Cuenta una vieja anécdota de la política mexicana de que, en tiempos de la “dictadura perfecta”, un presidente de la república le preguntó a un subordinado suyo: “¿Qué horas son?”, a lo que el obtuso e incondicional secretario respondió con seguridad: “las que usted ordene, señor presidente”. Esta forma de gobernar continúa vigente hasta nuestros días.
Lo anterior viene a cuento por la actitud que el gobierno federal y, particularmente, la presidenta Claudia Sheinbaum han adoptado con respecto a las más recientes mediciones y evaluaciones emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre los resultados del gobierno de la 4T en dos temas muy sensibles para la población: la percepción de inseguridad ciudadana y la situación de la pobreza en México.
La ENSU 2025 reveló que el 58 % de la población no tiene ninguna expectativa de que la situación vaya a modificarse en los próximos años; el 32.5 % dijo que “todo seguirá igual” y el 25.4 % afirmó que “empeorará”.
La actitud asumida por Sheinbaum en uno y otro tema es bastante reveladora sobre los esfuerzos de su gobierno para manipular la conciencia de los mexicanos, falsear la realidad del país y legitimar su permanencia en el poder.
En junio pasado el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y los datos sobre percepción de inseguridad ciudadana, incremento de la criminalidad en México y crecimiento del número de víctimas fueron totalmente desfavorables al “segundo piso de la Transformación”. El 63.2 % de la población mexicana mayor de dieciocho años de 91 zonas urbanas del país consideró inseguro vivir en su ciudad; esto es, seis de cada diez mexicanos.
La información también revelaba un incremento sostenido en la percepción de inseguridad año con año: en 2023 era del 59.1 % de los ciudadanos, en 2024 del 61.9 % y en 2025 de 63.2 %.
Asimismo, reveló que son lugares públicos y concurridos como los cajeros automáticos, el transporte urbano, las calles, carreteras, bancos y mercados en donde la gente se siente más insegura, hasta el 70 % de los encuestados. Tampoco se libra el hogar familiar, porque el 31 % de todas las viviendas del país fue víctima de al menos un delito de robo, extorsión o fraude.
La ENSU 2025 también reveló que el 58 % de la población no tiene ninguna expectativa de que la situación vaya a modificarse en los próximos años; el 32.5 % dijo que “todo seguirá igual” y el 25.4 % afirmó que “empeorará”.
Los datos son consistentes con los que arrojó la Encuesta Nacional de Victimización presentada también por el Inegi en 2024, que reveló que para el año 2023 el número anual de víctimas de algún delito ascendió a 21.9 millones de personas, o sea, 23 mil 323 por cada 100 mil habitantes, mientras que la cifra negra de delitos, aquellos no denunciados ni investigados, alcanzó el 92 %.
Así pues, no parece para nada sorpresivo que se haya incrementado el temor y la zozobra de la población, por la sensación de vivir en un ambiente inseguro en donde podemos ser víctimas de la criminalidad en cualquier momento.
La ENSU 2025 proporcionó datos para darle una dura calificación reprobatoria a la estrategia de seguridad del gobierno morenista que, aunque con ligeras modificaciones, permanece igual que el sexenio pasado. En materia del combate a la delincuencia, de nada ha servido que actualmente existan más fuerzas del orden militarizadas que civiles y tampoco ha funcionado otorgar mayores funciones a la Guardia Nacional.
Por esta razón, es entendible que los resultados hayan irritado visiblemente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en aquella ocasión descalificó al Inegi, ordenó de forma inmediata que “se investigue la metodología utilizada por el Inegi”, algo que ningún especialista ha cuestionado, y comisionó a funcionarios de su gabinete a realizar “un estudio sobre la situación que refleja la ENSU”, o sea, a que elaboren su propio estudio sobre la inseguridad pública que prevalece en México. A nadie sorprenderán los resultados de este nuevo estudio: serán “las que usted ordene, señora presidenta”.
Pero esta actitud es contrastante con toda la alharaca que el gobierno federal ha desatado sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh 2025), elaborada también por el Inegi y que concluye que en los últimos siete años de gobiernos morenistas, más de 13 millones de mexicanos han dejado la pobreza.
De inmediato el gobierno se apresuró a validar los datos y se atribuyó el logro como resultado del incremento al salario mínimo y de la dispersión de dinero a través de los programas sociales.
Todos debemos recordar que previamente el régimen eliminó al Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), organismo constitucional autónomo, encargado de realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de las políticas sociales instrumentadas por los gobiernos, tomando como base las encuestas del Inegi y los datos oficiales, pero también la opinión de otros centros de investigación y de especialistas.
Aun así, sus resultados estaban sesgados porque, por ejemplo, para medir la pobreza separaban artificialmente el volumen de ingreso de las personas y la prevalencia de ciertas carencias sociales, como falta de acceso a la salud, vivienda digna o educación, entre otros, para al final únicamente considerar como “pobres” a quienes presentaran ingresos por debajo de la línea de ingreso mínimo, calculada por ellos, y presentaran varias carencias sociales.
Así, al resto de mexicanos que percibieran un ingreso superior a dicha línea, así fuera por diez pesos, y además sufrieran sólo una o dos carencias sociales, eran considerados como “vulnerables por ingresos”.
Ahora, la Enigh 2025 ha sido demoledoramente criticada por especialistas y organismos internacionales muy autorizados por falsear la realidad, utilizando una metodología todavía más sesgada que la del Coneval para “disminuir artificialmente la pobreza”.
Además, según lo ha demostrado Oxfam México, en el mismo periodo la desigualdad social se ha ensanchado, ahora los mexicanos más pobres ganan en promedio apenas 72 pesos diarios, mientras que los más ricos perciben 31 mil pesos diarios, al tiempo en que el acceso a la salud, la vivienda y los servicios básicos, la educación de calidad e infraestructura urbana para los pueblos y colonias se restringió mucho más. Por lo que de ninguna manera puede aceptarse esa artificiosa disminución de la pobreza.
Así las cosas, no podemos confiar en un gobierno que aplaude las cifras que le son favorables y que descalifica aquellas que le son perjudiciales, aunque provengan del mismo sitio; tampoco podemos confiar en instituciones al servicio del mismo gobierno, que se prestan a la tergiversación y la mentira.
Para convencernos de que las cosas están mal, basta con observar de manera crítica lo que ocurre en nuestro entorno diario y ser conscientes de todas las carencias e injusticias de las que somos víctimas diariamente.
Sin embargo, para cambiar esta realidad que no nos favorece a las mayorías del país, no basta el conocimiento empírico y espontáneo de los fenómenos sociales, hace falta generar conciencia política entre las clases trabajadoras, algo que sólo proviene del exterior, del conocimiento científico de las leyes que rigen a la sociedad y del estudio profundo.
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