• Más de 745 mil afectados evidencian una red rebasada por el consumo
En Yucatán, quedarse sin luz dejó de ser un hecho extraordinario. Para miles de familias, comerciantes y trabajadores, los apagones se han convertido en un problema recurrente. Basta una falla en una línea, una tormenta, el aumento de la demanda o un problema en alguna central para que colonias enteras queden a oscuras.
Por su ubicación geográfica, Yucatán no puede recibir electricidad del resto del país con la misma facilidad que otras regiones; cuando falla una línea importante, las alternativas son limitadas.
Uno pudiera preguntarse ¿por qué se va tanto la luz en Yucatán? Y la respuesta no puede reducirse al calor, las lluvias o, como ocurrió recientemente, al vandalismo. Estos factores pueden provocar interrupciones, pero el problema de fondo es más profundo: la península arrastra una infraestructura eléctrica vulnerable, con poca capacidad de respaldo ante fallas y una demanda que crece más rápido que la infraestructura disponible.
La noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre ocurrió uno de los apagones más importantes de los últimos meses. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la salida de dos líneas de alta tensión afectó a 745 mil 533 usuarios en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.
Yucatán fue el estado más afectado: 430 mil 840 usuarios, equivalentes al 58 % del total, quedaron sin servicio. La CFE atribuyó el problema a actos de vandalismo y posteriormente informó que el suministro fue restablecido completamente alrededor de las 3:08 de la madrugada.
De acuerdo con el periódico PorEsto, en poco más de año y medio se registraron al menos cinco apagones masivos en la península, con una cifra acumulada cercana a 3.3 millones de afectaciones.
Uno de los más graves ocurrió el 26 de septiembre de 2025, cuando alrededor de 2.26 millones de usuarios quedaron sin electricidad debido a una falla en infraestructura de transmisión que provocó la salida de nueve centrales, con una capacidad conjunta de 2 mil 174 megawatts.
Esto demuestra que no estamos ante un problema aislado. La península tiene una vulnerabilidad particular, principalmente en materia de transmisión. Por su ubicación geográfica, Yucatán no puede recibir electricidad del resto del país con la misma facilidad que otras regiones; cuando falla una línea importante, las alternativas son limitadas. A esto se suma el crecimiento de la demanda.
Yucatán es uno de los estados más calurosos del país y, cuando aumentan las temperaturas, también lo hace el uso de ventiladores y aires acondicionados. La demanda eléctrica de la península puede acercarse a los 3 mil megawatts en los periodos de mayor consumo. La CFE señala una demanda máxima regional cercana a 2 mil 992 MW.
El dato más reciente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ayuda a dimensionar el problema; al mediodía del 4 de septiembre de 2026, la región peninsular registró 2 mil 289 MW de demanda neta frente a 2 mil 2 MW de generación neta. La diferencia debía cubrirse mediante intercambios con otras regiones.
Esto no significa que cada diferencia provoque un apagón, pero sí evidencia que la península no siempre genera localmente toda la electricidad que consume y depende del respaldo de la red. La propia CFE y el gobierno de Yucatán reconocen que uno de los principales retos está en la transmisión y distribución.
En julio de 2026, el gobierno estatal informó que la CFE había invertido más de 700 millones de pesos entre 2025 y 2026 para atender necesidades de la red eléctrica. Tan sólo en 2025 se ejecutaron 174 proyectos que incorporaron 50 MVA a la red, mientras que para 2026 se contemplaron 297 proyectos, incluidos 204 transformadores de distribución y ampliaciones de subestaciones por otros 70 MVA.
Las inversiones son necesarias, pero también revelan que existen rezagos que deben atenderse con urgencia. Porque un apagón no significa únicamente quedarse sin ventilador o aire acondicionado. Significa alimentos que pueden echarse a perder, negocios que dejan de vender, restaurantes que pierden mercancía, trabajadores que no pueden operar, semáforos que dejan de funcionar y posibles afectaciones a servicios esenciales.
Para una familia de bajos ingresos, una jornada sin electricidad puede significar perder alimentos, medicamentos que requieren refrigeración o incluso la posibilidad de trabajar desde casa.
Por eso, no todo puede atribuirse al calor, este sí agrava el problema, pero no lo explica completamente. Los apagones pueden deberse a fallas de transmisión, salidas de centrales, fenómenos meteorológicos, problemas locales de distribución o vandalismo.
Yucatán está creciendo. Crece Mérida, aumentan las zonas habitacionales y se expande la actividad turística, industrial y comercial. Con ello también crece el consumo de electricidad. La demanda del siglo XXI no puede sostenerse con una infraestructura planeada para las necesidades de décadas anteriores.
Yucatán no puede acostumbrarse a vivir con la incertidumbre de si habrá electricidad mañana. Se necesita fortalecer la generación, pero también, y de manera urgente, la transmisión, las subestaciones y las redes de distribución; aumentar la redundancia del sistema y garantizar el mantenimiento permanente.
Porque si una sola falla puede dejar a cientos de miles de familias sin luz, el problema no está únicamente en aquello que falla, sino en un sistema que todavía no tiene suficientes alternativas cuando algo falla.
Mientras las autoridades hablan de inversiones futuras, las familias yucatecas siguen esperando algo mucho más sencillo: que cuando paguen su recibo y abran el interruptor, haya luz. Eso no debería ser un privilegio; debería ser un derecho garantizado.
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