En esta temporada de lluvias, en la que varios municipios del estado de Michoacán han quedado parcial o completamente bajo el agua, se podría interpretar que es un indicador del cambio climático que se está generando, y podría ser; no se pone a discusión, ya que no hay suficientes estudios que permitan elaborar un juicio.
El mantenimiento de desagües y canales no debe ser un llamado de emergencia, sino una política constante y efectiva para evitar que las lluvias arrasen cada año con el esfuerzo de miles de familias.
Lo que sí ocurre a la vista de todos los michoacanos es que hay un olvido total de las autoridades para dar mantenimiento a las vías de desagüe que se tienen en las colonias y en las comunidades, con la finalidad de evitar las inundaciones que año con año ocurren y, por ende, cada año, cuando llueve fuerte, miles de familias pierden un gran porcentaje de su patrimonio, que con mucho trabajo habían logrado tener.
Cifras publicadas por el Gobierno del Estado en el año 2023 señalan que “en Michoacán se generan en promedio 4 millones 464 mil toneladas de residuos cada 24 horas, unos 940 gramos per cápita”. Son cantidades exorbitantes de basura y residuos que se van acumulando en los arroyos, ríos, canales y el drenaje, impidiendo que el agua de las lluvias se desplace correctamente y se termine acumulando, provocando así las inundaciones.
Y el problema no sólo se queda ahí, sino que se extiende; las personas que laboran en el empleo informal tienen más probabilidad de perder sus mercancías, sobre todo los comerciantes que tienen sus puestos en la calle, con su mercancía expuesta al riesgo de ser arrastrada o dañada por el contacto con el agua.
Trasladarse de su lugar de trabajo a los hogares, o viceversa, es para los obreros otra travesía, porque con las calles anegadas no pueden abordar el transporte público en tiempo y forma, así que la mayoría se ve obligada a contratar servicios de transporte particular, afectando así su economía. Quienes tienen vehículo enfrentan el problema de los baches que no se ven, y es más probable que los carros sufran daños en la carrocería, llantas o rines, causando un gasto extra al bolsillo del dueño.
Cuando las inundaciones son graves, se pueden apreciar los muebles flotando, las casas dañadas y los automóviles y motocicletas siendo arrastrados por la corriente.
Son, pues, bastantes los daños que sufre la población cuando esto sucede y, en la mayoría de las ocasiones, los que se ven más afectados son las familias que menos tienen.
Si nos vamos entonces a profundidad, podremos decir que las inundaciones se podrían prevenir, pero no sólo con avisos de las autoridades para que la población tome sus precauciones, sino con el mantenimiento y desazolve de los canales y alcantarillas.
Sin embargo, esto no sucede, pues, según Naciones Unidas, en su Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR24), “México gasta el 99 % de su presupuesto para la reducción del riesgo de desastres en la atención de emergencias y tan sólo el 1 % en la prevención”.
Con estos datos queda claro que la prevención, no sólo de inundaciones, sino de los desastres naturales que afectan a la población, no es una prioridad del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y que resguardar la seguridad de la población ante estos desastres tampoco es una prioridad. No se le destina el recurso económico suficiente para el mantenimiento y la creación de nuevas obras que disminuyan este problema, que cada vez se agudiza más y se presenta en lugares donde antes no sucedía.
La población debe exigir que los impuestos que pagan día tras día se regresen en forma de obras, para que no estén perdiendo cada año lo poco o lo mucho que logren obtener con el fruto de su trabajo.
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