En los últimos meses, las declaraciones y amenazas abiertas lanzadas desde Washington por Donald Trump sobre intervenir militarmente en suelo mexicano bajo el pretexto de "combatir al narcotráfico" han comenzado a sonar con insistencia, y para la clase trabajadora de San Luis Potosí —que sostiene con su sudor la industria, el campo y los servicios de nuestra patria— estas advertencias no pueden tomarse como simple retórica electoral o charlatanería de micrófono, pues el peligro es real e ignorarlo sería un error histórico. Quien crea que las tropas o las bombas estadounidenses vendrían a traernos paz y seguridad desconoce la historia, ya que la agresividad de la Casa Blanca no surge de una posición de fortaleza, sino del desespero de una potencia en decadencia que ve cómo su dominio global es contrarrestado por el avance de potencias emergentes como China o Rusia. Ante la pérdida de su hegemonía económica, el imperio estadounidense recurre a lo que mejor sabe hacer: mostrar los colmillos, amenazar con la fuerza militar e invadir a naciones soberanas.
Nos preguntamos con legítima indignación si realmente le importa al gobierno estadounidense la seguridad de las familias mexicanas un mandatario o un régimen que dentro de sus propias fronteras ha mantenido una política migratoria agresiva, humillando, persiguiendo y criminalizando al mismo pueblo trabajador. Si en verdad existiera en Washington una intención genuina de acabar con el narcotráfico, empezarían por presentar resultados dentro de su propio territorio, desmantelando los gigantescos cárteles de distribución que operan en sus ciudades y deteniendo el flujo ilícito de capitales. Mover toneladas de droga y lavar miles de millones de dólares no ocurre en la oscuridad total; requiere de la complicidad y corrupción de amplias estructuras de su administración, desde aduanas y policías locales hasta jueces y altos funcionarios.
Más aún, la propia clase capitalista estadounidense está sumergida hasta el cuello en este negocio multimillonario, al punto de que los recursos del crimen organizado no son una anomalía externa, sino un pilar integrado al propio cuerpo del sistema financiero global. No se trata de una sospecha sin fundamento: el propio exdirector de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio Maria Costa, reveló públicamente que durante la devastadora crisis financiera de 2008, cerca de 352 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico y el crimen organizado fueron absorbidos por el sistema bancario comercial. En un momento en que el crédito interbancario estaba congelado y el sistema colapsaba, el dinero líquido del narcotráfico fue la única liquidez que salvó a grandes bancos estadounidenses y europeos de la quiebra total. ¿Se puede creer entonces en el combate al narco de un imperio cuya banca se rescata con las ganancias de ese mismo tráfico?
A la par de este negocio financiero, la catástrofe social que vive Estados Unidos en materia de salud pública pone en evidencia la podredumbre de su propio modelo. De acuerdo con la propia Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud (NSDUH) de la agencia gubernamental SAMHSA, más de 48 millones de estadounidenses padecen un trastorno por consumo de sustancias, una cifra dramática que refleja la profunda crisis existencial de esa sociedad y su total incapacidad gubernamental para rescatar a su propia población. Peor aún, las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirman que las sobredosis se han convertido en una epidemia nacional que cobra más de 100,000 vidas de estadounidenses cada año, impulsada por el mortal fentanilo. Esta tragedia humanitaria no la causó el pueblo mexicano, sino la voracidad impune de las corporaciones farmacéuticas multimillonarias que engancharon a su propia ciudadanía a los opioides por puro afán de lucro, sumado a un sistema médico privado que niega tratamiento a más del 80% de las personas con adicciones. Pretender culpar a México de la descomposición social y de la crisis de adicciones en Estados Unidos es de una hipocresía intolerable.
Ahora analicemos qué ocurre cuando esta nación interviene un país bajo la bandera de llevar "democracia", "libertad" o "seguridad". Las cifras de las instituciones internacionales muestran con crudeza el rastro de devastación que dejan a su paso: según investigaciones del proyecto Costs of War (Los costos de la guerra) de la Universidad de Brown, las guerras e intervenciones de Estados Unidos tras el 11 de septiembre en lugares como Irak, Afganistán, Siria y Libia han provocado directamente la muerte de más de 940,000 personas —de las cuales más de 432,000 eran civiles inocentes— y un total estimado de entre 4.5 y 4.7 millones de muertes violentas e indirectas debido a la destrucción de hospitales, redes de agua y sistemas de salud, además de dejar a más de 38 millones de personas desplazadas de sus hogares. En el norte de África y el Medio Oriente no dejaron democracia, sino países arrasados, fragmentados y sometidos a la miseria. Incluso en nuestra América Latina, el acoso y las sanciones hacia naciones como Venezuela esconden el verdadero propósito que los propios mandatarios de Washington han admitido sin vergüenza: apoderarse de sus recursos naturales y del petróleo.
Los mexicanos debemos abrir muy bien los ojos y entender de una vez por todas que nuestro vecino del norte jamás se preocupará por el bienestar de nuestro pueblo, y que por lo mismo debemos ser los primeros en preocuparnos y defender a nuestro país. La defensa de la patria no se logra con discursos huecos ni de la mano de políticos entreguistas vende-patrias que hoy piden la intervención extranjera en suelo nacional. Una auténtica soberanía nacional pasa necesariamente por construir condiciones de vida dignas para la clase trabajadora: salarios justos, vivienda digna, estabilidad laboral, educación política y el pleno respeto a la organización popular y sindical. La clase trabajadora consciente y organizada es y debe ser el único fundamento real para la defensa de México. Ante la amenaza inminente del imperialismo y la complicidad de las élites, la respuesta del pueblo potosino debe ser una sola: organización popular, conciencia de clase y defensa irrestricta de nuestra soberanía.
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