• El MAN exige frenar el hostigamiento hacia líderes sociales en Querétaro
En México, organizarse para exigir mejores condiciones de vida no debería ser motivo de persecución, intimidación ni amenazas. Sin embargo, para quienes hemos visto de cerca la lucha del Movimiento Antorchista, resulta preocupante que, una vez más, aparezcan hechos que ponen en riesgo la integridad de quienes encabezan la organización popular y de quienes participan en ella.
Una amenaza contra un dirigente social es también una amenaza contra todos aquellos ciudadanos que participan en la organización y que ejercen su derecho a exigir que las autoridades atiendan sus necesidades.
Durante más de 52 años, el Movimiento Antorchista ha recorrido comunidades, colonias y pueblos de todo el país organizando a los sectores más necesitados para exigir servicios básicos, vivienda digna, agua potable, pavimentación, educación, salud y mejores condiciones para las familias trabajadoras. Esa actividad, lejos de ser un delito, forma parte de los derechos de organización, expresión y petición reconocidos por la Constitución.
Pero parece que para algunos gobernantes resulta incómodo que el pueblo se organice y levante la voz en favor de los que menos tienen.
Hoy debemos mirar con especial atención lo que está ocurriendo en el estado de Querétaro. El Comité Estatal del Movimiento Antorchista en esa entidad denunció amenazas de muerte contra su dirigente estatal, Jerónimo Gurrola Grave, mediante mensajes electrónicos enviados desde cuentas que, de acuerdo con la organización, habrían sido creadas con ese propósito.
La denuncia adquiere todavía mayor gravedad porque, según el comunicado difundido por el Comité Estatal, una persona habría recibido el encargo de dar seguimiento a los movimientos del dirigente, incluyendo sus horarios, actividades y medio de transporte.
Si estas acusaciones son ciertas, estamos frente a una situación que no puede minimizarse ni dejarse pasar. Una amenaza contra un dirigente social es también una amenaza contra todos aquellos ciudadanos que participan en la organización y que ejercen su derecho a exigir que las autoridades atiendan sus necesidades.
Y aquí está precisamente el punto que debe discutirse: ¿por qué tendría que ser peligroso organizarse para pedir agua potable, drenaje, pavimentación, vivienda o educación?
Las demandas que el Movimiento Antorchista señala en Querétaro no son privilegios. Son necesidades elementales de miles de familias. Entre ellas se encuentran la dotación de agua potable, la construcción de alcantarillado, la pavimentación de caminos, el mejoramiento de vivienda y la asignación de una clave de centro de trabajo para una preparatoria, además de otras demandas de comunidades que, según la organización, permanecen sin solución.
Cuando las instituciones no responden oportunamente a las necesidades de la población, el pueblo tiene derecho a organizarse, gestionar y manifestarse. Esa es precisamente una de las funciones de la organización social: convertir las necesidades individuales en demandas colectivas y buscar soluciones mediante la participación organizada.
Por ello, resulta indispensable que las autoridades correspondientes investiguen de manera seria, imparcial y expedita el origen de las amenazas denunciadas. No basta con condenar los hechos en el discurso.
Se debe esclarecer quién está detrás de los mensajes, determinar si existe algún responsable y garantizar plenamente la seguridad de Jerónimo Gurrola Grave y de todos los integrantes del Movimiento Antorchista en Querétaro.
No debemos olvidar que la historia reciente de México ha demostrado que las amenazas contra dirigentes sociales pueden convertirse en hechos mucho más graves cuando las autoridades ignoran las señales de alerta.
El silencio institucional solamente genera incertidumbre y puede abrir la puerta a que quienes amenazan se sientan con libertad para continuar actuando.
También llama la atención que, a lo largo de los años, el Movimiento Antorchista haya enfrentado señalamientos y campañas de desprestigio provenientes de distintos sectores políticos.
La organización ha sostenido que su lucha es pacífica y que su propósito fundamental es educar y organizar al pueblo para que participe en la solución de sus propios problemas.
Hoy, cuando Antorcha plantea incluso la posibilidad de convertirse en una fuerza política nacional emanada de la organización popular, resulta todavía más importante defender el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin miedo a ser perseguidos o intimidados.
No se puede hablar de democracia mientras se pretenda silenciar a quienes piensan diferente o cuestionan las decisiones de los gobiernos. La democracia no consiste solamente en votar cada cierto número de años; también significa garantizar que los ciudadanos puedan organizarse, expresar sus inconformidades y exigir cuentas a quienes gobiernan.
Por eso, las amenazas denunciadas en Querétaro deben preocuparnos a todos, independientemente de la filiación política de quien gobierne. No se trata de defender a un partido contra otro.
Se trata de defender un principio elemental: nadie debe ser amenazado por organizarse y luchar pacíficamente por mejores condiciones de vida.
El Movimiento Antorchista ha anunciado que continuará desarrollando sus actividades de manera organizada y pacífica, como lo ha hecho durante más de 52 años.
Si realmente queremos un país democrático, debemos entender que la organización del pueblo no es una amenaza para la sociedad. La verdadera amenaza es una sociedad desorganizada, indiferente y resignada ante la pobreza y la desigualdad.
Por eso, frente a cualquier intento de intimidación, la respuesta debe ser más organización, más participación y más defensa de los derechos ciudadanos.
Que se investiguen las amenazas. Que se castigue, conforme a la ley, a quien resulte responsable. Y que quede claro que organizar al pueblo para luchar por una vida mejor no es un delito: es un derecho.
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