El presupuesto público debería ser el principal instrumento del Estado para garantizar justicia social, reducir desigualdades y fortalecer los derechos colectivos. Sin embargo, en México se ha convertido en una herramienta política utilizada para consolidar poder, repartir favores y construir narrativas de éxito que no se reflejan en la vida cotidiana.
La asignación del gasto público responde más a criterios de rentabilidad política que a necesidades sociales.
Cada año se anuncian presupuestos históricos, incrementos millonarios y grandes inversiones. Pero en los hechos, los recursos no llegan a quienes más los necesitan. Comunidades marginadas siguen esperando obras básicas, hospitales carecen de personal y medicamentos, y escuelas públicas operan en condiciones precarias.
La asignación del gasto público responde más a criterios de rentabilidad política que a necesidades sociales. Se privilegian proyectos visibles y mediáticos, aunque su impacto real sea limitado, mientras sectores estratégicos como salud, educación y vivienda continúan subfinanciados.
La falta de transparencia agrava este problema. La opacidad en contratos, los sobrecostos y las obras inconclusas forman parte del paisaje habitual. El presupuesto deja de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un botín administrado desde el poder.
Esta lógica tiene consecuencias directas en la vida de la población. La precariedad de los servicios obliga a las familias a gastar recursos que no tienen, profundizando la desigualdad. Mientras el presupuesto no se ejerza con criterios sociales y con verdadera rendición de cuentas, cualquier discurso de bienestar será sólo una promesa vacía.
El presupuesto público debería ser el principal instrumento del Estado para garantizar justicia social, reducir desigualdades y fortalecer los derechos colectivos. Sin embargo, en México se ha convertido en una herramienta política utilizada para consolidar poder, repartir favores y construir narrativas de éxito que no se reflejan en la vida cotidiana.
Cada año se anuncian presupuestos históricos, incrementos millonarios y grandes inversiones. Pero en los hechos, los recursos no llegan a quienes más los necesitan. Comunidades marginadas siguen esperando obras básicas, hospitales carecen de personal y medicamentos, y escuelas públicas operan en condiciones precarias.
La asignación del gasto público responde más a criterios de rentabilidad política que a necesidades sociales. Se privilegian proyectos visibles y mediáticos, aunque su impacto real sea limitado, mientras sectores estratégicos como salud, educación y vivienda continúan subfinanciados.
La falta de transparencia agrava este problema. La opacidad en contratos, los sobrecostos y las obras inconclusas forman parte del paisaje habitual. El presupuesto deja de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un botín administrado desde el poder.
Esta lógica tiene consecuencias directas en la vida de la población. La precariedad de los servicios obliga a las familias a gastar recursos que no tienen, profundizando la desigualdad. Mientras el presupuesto no se ejerza con criterios sociales y con verdadera rendición de cuentas, cualquier discurso de bienestar será sólo una promesa vacía.
El presupuesto público debería ser el principal instrumento del Estado para garantizar justicia social, reducir desigualdades y fortalecer los derechos colectivos. Sin embargo, en México se ha convertido en una herramienta política utilizada para consolidar poder, repartir favores y construir narrativas de éxito que no se reflejan en la vida cotidiana.
Cada año se anuncian presupuestos históricos, incrementos millonarios y grandes inversiones. Pero en los hechos, los recursos no llegan a quienes más los necesitan. Comunidades marginadas siguen esperando obras básicas, hospitales carecen de personal y medicamentos, y escuelas públicas operan en condiciones precarias.
La asignación del gasto público responde más a criterios de rentabilidad política que a necesidades sociales. Se privilegian proyectos visibles y mediáticos, aunque su impacto real sea limitado, mientras sectores estratégicos como salud, educación y vivienda continúan subfinanciados.
La falta de transparencia agrava este problema. La opacidad en contratos, los sobrecostos y las obras inconclusas forman parte del paisaje habitual. El presupuesto deja de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un botín administrado desde el poder.
Esta lógica tiene consecuencias directas en la vida de la población. La precariedad de los servicios obliga a las familias a gastar recursos que no tienen, profundizando la desigualdad mientras el presupuesto no se ejerza como debe ser.
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