problemas? ¿De qué sirve presumir programas sociales si las causas profundas de la pobreza, la inseguridad y la desigualdad permanecen intactas?
Por eso debemos reflexionar seriamente sobre el rumbo que queremos para Colima y para México. Las próximas elecciones no deben convertirse únicamente en una competencia entre partidos para ver quién ocupa los cargos públicos. El pueblo debe preguntarse qué proyecto de nación necesita y quiénes realmente están dispuestos a transformar las condiciones en que viven millones de mexicanos.
En el Movimiento Antorchista hemos insistido en que los problemas del pueblo no se resolverán con dádivas ni con promesas electorales. Hace falta un cambio profundo, y ese cambio no llegará por sí solo. Requiere un pueblo organizado, consciente y educado políticamente, capaz de exigir sus derechos y de participar activamente en la construcción de un país diferente.
La violencia, las desapariciones, la pobreza, la falta de vivienda, la carencia de servicios de salud y todos los demás problemas que padecen las familias mexicanas no desaparecerán mientras se sigan atendiendo únicamente sus consecuencias. Hay que combatir las causas.
Por eso, hoy más que nunca, debemos organizarnos. Porque sólo un pueblo consciente y unido podrá tomar en sus manos el rumbo de México y construir, un día no muy lejano, una sociedad en la que las familias puedan vivir con seguridad, con vivienda digna, con trabajo bien remunerado y con la certeza de que sus hijos regresarán sanos y salvos a casa.
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