La vivienda es uno de los derechos elementales de toda persona, acceder a ella, representa mucho más que un lugar para dormir. Un hogar brinda seguridad, estabilidad y las condiciones necesarias para que las familias puedan vivir y desarrollarse plenamente. Contar con una vivienda digna significa tener acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, drenaje, transporte, espacios seguros y cercanía a centros educativos y de salud. Aunque este derecho está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la realidad demuestra que millones de mexicano todavía enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda adecuada. Esta problemática se observa en todo el país, pero adquiere una dimensión especial en Quintana Roo, donde el rápido crecimiento turístico y económico ha elevado considerablemente el costo de la vivienda.
Durante las últimas décadas, México ha experimentado un importante proceso de urbanización. Cada vez más personas abandonan las comunidades rurales para buscar mejores oportunidades laborales y educativas en las ciudades. Sin embargo, este crecimiento urbano no siempre ha sido acompañado por una adecuada planeación. Como consecuencia, la demanda de viviendas ha aumentado mucho más rápido que la oferta de casas accesibles. Esto ha provocado un incremento constante en los precios de compra y renta, haciendo que miles de familias tengan que destinar una parte muy importante de sus ingresos únicamente para poder vivir bajo un techo.
Uno de los principales problemas es la desigualdad económica que impera en nuestro país. Mientras una parte de la población puede acceder a créditos hipotecarios o adquirir propiedades, millones de trabajadores perciben salarios insuficientes para cubrir el costo de una vivienda. Incluso quienes cuentan con un empleo formal encuentran dificultades para comprar una casa, debido al aumento del precio de los terrenos, de los materiales de construcción y de las tasas de interés. Como resultado, miles de mexicanos optan por vivir en viviendas pequeñas, alejadas de los centros urbanos o en asentamientos irregulares que carecen de servicios básicos como pavimentación, alumbrado público o drenaje.
La situación es aún más compleja para quienes trabajan en la economía informal. Al no contar con seguridad social o acceso a créditos de vivienda, estas personas dependen del mercado de renta, el cual también ha experimentado incrementos importantes en los últimos años. En ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y varias zonas turísticas, el costo de las rentas consume una parte considerable del ingreso familiar. Esto obliga a muchas personas a compartir vivienda con otros familiares o incluso con personas ajenas para reducir gastos, generando condiciones de hacinamiento que afectan la salud física y emocional de quienes las habitan.
En Quintana Roo, no es la excepción, este problema presenta características muy particulares. El estado se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del mundo gracias a lugares como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. La llegada constante de turistas nacionales e internacionales ha impulsado la economía local, generando miles de empleos y atraído inversiones nacionales y extranjeras. Sin embargo, este desarrollo también ha provocado un incremento acelerado en el precio del suelo y de las propiedades.
Gran parte de la construcción inmobiliaria en Quintana Roo está dirigida a hoteles, desarrollos turísticos, condominios de lujo y viviendas para compradores con un alto poder adquisitivo. Esto ha reducido la disponibilidad de viviendas accesibles para la población trabajadora. Paradójicamente, los que hacen posible que funcione las “chimeneas sin humo“ coloquialmente conocida a las empresas la industria turística -como recepcionistas, camaristas, meseros, cocineros, choferes, personal de mantenimiento, comerciantes y empleados de limpieza--, son quienes más dificultades tienen para vivir cerca de sus lugares de trabajo.
El crecimiento económico debe ir acompañado de estrategias que beneficien a toda la población y no solo a quienes cuentan con mayores recursos económicos.
Como consecuencia, miles de trabajadores deben trasladarse diariamente durante varias horas desde colonias alejadas o municipios vecinos. Estos largos recorridos representan un gasto adicional en transporte, reducen el tiempo disponible para convivir con la familia y afectan la calidad de vida. Además, muchas personas viven en viviendas improvisadas o construidas en zonas donde los servicios públicos son insuficientes, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales como huracanes o inundaciones, frecuentes en la región.
Otro factor que ha influido en el aumento de los precios es el crecimiento del mercado de alquileres vacacionales. Muchas viviendas que anteriormente estaban disponibles para habitantes locales ahora se destinan a turistas, debido a que generan mayores ganancias para sus propietarios. Aunque esta actividad representa una importante fuente de ingresos para la economía estatal, también reduce la oferta de vivienda permanente y contribuye al incremento de las rentas. En consecuencia, cada vez resulta más difícil para los jóvenes, las familias de ingresos medios y los trabajadores recién llegados establecerse en las principales ciudades del estado.
El problema de la vivienda no puede resolverse únicamente dejando que el mercado inmobiliario funcione por sí solo. Es indispensable que las autoridades federales, estatales y municipales participen activamente mediante políticas públicas que garanticen el acceso a viviendas dignas y asequibles. El crecimiento económico debe ir acompañado de estrategias que beneficien a toda la población y no solo a quienes cuentan con mayores recursos económicos.
Entre las acciones que podrían implementarse se encuentra la construcción de vivienda social cerca de los centros de trabajo, el fortalecimiento de programas de financiamiento para familias de bajos ingresos y el impulso a proyectos urbanos sostenibles que integren transporte, escuelas, hospitales y espacios públicos. La presidenta de la república echó a andar el programa de "Viviendas para el Bienestar", sin embargo, si nos asomamos a ver en qué consiste ese famoso proyecto, descubriremos que para muchas familias estas viviendas no es opción para ellos, pues por su alto costo, alrededor de 600 mil pesos, comparado con los bajos salarios que perciben la mayoría de los "sin casa", los deja prácticamente fuera.
Es de lamentar que este programa de vivienda popular como dice el gobierno federal, contempla solamente la edificación de un millón 800 mil viviendas, cuando el déficit es mayor a los 15 millones; hasta los días que corren, solamente 274 mil se encuentran en proceso de construcción y, algunas que ya están terminadas, no pueden ser entregadas a los beneficiarios, pues aún no cuentan con los servicios públicos.
Grosso modo, la falta de vivienda digna representa uno de los mayores desafíos sociales de México y, particularmente, de Quintana Roo. Aunque el crecimiento económico ha generado importantes oportunidades, también ha incrementado las desigualdades en el acceso a un hogar. Resolver este problema requiere una visión de organización y lucha de las capas más empobrecidas de nuestra patria, porque garantizar el derecho a una vivienda adecuada no solo significa construir más casas, sino asegurar que todos los mexicanos puedan acceder a un hogar seguro y con servicios de calidad. Solo mediante la lucha y la unidad popular será posible arrancarle al gobierno lo que por derecho corresponde al pueblo trabajador.
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