Como seguramente sabemos, nuestra entidad ya tiene varios años encabezando las listas de obesidad infantil a nivel nacional, cuando menos desde la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, la cual reveló que en los últimos cinco años, Tabasco ha registrado casi 50 mil casos de obesidad infantil, porque cinco de cada diez menores de entre cinco a once años presentan problemas de sobrepeso, de tal manera que el estado ocupa desde esa fecha el primer lugar nacional en dicho padecimiento.
Si la gente no se alimenta sanamente no es porque no quiera, sino porque lo que gana en el trabajo no alcanza para comprar carne, leche, huevo, pescado, cereales y frutas.
Por el lado de la obesidad en adultos, la cosa tampoco anda muy bien, porque en ese rubro hemos ocupado, desde hace tiempo, el nada honroso cuarto lugar en toda la república.
Lejos de superar el problema, este se ha venido complicando: la Secretaría de Salud (SS) acaba de diagnosticar 5 mil 170 nuevos casos de obesidad entre los tabasqueños en los poco más de seis meses que llevamos de este 2025, comprendidos entre enero y julio de este año. De acuerdo con estos datos, la obesidad mantiene en riesgo a 720 mil personas adultas, lo cual es preocupante dado que el 50 % de afectados con exceso de peso corporal pueden desarrollar otros padecimientos crónico-degenerativos como hígado graso, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2.
Debido a estos números, y los que presentan otros estados, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial y, en Latinoamérica, disputa el primer lugar con Estados Unidos.
Ante el estado que guarda esta situación, alguien pudiera pensar que no se está haciendo nada para combatir la obesidad, pero lo cierto es que sí se han tomado medidas. Aquí en Tabasco, cuando menos desde hace cinco años, en agosto de 2020 se prohibió la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas gaseosas a menores de edad, acuerdo que aprobó el Congreso del Estado en esa fecha; y todos sabemos que esta medida se replicó a nivel nacional, y la prohibición de la venta de “comida chatarra” en las escuelas de todo el país entró en vigor el 29 de marzo de este año 2025.
Pero el problema no es nuevo, ni el remedio tampoco. Antes de esa fecha, los despectivamente catalogados por la 4T como “gobiernos del pasado”, enfrentándose seguramente a una realidad similar a la actual, venían ensayando exactamente las mismas prohibiciones: en enero de 2010 el entonces presidente Felipe Calderón puso en marcha el Acuerdo Nacional por la Salud y la Alimentación (ANSA), que llevaba como propósito “mejorar la salud y la alimentación de la población mexicana, particularmente de los niños, a través de la prevención del sobrepeso y la obesidad”; se enfocaba en promover hábitos alimenticios saludables, aumentar el consumo de agua simple, frutas y verduras, y reducir el consumo de alimentos procesados con alto contenido de azúcares, sodio y grasas. La resolución incluía lineamientos para la venta de alimentos en escuelas.
De igual forma, la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y las Diabetes” que instrumentó el gobierno de Peña Nieto, y que entró en vigor en mayo de 2014, se enfocaba en “mejorar el bienestar de la población a través de tres pilares: promoción de la salud, acceso a servicios médicos y política fiscal”. Buscaba estabilizar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, y reducir la mortalidad prematura por diabetes.
En ambos casos, igual que hacen ahora los gobiernos “cuatroteístas”, se prohibía el expendio de comidas chatarra en las escuelas y se anunciaba que a partir de esa fecha sólo se venderían jícamas, cocos y naranjas con chile y aguas de frutas naturales. Y si todo esto es cierto, ¿por qué entonces siguen creciendo los índices de obesidad quince años después? La respuesta es una: porque la medicina no es la adecuada para curar el mal.
Todo mundo, hasta la propia 4T, puede darse cuenta de que si la gente no se alimenta sanamente no es porque no quiera, sino porque lo que gana en el trabajo no alcanza para comprar carne, leche, huevo, pescado, cereales y frutas; por lo tanto, se ve obligado a “llenar el estómago” con alimentos de menor calidad.
Y aquí viene la pregunta obligada: si los gobernantes actuales (que pregonan una y otra vez que no son como los de antes) se dan cuenta de que para combatir la obesidad hay que mejorar los salarios y dar acceso oportuno a medicamentos, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque es más fácil y más barato hacer demagogia exactamente igual que los “gobiernos del pasado”, que enfrentar a las grandes empresas para obligarlas a mejorar los salarios de los trabajadores; es más fácil ponerle a un producto la etiqueta de “Exceso de grasas” que prohibirle a la empresa que produce ese tipo de “alimentos” que siga envenenando a nuestros niños; es más fácil echarle la culpa a una humilde ama de casa por dar de comer a sus hijos una sopa instantánea, que poner a su disposición mejores ingresos económicos y atención médica oportuna, con abasto suficiente de medicamentos gratuitos.
Los gobernantes actuales pueden gritar a los cuatro vientos que no son iguales a los de antes; pero en el problema de la obesidad y el sobrepeso (y otros que no mencionamos para no desviarnos del tema), nos damos cuenta de que sus acciones son idénticas a las del panista Felipe Calderón y del priista Peña Nieto; luego entonces, ¿son iguales o no? y ¿hasta cuándo lo permitiremos? Usted, amable lector, tiene la palabra.
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