La infraestructura deficiente y el abandono institucional agravan la crisis hídrica que padecen cientos de familias en comunidades indígenas y rurales del estado
En medio de una fuerte sequía que no cesa, comunidades rurales del norte de Sinaloa enfrentan una escasez de agua que amenaza con agravarse ante los escenarios futuros que indican un estrés hídrico extremadamente alto para la región en el corto, mediano y largo plazo. Deficiencias en la infraestructura, problemas de calidad y omisiones de parte de las autoridades agravan el problema.
Un metro de altura respecto a las casas de sus vecinos hace la diferencia entre tener agua o no para Rosalba Herrera, habitante de la comunidad de Las Higueras de Los Natoches, en el municipio de El Fuerte, al norte de Sinaloa.
Las Higueras de Los Natoches es una comunidad rural de menos de 500 viviendas y alrededor de mil 600 habitantes, de los cuales el 34.89 % pertenece a una cultura indígena, principalmente a la etnia mayo-yoreme.
El que su hogar esté ubicado a las faldas de una loma le niega su derecho de acceso al agua, pues, a pesar de contar con una conexión a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF), a veces dura hasta dos semanas sin que la manguera con la que llena sus tambos y cubetas le brinde el recurso tan necesario para la vida cotidiana.
“Ahí está la manguera, ahí la tengo tirada, abierta por si acaso llega para darme cuenta. Más de dos semanas, como quince días tengo ya sin agua”, denunció la mujer.
A unos cuantos metros de distancia, varios de sus vecinos sí cuentan con el servicio, aunque también de manera limitada e intermitente. El agua a veces va, a veces viene, y la mayoría del tiempo es de mala calidad.
Cuando Rosalba tiene oportunidad de llenar sus recipientes, tras unos días el agua obtenida se torna verde y con un ligero mal olor que, denuncia ella y por lo menos otras tres mujeres de la comunidad, les provoca ronchas en la piel.
“Según está curada el agua. ¡Qué curada va a estar! Verde se pone, oiga. Verde, verde se pone, el agua no sirve”, lamenta.
Pero ante la necesidad, a ella y a su familia no les queda de otra más que utilizar esta agua, comprar agua purificada en garrafones o ir al canal cercano, cada vez más seco, para acarrear o ahí mismo lavar la ropa o bañarse.
“Estos (niños) fueron a bañarse al canal y yo ayer colé tantita agua para poderme bañar porque no sirve el agua. Con un trapo la colé”, cuenta.
A pesar de no contar con un servicio constante y de calidad, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF) le sigue cobrando el recibo del agua, que en aquel municipio consiste en una tarifa fija de 150 pesos al mes.
Pero debido a la mala calidad del servicio, son muchas las familias de esta comunidad las que acumulan fuertes deudas con la junta de agua. Tan sólo Rosalba debe más de seis mil pesos a la JAPAF, monto que se niega a pagar al considerar injusto hacerlo por un servicio que no recibe.
“Haz de cuenta que estamos arrumbados nosotros aquí, estamos aislados porque no viene nadie a revisar si nos está llegando agua o no. Pero el recibo debo seis mil y lo estamos abonando porque vienen todos los domingos a estarnos cobrando agua y ¿de dónde si no hay agua?
Nosotros nos aferramos a no pagar porque ¿cómo vamos a estar abonando y sin agua, de algo que no nos manifiesta ni nada? No es justo que estemos pagando agua y no tener nada”, reclama.
Durante los últimos años, las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH Sinaloa) por violaciones al derecho humano al acceso al agua han incrementado notoriamente, evidenciando una mayor preocupación de los sinaloenses ante el tema.
Si entre 2008 y 2019 la CEDH recibió catorce quejas, entre 2020 y 2024 la cifra se incrementó hasta las 51 quejas, lo que muestra que el número de quejas se triplicó en un periodo más corto.
Las cifras también muestran que, durante los últimos tres años, de 2022 a 2024, los principales motivos de queja ante la comisión han sido la omisión en el acceso universal (10), cobros excesivos (9) y la suspensión injustificada del servicio (7).
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