El 12 de junio, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ciberseguridad en Puebla, que pretende sancionar los delitos digitales como el ciberasedio, la usurpación de identidad, el espionaje digital y otros actos de violencia digital con penas de hasta tres años de prisión.
Sin embargo, la nueva ley aprobada por el Congreso de mayoría morenista también es conocida como la “Ley censura” por los analistas, políticos, periodistas, expertos en seguridad y hasta por Amnistía Internacional y la ONU.
El verdadero propósito de la reforma regresiva y retrógrada, dizque en materia de ciberseguridad, es atentar contra la libertad de expresión, contra las voces críticas que la administración armentista no ha podido doblegar.
El argumento es que la ambigüedad en la nueva ley se presta para acallar voces que son críticas del gobernador Alejandro Armenta Mier y de los funcionarios del Gobierno estatal.
La propuesta de la ley fue hecha por el diputado de Morena José Luis García Parra, en noviembre de 2024. Nadie le hizo mucho caso y la propuesta quedó congelada hasta junio de 2025, cuando las cuentas en Twitter de La Aldea Poblana y de otros medios informativos difundieron señalamientos contra Armenta Mier y algunos integrantes de su gabinete.
En teoría, esta ley busca proteger a la población en su navegación por medios digitales, particularmente a menores de edad y personas vulnerables. Sin embargo, la coincidencia temporal del desempolve de la iniciativa con las críticas contra el gobierno del estado genera sospechas respecto a si busca proteger a las víctimas de acoso o blindar a la élite política del escrutinio público.
El verdadero propósito de esta reforma regresiva y retrógrada dizque en materia de ciberseguridad es atentar contra la libertad de expresión, contra las voces críticas y líderes de opinión en redes sociales y medios digitales que la administración armentista no ha podido doblegar por la vía del chayote o los convenios de publicidad, y controlar lo que se publica y difunde en plataformas de internet y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, afirmó el periodista Rodolfo Ruiz.
Entre 2018 y 2024, al menos 22 procesos judiciales han sido iniciados contra periodistas poblanos por el ejercicio de su labor informativa. La mayoría de estos casos han sido impulsados por funcionarios públicos a través de demandas por daño moral, denuncias ante instancias administrativas como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) o investigaciones fiscales que, en lugar de buscar justicia, han funcionado como mecanismos de castigo y disuasión.
El medio e-consulta y su director, Rodolfo Ruiz, concentran más de la mitad de estos casos, con al menos siete demandas civiles y otras tres adicionales interpuestas por actores cercanos al poder estatal.
La represión se ha consolidado como una herramienta de la Cuarta Transformación. Como en el caso de Campeche, donde gobierna Morena con Layda Sansores y donde existe una grave situación de represión contra periodistas.
El caso más emblemático es el de Jorge González, exdirector del diario Tribuna Campeche, quien ha denunciado ser víctima de una persecución política y judicial. Fue detenido violentamente el 9 de abril de 2025, esposado y golpeado, y aunque obtuvo un amparo, permaneció detenido 48 horas. También se le impuso una multa de 2 millones de pesos y amenaza con perder su casa si no la paga, todo como parte de un proceso judicial que le prohíbe ejercer el periodismo por dos años y ha obligado al cierre temporal de su medio.
Otro caso que alerta sobre el aumento de restricciones a la libertad de expresión es el de Karla Estrella, una mujer de Hermosillo, Sonora, que escribió en X: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyera a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas, cero dudas”.
Karla hacía referencia a quien en ese momento era diputada local en Sonora, se presentaba a la Cámara federal y está casada con Gutiérrez Luna, integrante de Morena y presidente de la Cámara de Diputados del país. Por ese tuit, tendrá que pedir disculpas durante 30 días, pagar una multa, tomar un curso de género y estar inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE durante un año y medio. Barreras la denunció por violencia política de género y el Tribunal Electoral Federal la sancionó.
En Tamaulipas, el gobernador morenista Américo Villarreal ha tomado medidas represivas contra periodistas críticos como Héctor de Mauleón, quien ha enfrentado denuncias judiciales y acoso.
Organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional han alertado sobre un incremento exponencial de denuncias judiciales, multas, inhabilitaciones y procesos penales contra periodistas críticos de Morena, con un promedio de una semanal cada tres semanas en 2025 (Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información, Artículo 19).
El año pasado se registraron 639 agresiones contra periodistas, lo que significa una agresión cada 14 horas y un aumento del 13.9 % respecto a 2023.
En este contexto, y con millones de ojos a nivel mundial cuestionando la nueva iniciativa morenista, la cual bautizaron como “Ley mordaza”, el gobierno del estado deberá modificarla y hacer foros de discusión públicos y bien difundidos para que la ciudadanía y expertos participen y se pueda regular el acoso cibernético sin censurar la libertad de expresión ni reprimir al gremio periodístico en particular.
¿Por qué ahora se quiere controlar las redes sociales? A pesar de que se le invierte dinero a sus redes sociales, porque los medios de comunicación ya lo están, salvo honrosas excepciones.
En general, los medios poblanos no se han convertido en una voz crítica del poder, más bien han adquirido convenios publicitarios con los cuales difunden lo que hace el gobierno y lo defienden cuando se equivoca. Se cuentan con las manos los medios y periodistas críticos; en las redes sociales no pasa lo mismo.
Ante la falta de resultados contundentes, muchos ciudadanos y algunos periodistas critican a la autoridad, y eso es lo que ahora se pretende controlar con la ley del ciberacoso.
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