• El creciente descontento social no es fruto de la casualidad ni producto de una campaña de desprestigio
Ante la represión policial a nuestros compañeros, ocurrida la mañana del miércoles 13 de mayo, cuando realizaban una labor de difusión y denuncia por la falta de agua potable en las colonias populares de la parte baja del municipio de Chimalhuacán, es necesario dedicar algunas líneas a informar y explicar a nuestro pueblo las causas de la protesta social y desenmascarar también las verdaderas razones de la violenta respuesta del gobierno municipal.
La respuesta del gobierno municipal es una advertencia: quien se atreva a protestar deberá enfrentarse con la represión policial.
El creciente descontento social en Chimalhuacán no es fruto de la casualidad ni producto de una campaña de desprestigio, como argumenta la actual administración municipal y que sus consortes corean. Este incremento de la inconformidad es una consecuencia inmediata de la falta de atención y solución a los múltiples problemas que lastiman a las familias humildes de la demarcación.
La falta de agua potable es un problema real, no ha sido atendido adecuadamente y no se han ofrecido alternativas eficaces para resolverlo. Al ser una necesidad indispensable, vital para el ser humano, debe entenderse el nivel de justa inconformidad de miles de familias que sufren por la falta de un suministro regular, ya sea por la ausencia de una red de distribución, por el mal estado de ésta o bien porque quien corresponde hacerlo no ha encontrado la manera de garantizarle a cada familia la cantidad necesaria que requiere para sus actividades cotidianas.
Los vecinos de los barrios Curtidores y Hojalateros denuncian que desde hace más de cuatro años es irregular el servicio de agua potable que tienen y, además, al concluir mayo cumplirán ocho meses durante los cuales la situación familiar y económica se ha complicado, pues llevan semanas sin una sola gota.
La misma situación se vive en otros barrios como Acuitlapilco, Fundidores, Artesanos, Ebanistas y Talabarteros, así como en colonias como Marco Antonio Sosa, en los cuales no hay un suministro seguro y la distribución que se hace a través de los camiones cisterna o “pipas” no es suficiente.
Otro problema que resalta por el alto grado en que afecta a la población y que representa otra de sus principales preocupaciones es el de la inseguridad y violencia crecientes.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Chimalhuacán presenta altos niveles de percepción de inseguridad; cerca del 86.1 % de la población considera inseguro vivir aquí.
Esa percepción tampoco es gratuita; es resultado de una realidad que se vive a diario: asaltos a negocios, robos de vehículos, a casas habitación y en la vía pública a plena luz del día, en el transporte público, extorsiones, homicidios dolosos y desapariciones, entre otros delitos, fundamentan el temor de la ciudadanía.
A pesar de los anuncios realizados en los eventos oficiales sobre la disminución de los delitos con la aplicación de la Estrategia Operativa Zona Oriente, coordinada con el gobierno federal y el Estado de México, la realidad es diferente: no han disminuido, sólo han cambiado de modalidad, pero amas de casa, estudiantes y trabajadores continúan padeciendo sus efectos nocivos; habría que preguntarle a los habitantes de los barrios y colonias como San Agustín, Acuitlapilco, Santa Cruz, Tlaixco, Xochitenco y Fundidores, entre otras, para cerciorarnos completamente de ello.
La indignación y el reclamo social de los habitantes de Chimalhuacán son más que justos, pues se trata de exigir el respeto de los derechos humanos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar. No se trata de ningún invento de alguna mentalidad perversa, tampoco de una campaña de desprestigio. No es necesario hacer eso. Es su falta de atención a los problemas de la ciudadanía, la carencia de soluciones y su indolencia ante el sufrimiento de la población lo que ocasiona su descrédito; no deben buscar afuera a un enemigo que tienen dentro.
La respuesta del gobierno municipal ante la denuncia por la falta de atención y la exigencia de solución, encarcelando a quien se atreve a protestar, es una muestra de esa indolencia de los gobernantes, que intenta ocultar los problemas sociales y la creciente y justa inconformidad social con la represión disfrazada de legalidad.
La justificación del gobierno municipal para ejercer la violencia en contra de nuestros compañeros y el encarcelamiento de Antonio Zacarías, dirigente del Movimiento Antorchista en Chimalhuacán, fue que se cometieron faltas administrativas, ya que no está permitido colocar anuncios en los puentes peatonales.
Así lo pregonaron con saña también los pregoneros de la actual administración, sin prever que, de esta manera, ayudaban a difundir la esencia inhumana e intolerante del gobierno que defienden.
Es decir, el gobierno no hace distinción entre las necesidades de la población y aplica el mismo rasero, perjudicando aún más a quienes sufren por las carencias de agua potable y por la inseguridad, pues les impide denunciar y exigir, les limita su derecho a protestar.
El pueblo no puede pagar desplegados en los grandes diarios para denunciar sus problemas y exigir el respeto a sus derechos fundamentales, tampoco puede hacerlo en las cadenas televisivas, coludidas con los grandes grupos de poder y algunas de ellas con el gobierno; sus modestos recursos económicos no se lo permiten.
No queda otra alternativa más que realizar la denuncia mediante los recursos propagandísticos que tiene a su alcance, por volantes, mantas y pintas en las paredes, mismas que no serían necesarias si existiera una verdadera preocupación por la dignidad de la vida del pueblo trabajador.
Es entendible; los ambiciosos y represores, integrados en las tribus que un día salieron de su matriz tricolor y que vegetaban en las praderas amarillas, se mudaron ahora a los pastizales guindas, y ahí están, aplicando los mismos mecanismos represivos de antaño y, sin embargo, con las mismas intenciones: acallar la protesta social.
La respuesta del gobierno municipal es una advertencia: quien se atreva a protestar deberá enfrentarse con la represión policial. No podemos permitir que se intimide a los habitantes ni que se les impida su derecho a inconformarse por justas razones; por tanto, es indispensable la organización y la unidad de todos los pobres de nuestro municipio y del país para hacer frente a las amenazas que buscan impedir la lucha por mejores condiciones de vida.
El Movimiento Antorchista en el Estado de México condena la respuesta del gobierno municipal a la justa inconformidad social por las carencias y exige que los problemas que afectan a la población humilde de la entidad se atiendan y resuelvan.
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