Habitantes exigen atención a demandas públicas y rechazan intimidación judicial contra líderes sociales
Como lo anunciamos previamente el 22 de septiembre del año en curso, más de dos mil antorchistas de diversos municipios del estado marchamos por las principales calles de la ciudad de Xalapa. Realizamos un mitin político-cultural frente al palacio de gobierno.
El objetivo fue solicitar una fecha de audiencia con la gobernadora del estado, la ingeniera Rocío Nahle García. A pesar de que la hemos pedido por escrito en diversas ocasiones, hasta el momento no hemos obtenido respuesta favorable.
Nuestra insistencia de ser atendidos y escuchados directamente por la gobernadora Nahle García no es una necedad. Es el resultado de meses de gestiones sin resultados ante las diferentes dependencias de su gobierno.
Buscamos lograr que se construyan obras públicas y se introduzcan servicios básicos elementales en decenas de pueblos y colonias de toda la entidad.
También es una solicitud derivada del hecho de que sus colaboradores cercanos, como el secretario de gobierno, Ricardo Ahued, o el subsecretario de gobierno, José Manuel Pozos Castro, nos han escuchado en varias ocasiones.
En todas nos han expresado de forma clara y contundente que ellos no tienen capacidad alguna para resolver los asuntos planteados; que la única que lo puede hacer es la gobernadora.
Por esta razón, desde el mes de mayo hemos realizado manifestaciones pacíficas con la intención de llamar la atención de la gobernadora y lograr la audiencia solicitada.
Es un derecho constitucional garantizado por el artículo octavo de la Constitución; sin embargo, hasta el momento tampoco hemos obtenido respuesta favorable a esta petición.
Nuestras protestas no pretenden generar un conflicto social o político con el gobierno de Veracruz y tampoco tienen que ver con el calendario electoral en curso.
Las pruebas de ello son las decenas de solicitudes que los comités antorchistas de los pueblos y colonias donde hacemos trabajo han ingresado desde enero de 2025.
Dichos documentos se entregaron en dependencias como la SEV, la SIOP, Sedarpa, Salud, la CAEV, Invivienda y la Dirección de Patrimonio del Estado, entre otras.
En estas solicitudes se plasman asuntos de beneficio colectivo, como la conclusión de centros de salud en zonas marginadas como Soteapan y Filomeno Mata, y la construcción o reparación de carreteras.
Se incluye la conclusión de los procesos de regularización de colonias, cuyos trámites están empantanados por el gobierno, así como la construcción y el equipamiento de escuelas de todos los niveles.
También se pide la introducción de servicios básicos de primera necesidad, como el agua potable, drenaje sanitario, pavimentaciones, plantas de tratamiento de aguas residuales o colectores pluviales para evitar inundaciones.
Son obras y servicios a los que el pueblo tiene derecho y el gobierno la obligación de brindar, de acuerdo con la Constitución y las leyes del país.
Pero a pesar de que tenemos la razón jurídica y social, el gobierno estatal ha hecho oídos sordos ante nuestras peticiones.
Nuestra insistencia de ser atendidos y escuchados directamente por la gobernadora Nahle García no es una necedad, sino el resultado de meses de gestiones sin resultados ante las diferentes dependencias de su gobierno.
Razón por la cual no vemos más opción que escalar nuestras manifestaciones pacíficas y seguir insistiendo. De lo contrario, miles de veracruzanos trabajadores y humildes seguirán viviendo en precariedad y marginación.
Al gobierno de la ingeniera Rocío Nahle García y a ella misma, debe quedarle claro que nosotros no buscamos ningún tipo de confrontación.
Creemos firmemente en que la mejor forma de afrontar los peligros que nos amenazan desde el extranjero, como las amenazas de intervención militar en México del presidente estadounidense Donald Trump, es logrando un entendimiento entre el pueblo y el gobierno.
Pero al mismo tiempo rechazamos todo acto de represión o persecución judicial en nuestra contra, tal como ocurrió en días previos a nuestra marcha.
Tres de nuestros compañeros, el ingeniero Samuel Aguirre y la ingeniera Minerva Salcedo, ambos dirigentes históricos del antorchismo, así como el licenciado Miguel Bastián, fueron citados a comparecer ante un juzgado penal.
La intención era imputarles un delito inventado, curiosamente para la misma fecha en que programamos la marcha.
A la opinión pública y al antorchismo veracruzano debe quedarle muy claro que nuestros compañeros son totalmente inocentes de cualquier delito que les quieran inventar.
Es un burdo acto con el que se pretende intimidarnos y frenar nuestras manifestaciones. No es la primera vez que, ante las peticiones legítimas de la gente, el gobierno responde con amenazas o encarcelamiento.
Los antorchistas mismos hemos sido víctimas de este tipo de atropellos en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, sin importar el color del partido político en el gobierno.
Pero bien vale la pena recordarles a los morenistas que hoy se sienten todopoderosos e intocables, que fueron este tipo de acciones y atropellos los que cansaron al pueblo en el pasado reciente.
Esto contribuyó a que llegaran al poder en 2018. La represión no puede impedir que la gente se inconforme, proteste y finalmente se deshaga de los malos gobiernos.
En la mayoría de los casos sólo funciona para que esta inconformidad se profundice más. No cabe duda de que el mismo destino les espera si continúan por ese camino.
También queremos dejar claro que nos solidarizamos completamente con todos aquellos que hoy salen a las calles a manifestarse y piden mejores condiciones para la población.
Por ejemplo, los médicos y el personal del sector salud de las clínicas y los hospitales, y los campesinos que piden que se haga efectivo su derecho al agua, etcétera. Su lucha es nuestra lucha, por eso sepan que cuando lo requieran pueden contar con nuestro apoyo.
Por todas estas razones, seguiremos insistiendo y protestando las veces que sean necesarias, incluso buscando a la gobernadora en sus eventos públicos, tal como lo anunciamos la marcha pasada.
Lo haremos no por necedad o reto, sino porque son cientos de miles los veracruzanos que no cuentan con las condiciones necesarias para tener una vida digna.
Más allá de cualquier tipo de desencuentro o diferencia ideológica, es obligación legal del gobierno resolverlas.
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