La Inversión Extranjera Directa (IED) es un indicador del desempeño económico y, en cierta medida, de la dependencia que se tiene respecto del extranjero. Se define como la colocación de capitales a largo plazo en un país distinto al de su origen. A diferencia de la inversión «de papel» —es decir, la que se realiza en la bolsa de valores, conocida como inversión extranjera de cartera o indirecta—, la IED tiene presencia física en el país donde se invierte. Como ejemplo de ello se encuentran quienes invierten desde cero mediante la instalación de una empresa con capital externo; quienes se fusionan para adquirir una firma existente (tal como sucedió cuando Heineken absorbió a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma); o bien quienes operan mediante la reinversión de utilidades, caso de las farmacéuticas como Bayer o Pfizer que reinvierten en territorio nacional parte de sus ganancias generadas en lugar de repatriarlas.
Con las reformas estructurales instrumentadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la IED se incrementó. Frente al flujo total acumulado de 160 mil millones de dólares registrado con Felipe Calderón —equivalente a un promedio anual de 26 mil 600 millones de dólares y un máximo de 33 596 millones en 2007—, la cifra ascendió a 218 mil millones de dólares con Peña Nieto, con un promedio anual de 36 mil 300 millones y un pico de 48 mil 354 millones de dólares en 2013. En términos absolutos, la IED se incrementó en 58 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 36.25 %.
Por otro lado, dadas las restricciones y reformas contrarias al modelo neoliberal impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, cabía esperar una reducción significativa de la IED en México como respuesta a la incertidumbre derivada de los cambios legislativos y la eliminación de privilegios a los sectores dominantes. Sin embargo, el resultado llama la atención: a pesar de la pandemia del año 2020 —periodo en el que se observó la caída más pronunciada de la IED—, la inversión fija acumulada total durante el gobierno de López Obrador alcanzó los 212 mil millones de dólares; es decir, sólo ocho mil millones de dólares menos que con Peña Nieto. El promedio anual fue de 35 mil 300 millones de dólares, apenas mil millones por debajo (lo que, considerando la crisis sanitaria global, pudo haber sido superior).
Lo anterior permite explicar a la clase trabajadora que el discurso oficial manejaba una narrativa de «primero los pobres» y «viva la soberanía», mientras que, en los hechos, se ratificó un tratado de libre comercio desproporcionado, acompañado de un adéndum perjudicial para el país. Dicho acuerdo incluyó una cláusula que impide a México concretar convenios comerciales benéficos con China, debido a que el equipo de negociación se doblegó ante la presión estadounidense. La norma exige evitar acuerdos comerciales con naciones cuyos gobiernos no sean considerados democráticos. No obstante, cabe cuestionar quién define tal condición: Estados Unidos. Es así como la propia nación se cierra la puerta a alianzas comerciales favorables con China, pues desde la perspectiva norteamericana —cuyo sistema político bipartidista deposita la elección presidencial en un colegio electoral donde sectores de altos ingresos y menor densidad poblacional representan el mismo peso que zonas populares con mayor población— se dictamina que China no es una democracia.
Sólo un pueblo unido, organizado y consciente puede hacer valer plenamente la soberanía nacional y trazar el camino hacia su emancipación.
Al analizar la continuidad gubernamental, puede sostenerse que la administración de Claudia Sheinbaum se alinea con la trayectoria trazada por los gobiernos previos al buscar el fortalecimiento de la IED, priorizando la procedencia norteamericana sobre la china. En comparación con 2019, primer año de la presidencia de López Obrador en el que se captaron 33 mil 596 millones de dólares, bajo la actual administración la cifra ascendió a 40 mil 871 millones de dólares, lo que representa un incremento de siete mil 275 millones respecto a aquel primer ejercicio.
El problema de fondo es de mayor alcance. La presidenta envió recientemente al Senado de la República una iniciativa sobre la IED orientada, con alta probabilidad, a proteger los intereses de los inversionistas y del capital norteamericano para contener la influencia de China en la región. La propuesta establece un «escrutinio obligatorio» para participaciones superiores al 49 % del capital social, requiriendo la autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando un capital externo pretenda adquirir el control mayoritario de una empresa mexicana. En la práctica, esto representa una barrera para frenar y fiscalizar las inversiones chinas en México, supeditando la política económica a las prioridades de Estados Unidos en lugar de atender las necesidades de los trabajadores mexicanos.
Existe una discrepancia entre la retórica política y la realidad económica. No se puede apelar a la soberanía cuando las mercancías de buena calidad y bajo costo provenientes de China se encarecen para la población debido a la imposición de aranceles estatales que elevan su precio en un 25 %, perjudicando directamente al consumidor nacional que debería verse beneficiado por acuerdos comerciales convenientes.
Por estos motivos, las decisiones clave se toman sin consultar al pueblo, alineando las cúpulas de poder nacionales con las estadounidenses y vulnerando la soberanía. El pueblo debe unirse, organizarse, informarse y prepararse para la transformación social. La juventud requiere banderas de lucha dirigidas a construir una sociedad más justa, así como un modelo educativo renovado que responda a esa nueva realidad, en consonancia con el planteamiento marxista de transformar la sociedad para transformar la educación.
Sólo un pueblo unido, organizado y consciente puede hacer valer plenamente la soberanía nacional y trazar el camino hacia su emancipación.
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