• Durango registra 60 mil niños laborando por bajos sueldos y a nivel nacional el Inegi reporta 3.5 millones
México lleva años posando con la bandera de los derechos de la niñez, pero la realidad se empeña en desmentir el discurso oficial. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 del Inegi revela que 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y diecisiete años realizan trabajo infantil en el país.
De ellos, 1.6 millones se encuentran en ocupación no permitida, es decir, actividades prohibidas por su edad o que ponen en riesgo su salud y desarrollo.
La cifra es brutal, pero se vuelve aún más indignante cuando se observa el mapa: en dieciocho de las 32 entidades, más del 90 % de la población menor de edad ocupada realiza labores no permitidas.
No es un problema marginal; es una práctica normalizada que atraviesa el territorio nacional. El caso de Durango merece una mención aparte.
Según los datos recién publicados, la entidad registra una tasa de trabajo infantil del 13.7 %, por encima de la media nacional del 12.6 %.
Esto significa que más de 60 mil menores duranguenses trabajan, y lo más grave: la tasa de ocupación no permitida en el estado se sitúa en 7.5 %, también superior al promedio nacional de 6.6 %.
Durango no sólo no ha resuelto el problema, sino que se ha convertido en el estado con mayor tasa de trabajo infantil en el norte del país.
Mientras Coahuila mantiene indicadores a la baja, la entidad duranguense escala en una tendencia que debería avergonzar a cualquier gobierno que se precie de proteger a la infancia.
Frente a este panorama, el Movimiento Antorchista ha señalado con claridad que el trabajo infantil no se resuelve con prohibiciones ni campañas de contención, sino atacando sus causas estructurales.
Los programas de becas y apoyos focalizados no compensan la precariedad salarial de las familias. De poco sirve decirle a un padre que su hijo no debe trabajar si ese padre gana un salario que no alcanza para la canasta básica.
En Durango, el 66 % del sector formal percibe ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, según datos oficiales.
Sin una redistribución real del ingreso, las campañas de concienciación y los operativos de rescate de menores serán parches que no detendrán la hemorragia.
La ecuación es perversa: si el adulto no gana lo suficiente, el menor termina en la calle, en el campo o en el comercio informal, engrosando las filas de esa estadística que el Inegi contabiliza con frialdad.
El Movimiento Antorchista ha planteado que la raíz del problema está en un modelo económico que concentra la riqueza y condena a la mayoría a la sobrevivencia. Se podrá estar de acuerdo o no con su ideario, pero los datos dan la razón.
La ENTI 2025 muestra que las actividades agrícolas, forestales y pesqueras concentran el 27.7 % de la ocupación no permitida infantil; los servicios, el 27.3 %, y el comercio, el 24.5 %.
Son los sectores donde la informalidad y la falta de protección laboral campean a sus anchas. No es casualidad que los hogares con población en trabajo infantil reporten como problema grave la pérdida de ingresos por un trabajo remunerado y los precios elevados de los productos alimenticios.
La pobreza no es un telón de fondo; es el motor. La legislación mexicana es clara: la Constitución prohíbe el trabajo por debajo de los quince años y establece restricciones para los adolescentes de quince a dieciséis años, con jornadas máximas de seis horas.
Sin embargo, la ley existe en el papel y la realidad la desborda. En Durango, el DIF municipal ha reportado el rescate de menores que trabajaban o pedían dinero en cruceros, y recibe entre diez y doce reportes semanales por esta situación.
La fiscalización es insuficiente, pero el problema de fondo es que no hay condiciones económicas para que las familias prescindan del ingreso que aportan los menores.
El Movimiento Antorchista ha insistido en cuatro ejes que podrían revertir la tendencia: salarios dignos, empleo para todos, reorientación del gasto público hacia los más pobres y una política fiscal progresiva.
Es una agenda que trasciende el tema del trabajo infantil, pero que lo atraviesa de principio a fin. Sin una redistribución real del ingreso, las campañas de concienciación y los operativos de rescate de menores serán parches que no detendrán la hemorragia.
Durango es un espejo de lo que ocurre en gran parte del país. Tiene los números, tiene los testimonios y tiene, también, las advertencias de quienes llevan años señalando que el problema no es de conciencia individual sino de estructura económica.
Ignorar esas voces mientras se presume de avances en derechos de la niñez es una hipocresía que los 3.5 millones de menores trabajadores de México no merecen.
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