*Chuburná ejemplo de ello por disputa por el futuro de sus dunas.
Mérida, Yucatán.- La controversia por el proyecto inmobiliario “Las Dunas”, que pretende desarrollarse sobre una superficie de más de nueve hectáreas en Chuburná Puerto, dejó de ser solamente una disputa entre desarrolladores y ambientalistas. La intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que el pasado 2 de agosto clausuró temporalmente y de manera total las obras, confirmó que existen afectaciones ambientales e incumplimientos que deben ser esclarecidos por las autoridades.
El proyecto, denominado oficialmente “Construcción y Operación de Complejo Turístico Las Dunas”, contempla en la documentación presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 14 torres con 138 departamentos, además de áreas comerciales, cafetería, estacionamientos, servicios y áreas de conservación, sobre una superficie de 92 mil 17.3 metros cuadrados. La empresa que aparece como promotor en la Manifestación de Impacto Ambiental es Auralux Representaciones S.A. de C.V., mientras que Designia Desarrollos es la firma bajo la cual el desarrollo se promociona y comercializa públicamente.
Para el Movimiento Antorchista en Yucatán, el caso constituye un ejemplo de las contradicciones de un modelo de desarrollo que privilegia la inversión inmobiliaria y la rentabilidad privada, mientras coloca en segundo plano la conservación de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades que habitan la costa.
Un proyecto que creció en el camino
La ruta administrativa del proyecto comenzó desde años atrás. En abril de 2023, durante el gobierno del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal (PAN), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) emitió el dictamen de Factibilidad Urbana Ambiental FUA 186/2023, mediante el cual determinó la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de ordenamiento, aunque estableció condicionantes ambientales.
Sin embargo, en diciembre de 2023, la Semarnat rechazó la primera Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Aquella propuesta contempló 74 departamentos. El rechazo ocurrió cuando el ordenamiento urbano del municipio de Progreso consideró la zona como no urbanizable para ese tipo de desarrollo.
La situación cambió durante 2024. En julio y septiembre de ese año fueron actualizados, respectivamente, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán y el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso. Con esas modificaciones, el predio quedó clasificado como área urbanizable tipo 1, permitiendo determinados usos turísticos y comerciales.
Posteriormente, el 22 de noviembre de 2024, el entonces Instituto para el Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT) ratificó la factibilidad mediante el dictamen FUA 632/2024, conservando las condicionantes de conservación. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Progreso otorgó, en febrero, la licencia de uso de suelo número 079-24. En diciembre de 2024, Auralux presentó una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, ahora para un proyecto de mayor dimensión: 138 departamentos distribuidos en 14 torres.
Entre enero y febrero de 2025, la Semarnat solicitó información técnica adicional al Gobierno de Yucatán sobre la relación del proyecto con los instrumentos de ordenamiento ecológico y, finalmente, en abril de 2025, la autoridad ambiental federal otorgó una autorización condicionada.
Es decir, aunque el actual gobierno estatal de Joaquín Díaz Mena (Morena) recibió parte del expediente ya avanzado, la propia administración señaló que varias de las autorizaciones estatales y municipales se originaron durante el gobierno anterior. El actual Gobierno de Yucatán sostiene que la autorización definitiva en materia de impacto ambiental corresponde a la Federación y que su administración solicitó revisar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que el proyecto debe revisarse técnicamente y proceder conforme a la ley. Mientras que la secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, señaló que la protección de la duna, el manglar y el humedal costero está por encima de cualquier proyecto particular. El Gobierno estatal informó además que el 25 de julio de 2026 solicitó formalmente a Semarnat y Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones del proyecto y por lo que entregó la información técnica disponible.
La naturaleza pertenece al pueblo, no a quienes buscan hacer negocio con ella.
Profepa encuentra daños e irregularidades
Durante las inspecciones realizadas los días 28 y 29 de julio en materia de impacto ambiental y el 30 de julio en materia forestal, Profepa detectó afectaciones a especies protegidas, incumplimientos de condicionantes ambientales y forestales e irregularidades en el manejo de los residuos derivados del desmonte. Por ello, determinó imponer la clausura temporal total de las obras e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
De acuerdo con la propia Profepa, los inspectores encontraron ejemplares de algodón, biznaga cabeza de gato, iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta, especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT, que no fueron reportadas en la Manifestación de Impacto Ambiental. También observaron bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas que se encontraron fuera de su sistema y en proceso de marchitamiento, sin haber sido rescatadas para su reubicación en las áreas de conservación previstas.
La dependencia federal señaló que las especies protegidas fueron detectadas en aproximadamente la mitad de la superficie desmontada, 0.65 hectáreas, equivalentes a 6 mil 500 metros cuadrados, y consideró que ello representa un daño directo a la estabilidad del ecosistema y una pérdida de biodiversidad.
Profepa también determinó que existen hechos que podrían constituir infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, debido al incumplimiento de las condicionantes del cambio de uso de suelo y al daño o deterioro de un ecosistema forestal característico de dunas costeras, con presencia de matorral y especies de manglar.
Incluso, la Procuraduría advirtió que las omisiones e incumplimientos relacionados con especies de flora y fauna protegidas podrían trascender del ámbito administrativo y configurar un delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal. Por lo que la dependencia indicó que valorará las medidas correspondientes respecto de la posible omisión de datos sustanciales en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Para Miguel Matos Tzab, líder social del antorchismo, estos hechos confirman que el problema no puede reducirse a una discusión sobre permisos o inversiones, pues está en juego el patrimonio natural de todos los yucatecos.
“Lo que está ocurriendo en Chuburná Puerto demuestra que, cuando el interés económico de unos cuantos se impone sobre el interés colectivo, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias trabajadoras. No podemos llamar desarrollo a un modelo que destruye el patrimonio natural y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades costeras”, declaró.
Las dunas: una barrera contra huracanes e inundaciones
Las dunas costeras cumplen una función fundamental como barrera natural frente a huracanes, marejadas ciclónicas, inundaciones y erosión. Su destrucción no sólo significa la pérdida de vegetación y hábitat, sino también el debilitamiento de una defensa natural de las comunidades asentadas en el litoral.
Matos Tzab sostuvo que el caso de Chuburná revela una contradicción que debe ser discutida públicamente: mientras las autoridades hablan de desarrollo, sustentabilidad y protección ambiental, los intereses inmobiliarios continúan avanzando sobre territorios de alto valor ecológico.
“Las autoridades tienen la obligación de garantizar que cualquier inversión respete el medio ambiente y los derechos de la población. El desarrollo no puede medirse sólo por la cantidad de edificios o complejos turísticos que se construyan, sino por la calidad de vida que generan para los habitantes y por la conservación de los recursos que pertenecen a todos”, señaló.
El dirigente antorchista consideró especialmente preocupante que el proyecto haya pasado de una primera propuesta de 74 departamentos rechazada por Semarnat en 2023, a una nueva propuesta de 138 departamentos que posteriormente obtuvo autorización condicionada, luego de modificaciones en los instrumentos de ordenamiento territorial.
“Lo que debe preguntarse la sociedad es por qué un proyecto que inicialmente fue considerado incompatible con la zona, terminó encontrando la puerta abierta después de modificaciones a los instrumentos de planeación. No basta con decir que existen permisos: hay que preguntarse si esos permisos protegen realmente el interés colectivo y si se están cumpliendo las condiciones ambientales”, afirmó Matos Tzab.
El propio Gobierno de Yucatán informó que los dictámenes estatales obligan a conservar 58 mil 740 metros cuadrados del predio: 55 mil 305 metros cuadrados correspondientes a humedal costero y 3 mil 435 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, además de establecer obligaciones de protección para los manglares.
La defensa de Chuburná continúa
A decir del líder social, el conflicto también demuestra que las comunidades deben tener una participación mucho más activa en las decisiones relacionadas con el territorio.
“En México hemos visto cómo las ganancias se concentran en pocas manos, mientras los costos sociales y ambientales recaen sobre el pueblo. Esa lógica también está presente en Yucatán y debe cambiar. La riqueza natural del estado no puede convertirse en mercancía al servicio de intereses particulares”, enfatizó.
Matos Tzab llamó a que la investigación de Semarnat y el procedimiento iniciado por Profepa se conduzcan con absoluta transparencia y que, independientemente de quién haya otorgado cada permiso, se determinen responsabilidades si se comprueba que hubo incumplimientos o daños ambientales.
Asimismo, pidió que la clausura temporal no sea vista como el punto final del conflicto. La propia Profepa informó que el procedimiento administrativo continúa abierto, mientras Semarnat revisa integralmente el proyecto y su autorización ambiental.
“Si las autoridades realmente quieren demostrar que el medio ambiente está por encima de cualquier interés particular, ahora tienen una oportunidad para hacerlo. La defensa de las dunas de Chuburná no debe depender de coyunturas políticas ni de quién otorgó un permiso. Debe depender de la ley, de un pueblo organizado y del derecho de las futuras generaciones a recibir un patrimonio natural en condiciones dignas”, sostuvo Miguel Matos.
Finalmente, el líder antorchista llamó a los habitantes de Yucatán a mantenerse organizados y atentos al desarrollo del procedimiento.
“Sólo un pueblo organizado y consciente puede exigir políticas públicas que garanticen un desarrollo verdaderamente sustentable, donde el patrimonio natural se preserve para las futuras generaciones y no sea sacrificado por la ambición de unos cuantos. La naturaleza pertenece al pueblo, no a quienes buscan hacer negocio con ella”, concluyó.
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