• Un sondeo revela que su aprobación cayó hasta 48.8 % ante rechazo ciudadano por inseguridad e inflación
La continuidad de un proyecto político no garantiza, por sí sola, el éxito de un gobierno. Cuando una administración hereda políticas públicas que han demostrado ser ineficaces, insistir en ellas puede convertirse en un error con consecuencias para millones de ciudadanos. Ese parece ser el caso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha apostado por mantener el rumbo de la llamada Cuarta Transformación, pese a que diversos indicadores muestran un creciente descontento social.
De acuerdo con una reciente encuesta de AtlasIntel, la aprobación de la mandataria registró su nivel más bajo desde el inicio de su administración. Detrás de esta caída aparecen problemas que afectan diariamente a la población: la inseguridad, el aumento del costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo, la corrupción y la percepción de un gobierno incapaz de responder a las necesidades más urgentes de los mexicanos.
Desde el comienzo de su mandato, Sheinbaum tuvo la oportunidad de corregir los errores heredados por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, optó por dar continuidad a un modelo que, lejos de resolver los grandes problemas nacionales, los ha profundizado en distintos ámbitos.
Uno de los ejemplos más evidentes es el sistema de salud. La desaparición del Seguro Popular dejó a millones de personas sin un esquema de atención que, con todas sus limitaciones, ofrecía consultas, tratamientos y medicamentos a familias de escasos recursos. Las instituciones creadas para sustituirlo no han logrado cubrir esa demanda y continúan registrando carencias de personal, insumos y medicinas.
En materia de seguridad, los resultados tampoco son alentadores. La estrategia basada en la política de “abrazos, no balazos” ha sido ampliamente cuestionada por amplios sectores de la sociedad debido a que la violencia y la presencia de grupos criminales continúan afectando numerosas regiones del país. Para muchas familias, la percepción es que la delincuencia sigue operando con altos niveles de impunidad.
A ello se suma el desgaste político que enfrenta el gobierno mexicano en el ámbito internacional. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre presuntos vínculos de integrantes de Morena con organizaciones del narcotráfico han incrementado la presión sobre la administración federal, independientemente de que dichas acusaciones deban sustentarse con pruebas y seguir los cauces legales correspondientes.
Otro de los compromisos que, desde la óptica de numerosos críticos, permanece incumplido es el combate a la pobreza. La promesa de que “primero los pobres” contrasta con una realidad en la que millones de familias siguen enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Los programas sociales representan un apoyo para muchos hogares, pero no han logrado sustituir políticas que impulsen la generación de empleos bien remunerados, el crecimiento económico y mejores oportunidades de desarrollo.
La educación tampoco escapa a esta problemática. Persisten escuelas sin infraestructura adecuada, con deficiencias en servicios básicos y falta de recursos para garantizar una enseñanza de calidad.
Al mismo tiempo, diversas universidades públicas enfrentan restricciones presupuestales mientras continúan destinándose recursos a proyectos de infraestructura impulsados durante el sexenio anterior.
Según los resultados de AtlasIntel, el respaldo a la presidenta descendió a 48.8 % durante junio. La corrupción fue identificada como la principal preocupación nacional por el 52 % de los encuestados, seguida por la inflación y el incremento del costo de vida, así como por la inseguridad.
Asimismo, el estudio señala que la aprobación presidencial ha disminuido más de diecisiete puntos respecto al nivel más alto registrado meses atrás.
La encuesta también refleja un deterioro en la percepción económica del país. Cerca de la mitad de los participantes calificó negativamente la situación económica y laboral, mientras que la mayoría manifestó preocupación por el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre los precios de bienes y servicios.
Más allá de las cifras de aprobación, la realidad cotidiana parece explicar el creciente malestar ciudadano.
El constante aumento en los precios de los alimentos, el encarecimiento de los servicios básicos, de los combustibles y de la energía eléctrica ha reducido significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Para miles de familias mexicanas, el salario ya no alcanza para cubrir la canasta básica y satisfacer las necesidades indispensables del hogar.
Los gobiernos deben evaluar permanentemente sus políticas públicas y corregir aquello que no produce resultados. Insistir en estrategias fallidas únicamente prolonga los problemas y aumenta el descontento social.
La continuidad de la Cuarta Transformación, lejos de representar una garantía de estabilidad, comienza a mostrar señales de desgaste político y de pérdida de confianza entre una parte importante de la población.
La presidenta Claudia Sheinbaum aún tiene tiempo para rectificar el rumbo de su administración. Sin embargo, ello exige reconocer errores, combatir con firmeza la corrupción, replantear las estrategias en seguridad, fortalecer los sistemas de salud y educación y, sobre todo, impulsar una política económica que permita mejorar realmente las condiciones de vida de millones de mexicanos. De lo contrario, la continuidad de la 4T podría convertirse en el principal obstáculo para el éxito de su propio gobierno.
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