Resulta indignante que, en pleno 2025, los gobernantes de México miren con desdén los problemas que aquejan a la población más vulnerable. En Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, la indiferencia de las autoridades ha permitido que se cometan actos de violencia y despojo contra estudiantes humildes, quienes sólo buscan acceder a un derecho fundamental: la educación.
La indiferencia de las autoridades ha permitido que se cometan actos de violencia y despojo contra estudiantes humildes, quienes sólo buscan acceder a un derecho fundamental.
Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025 de la Secretaría de Bienestar, Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en pobreza, con el 58.4 % de su población en esta condición y un 20.2 % en pobreza extrema.
El ingreso mensual promedio apenas supera los 6 mil 341 pesos, mientras que el rezago educativo alcanza el 20.1 %. En este contexto, los albergues estudiantiles representan la única oportunidad para que jóvenes de escasos recursos continúen sus estudios. Sin embargo, lejos de protegerlos, el gobierno estatal y municipal ha permitido su violento desalojo.
El 23 de enero de 2025, porros atacaron y desalojaron violentamente a estudiantes del Albergue Cultural y Estudiantil Villas de Monte Albán. A pesar de que las agresiones quedaron grabadas, la justicia sigue pendiente.
Posteriormente, el 26 de abril, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, ordenó el desalojo violento del albergue Juan Manuel Celis Ponce, ignorando un contrato de comodato que avalaba su uso por parte de los estudiantes.
Y como si fuera poco, el 5 de agosto, un grupo encapuchado y fuertemente armado, vinculado a la policía de San Martín Mexicapan, allanó por segunda ocasión el albergue Villas de Monte Albán, robando y saqueando una tienda de abarrotes administrada por el Movimiento Antorchista. Estos hechos ocurrieron después de que la Federación Nacional de Estudiantes Rafael Ramírez (FNERRR) anunciara su lucha para recuperar los espacios arrebatados.
Ante estos hechos, el gobernador Salomón Jara Cruz (Morena) ha guardado un silencio cómplice. El pasado 18 de agosto, una comisión de Antorcha y la FNERRR acudió a Palacio de Gobierno para exigir una reunión, pero sólo encontraron puertas cerradas y policías. Esta actitud refleja el desdén de las autoridades hacia los jóvenes que luchan por superarse.
Mientras tanto, el rezago educativo en Oaxaca aumentó del 29.1 % al 30.5 %, según el Inegi. En lugar de combatir este problema, el gobierno permite que se reprima a quienes buscan estudiar.
En contraste, el estado de Durango presenta una situación menos crítica, pero con desafíos similares. Según el mismo informe federal, Durango tiene un 38.7 % de pobreza y un 5.9 % en pobreza extrema, cifras menores a las de Oaxaca, pero aún preocupantes. El rezago educativo es del 15.2 %, inferior al nacional, pero persisten carencias en zonas rurales.
Lo ocurrido en Oaxaca es un reflejo de un sistema que protege a los poderosos y reprime a los más necesitados. Los albergues estudiantiles, gestionados por la FNERRR y Antorcha, son una alternativa para jóvenes que, de otra forma, no podrían estudiar. Atacarlos es condenarlos a la pobreza perpetua.
El gobernador Salomón Jara Cruz debe actuar. La educación no puede ser un lujo. México necesita gobiernos que prioricen a los marginados, no a los intereses políticos. Los estudiantes oaxaqueños no están solos: el Movimiento Antorchista en todo el país respalda su lucha.
México exige un cambio. Un cambio donde la justicia, la educación y la dignidad no sean privilegios, sino derechos para todos.
¡Hasta la victoria siempre!
0 Comentarios:
Dejar un Comentario