De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) —27 de mayo de 2025—, en el primer trimestre del presente año, “Hidalgo fue la quinta entidad con más porcentaje de personas en informalidad laboral”, además de ser el cuarto estado del país donde más ocupación existe en el sector informal.
La informalidad laboral no es un problema individual ni una elección libre, sino una consecuencia estructural de un sistema que margina y excluye a millones.
Los datos del Inegi nos señalan que, de una Población Económicamente Activa (PEA) de 1.5 millones de hidalguenses, el 71.7 % está en la informalidad; es decir, que solamente tres personas de cada diez cuentan con un empleo formal y, por lo tanto, hemos de suponer que también gozan de los derechos de ley, o sea, solamente 424 mil 500 personas (sumando aquí burocracia gubernamental, policía, sector salud público y magisterio). En el primer trimestre del 2024, la tasa de informalidad fue del 70.9 %, o sea, tenemos un aumento de casi 1 %.
Pachuca y su zona conurbada están inmersas en esta problemática, aunque su porcentaje sea un poco menor al estatal: “En la zona metropolitana de Pachuca, más de la mitad de las personas económicamente activas laboran en la informalidad, reveló la ENOE”.
Nos informa también que “el 51.9 % de la población ocupada trabaja en la informalidad laboral, lo que significa que no cuenta con seguridad social ni derechos laborales reconocidos. Dentro de este grupo, el 29.3 % se desempeña específicamente en el sector informal, como el comercio ambulante o actividades no reguladas”.
Así que, de ninguna manera, desde ningún punto de vista, se puede justificar la agresión oficial contra los comerciantes ambulantes, menos la represión física como la acontecida en días pasados para desalojar con la fuerza pública a los vendedores de alimentos ubicados en las inmediaciones del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA) y del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA), en la zona de la Exhacienda de La Concepción, en el municipio conurbado de San Agustín Tlaxiaca:
“La tensión escaló en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, luego de que autoridades locales, respaldadas por elementos de la Policía Municipal y Estatal, retiraran por la fuerza a un grupo de vendedores ambulantes del municipio” (Criterio, 1 de julio de 2025).
De acuerdo con lo informado por la prensa local, “las autoridades indicaron que este tipo de medidas buscan preservar la imagen urbana, proteger la integridad de estudiantes y residentes, así como reforzar la aplicación de la normativa en materia de comercio en vía pública”.
Habrá que preguntarles a las autoridades que dieron la orden del desalojo: ¿quién o quiénes deben preservar la vida de los comerciantes ambulantes y sus familias? ¿No se supone que el Estado, como lo señala la Constitución de la República, debe garantizarles un empleo bien remunerado?
Si gozaran de un empleo bien pagado, segura estoy de que no tendrían necesidad de establecerse en la vía pública para allegarse un magro ingreso. Pero, además, no existe ninguna queja de los estudiantes; al contrario, les ayudan a resolver una demanda, al menos así lo manifestaron muchos de ellos a través de las redes sociales.
Considero que los gobernantes deberían tener mayor empatía con sus gobernados y sus múltiples problemas y carencias, pues además de que es lo humano y su obligación, no está el horno para bollos en general, y menos en las circunstancias actuales, donde las amenazas del imperialismo gringo se ciernen sobre nuestras cabezas, empezando con la guerra desatada contra los migrantes:
“Derivado de las redadas migratorias en Estados Unidos, durante mayo incrementaron 39.6 % las deportaciones de migrantes a Hidalgo en comparación con abril, por lo que el quinto mes es el de más retornos en lo que va del año. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló en su informe mensual que, de enero a mayo de este año, fueron regresados mil 555 migrantes a Hidalgo”.
Mayo es el mes con más migrantes hidalguenses retornados a la entidad, periodo que coincide con la intensificación de las redadas masivas ordenadas por Donald Trump.
Lo cierto es que el problema del desempleo en México y en el mundo, así como la emigración, no es un fenómeno de un solo estado; es un problema estructural de un sistema de producción capitalista que prioriza la ganancia a costa del bienestar y la vida del ser humano.
Si queremos acabar con el desempleo, la pobreza laboral y la emigración, debemos cambiar de modo de producción por uno que ponga la vida del hombre en primer lugar. La informalidad laboral es uno de los efectos nocivos del capitalismo. ¿Qué hacer? Cambiar este mundo por otro más justo y humano.
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