La noche del 5 de agosto de 2025 marcó otro capítulo oscuro en la historia de la lucha estudiantil en Oaxaca. Un grupo de veinte personas armadas allanó por segunda vez el Albergue Estudiantil "Villas de Monte Albán" y saqueó una tienda propiedad del Movimiento Antorchista.
Este acto no es un hecho aislado; es el tercer episodio de una serie de agresiones sistemáticas contra estudiantes humildes y organizaciones sociales que defienden el derecho a la educación. Estos eventos, orquestados bajo la sombra del poder municipal, reflejan una grave crisis de derechos humanos y una clara persecución política que no puede ser ignorada.
Van los hechos de por medio: el 23 de enero: Un grupo de porros, con evidente impunidad, desalojó violentamente a estudiantes del Albergue "Villas de Monte Albán". A pesar de existir pruebas videográficas, no hubo justicia.
El 26 de abril: Policías municipales, bajo órdenes del presidente municipal de Miahuatlán, César Figueroa Jiménez, desalojaron ilegalmente a estudiantes del Albergue "Juan Manuel Celis Ponce", violando un contrato de comodato y dejando a jóvenes en el desamparo.
Y por último el 5 de agosto: Un comando armado atacó nuevamente el Albergue "Villas de Monte Albán", destruyendo pertenencias y saqueando una tienda de abarrotes. La policía municipal, según testigos, fue cómplice por su pasividad.
Estos hechos no son simples actos vandálicos; son una estrategia para silenciar a quienes exigen derechos básicos. La respuesta del gobierno municipal ha sido la violencia en lugar del diálogo, evidenciando un abuso de poder que vulnera el estado de derecho.
Oaxaca no es ajena a la represión. Según la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), entre 2018 y 2025, 58 activistas y periodistas han sido asesinados en el estado, y seis más están desaparecidos. Estas cifras colocan a Oaxaca como uno de los lugares más peligrosos para la defensa de derechos humanos en México.
El caso de los estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR) y el Movimiento Antorchista encaja en este patrón. Sus demandas son legítimas: acceso a educación digna y espacios seguros para estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, la respuesta ha sido la criminalización, la violencia y la complicidad de autoridades locales.
El presidente municipal César Figueroa Jiménez aparece como principal responsable de estos actos. A pesar de que un juez emitió un amparo a favor de los estudiantes, este no se ha respetado, lo que demuestra un claro desprecio por el marco legal. Además, la pasividad del gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, ante estas agresiones es preocupante.
Las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos constitucionales a la educación, la libre asociación y la manifestación. En lugar de ello, han permitido que grupos armados actúen con impunidad, enviando un mensaje claro: en Oaxaca, defender derechos puede costarte la vida.
Ante esta situación, el Movimiento Antorchista y la FNERRR han iniciado una campaña nacional para exigir justicia.
La solidaridad es crucial, "somos un solo hombre", la lucha de los estudiantes oaxaqueños es la lucha de todos los mexicanos que creen en la justicia social. Difundir estos hechos, exigir responsabilidad y presionar a las autoridades son pasos necesarios para detener esta ola represiva.
La educación es un derecho humano fundamental y un pilar para el desarrollo de cualquier sociedad. Atacar a estudiantes que solo buscan prepararse para un futuro mejor es un acto cobarde y regresivo. La represión en Oaxaca no solo afecta a los jóvenes directamente involucrados; es un ataque a todos los mexicanos que creen en un país más justo e igualitario.
Es momento de que el gobierno federal, estatal y municipal asuman su responsabilidad. No basta con discursos; se necesitan acciones concretas: investigar y sancionar a los responsables, garantizar la seguridad de los estudiantes y devolverles los albergues que les fueron arrebatados.
Mientras tanto, el pueblo debe mantenerse alerta. La lucha por la educación es una lucha por el futuro de México. Hoy son los estudiantes de Oaxaca; mañana podrían ser los de cualquier otro estado. No permitamos que la impunidad y la violencia se normalicen.
Los hechos ocurridos en Oaxaca son una mancha más en el ya deteriorado panorama de derechos humanos en México. La represión contra estudiantes y organizaciones sociales debe ser denunciada con firmeza. Como ciudadanos, tenemos el deber de alzar la voz y exigir justicia. La educación no es un privilegio; es un derecho. Y defenderla es defender el futuro de nuestro país.
Desde este espacio invito a todos mis lectores a sumarse a las demandas del Movimiento Antorchista y la FNERRR, que son en primer lugar, Difundir estos hechos en redes sociales, para expandir aún más estas injusticias; en segundo lugar; Exigir al gobernador Salomón Jara Cruz que intervenga de inmediato; y por último, Demandar al gobierno federal que garantice la seguridad de los activistas y estudiantes en Oaxaca.
La lucha continúa, y solo unidos podremos lograr que la justicia prevalezca.
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