• Al menos diecisiete connacionales fallecieron en 2026 bajo custodia de autoridades estadounidenses
El primer semestre de 2026 ha dejado una cifra que debería estremecer a cualquier sociedad que se precie de civilizada: al menos diecisiete migrantes mexicanos han muerto en operativos o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Mientras México no ofrezca condiciones de vida dignas, de empleo real, de educación y salud para su pueblo, la migración seguirá siendo una condena.
Los nombres de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y del joven colombiano Joan Sebastián Durán, en Biddeford, se suman a una larga lista de víctimas de una política migratoria que, lejos de ser humanitaria, se ha convertido en una cacería letal.
Estos no son accidentes; son homicidios que evidencian el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses, en un contexto donde el racismo y la criminalización del migrante son moneda corriente.
La reacción del gobierno mexicano, aunque en apariencia diligente, resulta patéticamente insuficiente. El embajador Roberto Lazzeri presenta denuncias, la presidenta Claudia Sheinbaum declara que se buscará el respeto a los derechos humanos, y la Secretaría de Relaciones Exteriores entrega cartas al ICE. Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense ha devuelto esas misivas, tildándolas de intervencionistas.
La diplomacia mexicana parece moverse en un terreno pantanoso donde sus acciones son meros gestos retóricos, sin capacidad de presión real. Mientras tanto, los agentes del ICE continúan su labor, y no hay un solo uniformado sancionado por estas muertes. La efectividad de estas acciones es, cuando menos, incierta y limitada; son parches para una herida que sangra sin cesar.
La situación actual no es un capricho de la administración Trump, sino la continuación y el endurecimiento de una política que comenzó con amenazas arancelarias y una militarización de la frontera sur, y que ahora se traduce en redadas permanentes y persecuciones policiacas.
La política migratoria de Estados Unidos se ha vuelto un mecanismo de exterminio simbólico y físico, donde los migrantes son vistos como "animales", en palabras del propio expresidente Trump. Esta deshumanización es el caldo de cultivo para que agentes de ICE disparen a mansalva contra personas que, en muchos casos, residían legalmente, como el joven Durán, quien contaba con un permiso laboral vigente.
La tragedia se agrava cuando nos enteramos de que, según Human Rights Watch, entre enero de 2025 y junio de 2026, 52 migrantes murieron bajo custodia del ICE. La cifra es un recordatorio brutal de que la vida de un migrante, en la narrativa de la potencia del norte, tiene un valor relativo.
Pero sería un error cerrar el análisis en la frontera norte, es imperativo voltear hacia el sur y preguntarnos: ¿por qué un mexicano debe arriesgar su vida en esa "aventura" de supervivencia? La respuesta es incómoda para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. El problema migratorio es un espejo que refleja el fracaso de las políticas económicas y sociales en México.
Mientras más de 32.9 millones de personas, cinco de cada diez mexicanos, se hunden en el eufemismo del "empleo informal", sin acceso a seguridad social o un salario digno, la migración forzada no será más que una válvula de escape.
Si en las aulas, 864 mil estudiantes abandonaron la escuela, y el acceso a la salud es una odisea donde no hay medicamentos, ¿qué futuro le espera a la juventud sino buscar el sustento al otro lado del río Bravo?
No se trata de justificar la violencia del ICE, sino de entender que es la expresión más cruda de un sistema global que devora fuerza de trabajo. Mientras México no ofrezca condiciones de vida dignas, de empleo real, de educación y salud para su pueblo, la migración seguirá siendo una condena.
Las remesas, que ya sostienen a cuatro millones y medio de familias y que superan los 155 millones de operaciones, son la evidencia de un desarraigo forzado, no de un "sueño americano". Esa masa salarial que construye riqueza en Estados Unidos, lo hace desde el sufrimiento, la soledad y el miedo.
Es necesario denunciar los asesinatos de ICE y la complicidad del gobierno estadounidense que los permite, autoriza y promueve. Pero también es un llamado al gobierno federal mexicano para que atienda el problema de fondo.
La política migratoria de Estados Unidos es letal, pero la de México, que empuja a sus ciudadanos al exilio, es igualmente criminal. Es hora de que la clase trabajadora, la que ya ha perdido familiares y la que está a punto de perderlos, se organice y exija un cambio de rumbo.
La vida de los migrantes no es un asunto de "ayudas para el bienestar", sino de justicia social y económica en su propia tierra. Hasta que eso no ocurra, las muertes en la frontera seguirán siendo la crónica de una muerte anunciada, donde la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo son pisoteadas con la misma saña que los agentes del ICE persiguen a un migrante.
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