Entrar a la universidad debería ser un derecho al alcance de cualquier joven con deseos de estudiar, pero en México cada año miles de muchachos descubren que entre ellos y un salón de clases hay un muro hecho de cuotas, exámenes de admisión con espacios insuficientes y una oferta educativa que simplemente no alcanza para todos.
No es que falten jóvenes con ganas de prepararse. Lo que faltan son universidades públicas, inversión y una verdadera acción política para garantizar ese derecho. Cada ciclo escolar se repite la misma historia. Miles presentan examen, miles más quedan fuera y la explicación oficial suele reducirse a que "no alcanzó el puntaje". Sin embargo, pocas veces se habla del problema de fondo. Si la demanda crece año con año, ¿por qué no crece también la cantidad de instituciones, de maestros y de espacios disponibles? La respuesta resulta incómoda porque obliga a mirar un modelo económico que no considera la educación como una necesidad social, sino como un gasto que debe limitarse.
Quienes logran ingresar tampoco tienen el camino resuelto. Las cuotas, el transporte, los materiales, la alimentación y la vivienda terminan convirtiéndose en obstáculos que muchas familias trabajadoras apenas pueden enfrentar. La mayoría de los jóvenes que abandonan sus estudios no es porque les falte capacidad, sino porque simplemente ya no pueden pagar lo que cuesta mantenerse en la universidad. El talento termina dependiendo del tamaño de la cartera y no del esfuerzo de cada estudiante. Ese mecanismo funciona también como una forma de depuración. El sistema deja avanzar únicamente a quienes tienen mejores condiciones económicas o pueden soportar los costos que implica estudiar. Mientras tanto, miles de hijos de obreros, campesinos y trabajadores quedan fuera o se incorporan de manera anticipada al mercado laboral precarizado al no tener preparación académica. No porque esa haya sido su decisión, sino porque las circunstancias los empujaron.
La educación no debe ser privilegio de quienes pueden pagarla, sino un derecho de todo el pueblo trabajador.
Frente a esa realidad han surgido esfuerzos que demuestran que las cosas pueden hacerse de otra manera. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR ) ha impulsado desde hace años las Casas del Estudiante para brindar alojamiento y apoyo a jóvenes de escasos recursos que desean continuar su formación. No son un privilegio ni un regalo. Son una respuesta organizada ante un problema que los gobiernos han preferido ignorar.
Aquí en Monterrey también existe una Casa del Estudiante impulsada por la FNERRR. Para muchos jóvenes provenientes de comunidades alejadas o de familias con ingresos limitados ha significado la diferencia entre abandonar sus estudios o permanecer en ellos. Detrás de ese esfuerzo hay organización, solidaridad y la convicción de que ningún muchacho debería renunciar a una carrera universitaria por no tener dinero para pagar una renta o los gastos básicos. Lo verdaderamente preocupante es que este tipo de iniciativas no surjan como parte de una política pública amplia. Si el Estado garantizara suficientes universidades, becas, residencias estudiantiles y apoyos reales, miles de jóvenes no tendrían que librar una batalla adicional para ejercer un derecho que ya debería estar asegurado. Hablar del acceso a la universidad no es hablar únicamente de educación, es hablar del tipo de país que se está construyendo.
Mientras el sistema siga considerando la enseñanza superior como una oportunidad reservada para unos cuantos y no como un derecho del pueblo trabajador, seguirá desperdiciando el talento de generaciones enteras. La educación no debería ser un filtro para separar a quienes pueden pagar de quienes no. Tendría que ser la herramienta que permita que cualquier joven, sin importar el lugar donde nació o el salario de sus padres, pueda construir un futuro distinto.
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