Cada año, cuando se acerca el regreso a clases, se repite la misma historia. Los padres comienzan a recorrer papelerías, comparar precios, buscar uniformes, zapatos, mochilas, buscar cómo pagar las cuotas escolares y tratar de estirar un salario que, de por sí, durante el resto del año apenas alcanza. Para muchas familias agosto no es solamente el mes en que los niños regresan a la escuela. Es un mes de cuentas, de recortar otros gastos y, en algunos casos, de pedir prestado para poder cumplir con una lista que parece crecer al mismo ritmo que los precios.
Este año la CONCANACO SERVYTUR estimó que el regreso a clases tendrá un costo promedio de seis mil 44 pesos por alumno de educación básica, aunque dependiendo del grado y de las necesidades del estudiante el gasto puede ir de cuatro mil 800 hasta 10 mil pesos. En este costo se incluyen útiles, uniformes, calzado, mochilas, libros, papelería y algunos artículos tecnológicos (CONCANACO SERVYTUR, 2026). La cantidad por sí sola dice poco hasta que se compara con lo que realmente gana una familia trabajadora. Para 2026 el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9 mil 582.47 pesos mensuales (CONASAMI, 2026). Esto quiere decir que los seis mil 44 pesos del gasto promedio de regreso a clases representan alrededor del 63 por ciento de un salario mínimo mensual. Si el gasto llega a los diez mil pesos, como contempla la estimación de CONCANACO, ya supera ese ingreso. Y si una familia tiene dos hijos y gasta el promedio en cada uno, tendría que desembolsar 12 mil 88 pesos, más de lo que representa un mes completo de salario mínimo. No se trata de un caso excepcional. El INEGI reportó que en el primer trimestre de 2026 47 % de la población ocupada ganaba hasta un salario mínimo y otro 30.8 % ganaba más de uno y hasta dos salarios mínimos (INEGI, ENOE, primer trimestre de 2026). Para millones de trabajadores mandar a uno o dos hijos a la escuela implica utilizar en unas pocas semanas una cantidad de dinero que simplemente no tienen.
Y después de comprar todo lo necesario aparece una vieja discusión que se repite prácticamente cada ciclo escolar, la de las cuotas. Se acusa a las escuelas de cobrarlas, los padres reclaman porque ya gastaron demasiado y los directores o los comités de padres explican que hace falta dinero para pintura, jabón, papel sanitario, escobas, reparaciones, impermeabilización, baños o instalaciones eléctricas. Al final, quienes terminan discutiendo entre sí son precisamente quienes menos responsabilidad tienen en el problema. La Ley General de Educación es clara en este punto. La educación impartida por el Estado es gratuita y no se puede condicionar la inscripción, el acceso al plantel, los exámenes o la entrega de documentos al pago de ninguna cuota. Las aportaciones de los padres únicamente pueden ser voluntarias (Cámara de Diputados, Ley General de Educación, artículo 7, 2026). Pero que sean voluntarias en la ley no elimina que en la necesidad real de una escuela que tiene un baño descompuesto, una pared que necesita pintura o salones que requieren mantenimiento. Y aunque el Gobierno no destina recursos a las escuelas en general si los destina con algunos programas en algunas escuelas. Para 2026, por ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra cuenta con una inversión de alrededor de 26 mil millones de pesos y se planteó atender 73 mil 811 planteles públicos de educación básica y media superior.
¿Por qué una escuela pública necesita recurrir año con año al bolsillo de las familias para resolver necesidades que son responsabilidad del Estado?
La cantidad se entiende mejor cuando vemos el tamaño del sistema educativo. En su última estadística nacional consolidada, correspondiente al ciclo 2024-2025, la SEP registró 74 mil 658 preescolares públicos, 87 mil 119 primarias públicas y 37 mil 229 secundarias públicas, a los que se suman 14 mil 745 escuelas públicas de educación media superior. Son 213 mil 751 escuelas públicas entre preescolar y bachillerato (SEP, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025). Frente a ese universo, una meta anual de 73 mil 811 planteles para La Escuela es Nuestra muestra con claridad que el apoyo no es universal cada año. La comparación equivale aproximadamente a una tercera parte del universo que estamos tomando como referencia. No debe presentarse como una tasa oficial, porque la SEP y el programa no utilizan exactamente la misma unidad estadística, pero sirve para entender la magnitud. De hecho, las propias reglas del programa establecen que los planteles se seleccionan según la disponibilidad presupuestaria. El problema es que una escuela no deja de deteriorarse porque ese año no le tocó entrar al programa. Los baños siguen necesitando mantenimiento, las paredes se siguen deteriorando, hay que limpiar todos los días y las instalaciones eléctricas, de agua y sanitarias requieren atención permanente. Un programa que llega por selección y disponibilidad presupuestaria difícilmente puede sustituir un gasto ordinario suficiente y constante para el funcionamiento cotidiano de cada plantel.
Las propias cifras de la SEP muestran que todavía estamos lejos de tener escuelas en condiciones adecuadas. Entre las escuelas públicas de educación básica consideradas en sus indicadores de infraestructura,18 de cada 100 escuelas no tienen agua potable. Sólo 41.5% tiene conexión a internet y apenas 24.9 % cuenta con infraestructura adaptada para personas con discapacidad (SEP, 2024-2025). Estamos hablando del sistema educativo de un país que quiere competir en ciencia, tecnología y desarrollo, pero donde todavía hay estudiantes que acuden a escuelas sin agua potable o sin conexión a internet. Por eso la polémica de las cuotas no debería reducirse a preguntar si el director tiene derecho a pedirlas o si los padres quieren cooperar. La pregunta importante es por qué una escuela pública necesita recurrir año con año al bolsillo de las familias para resolver parte de sus necesidades más elementales. La misma Ley General de Educación reconoce que para el mantenimiento de los inmuebles, instalaciones y servicios educativos deben concurrir los gobiernos federal, estatales y municipales, mientras que la participación de madres y padres es voluntaria (Cámara de Diputados, Ley General de Educación, artículo 105, 2026). El Estado reconoce, entonces, que el mantenimiento de las escuelas es una responsabilidad pública. Sin embargo, en la vida diaria es común que una parte de esas necesidades termine resolviéndose mediante cooperaciones, actividades de los padres o aportaciones de la propia comunidad. Todo esto termina golpeando siempre al mismo sector. La familia que acaba de gastar seis, ocho o diez mil pesos para mandar a sus hijos a estudiar es también la que tiene que pagar transporte, alimentación y otros gastos durante todo el ciclo escolar. En esas condiciones no resulta extraño que la situación económica termine pesando en la permanencia de los jóvenes en las aulas. La SEP reconoce expresamente que las condiciones socioeconómicas forman parte de las causas asociadas al abandono en la educación media superior, junto con factores académicos, emocionales e institucionales (SEP, Programa Sectorial de Educación 2025-2030).
Ahí se forma un círculo que conocemos demasiado bien. Una familia con bajos ingresos tiene mayores dificultades para sostener la educación de sus hijos. Un joven que deja sus estudios tendrá después menos herramientas para acceder a empleos especializados y mejor pagados. Sus posibilidades económicas se reducen y la siguiente generación vuelve a comenzar desde una posición de desventaja. La desigualdad económica termina convirtiéndose en desigualdad educativa y después la propia desigualdad educativa ayuda a reproducir la económica. Pero el daño no es solamente laboral. Un país que no logra garantizar una educación amplia y de calidad pierde científicos, profesionistas, artistas, técnicos y maestros. También pierde algo todavía más importante, personas con los conocimientos y las herramientas necesarias para analizar lo que ocurre a su alrededor, cuestionarlo y participar conscientemente en la solución de sus problemas. Por eso la educación no puede verse como un asunto privado que cada padre debe resolver con lo que tenga en el bolsillo. Una familia sola puede comparar precios y buscar los útiles más baratos, pero no puede resolver la falta de presupuesto de miles de escuelas. Un director tampoco puede solucionar por su cuenta años de rezago en infraestructura. Son problemas colectivos y necesitan respuestas colectivas. Hace falta exigir que la gratuidad de la educación deje de existir solamente en la ley y se refleje en las condiciones reales de las escuelas, con presupuesto suficiente para mantenimiento, servicios básicos, materiales y equipamiento, y con salarios que permitan a una familia mandar a sus hijos a estudiar sin tener que escoger entre los útiles, la comida o la renta.
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