Continuamente escuchamos discursos en los eventos públicos de los funcionarios del gobierno, sobre todo de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, que se replican a través de los noticieros y las redes sociales, sobre la repartición de dinero mediante los distintos programas llamados del Bienestar: adultos mayores, personas con discapacidad, becas universales, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, que en conjunto representan una inversión cercana a los 835 mil millones de pesos.
A primera vista, eso parece una maravilla. Es una enorme cantidad de dinero que llega a los bolsillos de varios millones de mexicanos, sin importar su nivel de ingresos, incluyendo a miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
A medida que el país se endeuda, una parte importante del presupuesto se destina al pago de intereses, los cuales salen del bolsillo de la gente, limitando así los recursos para salud, educación, seguridad pública y obras de infraestructura.
Claro que, en un país como el nuestro, donde hay 100 millones de pobres —50 millones en pobreza extrema y 50 millones en situación de pobreza moderada—, como lo ha explicado el doctor en Economía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, experto en la medición de la pobreza, Julio Boltvinik, y no como afirma el gobierno con sus cifras maquilladas a través del Inegi, los 6 mil 200 pesos que reciben los adultos mayores, olvidados y manipulados como siempre, son una bendición.
Sin embargo, ¿sabemos de dónde sale, quién paga y cuáles son las consecuencias de repartir esta importante cantidad de dinero como lo hace la 4T? La respuesta es obvia.
En primer lugar, proviene de los recursos de programas sociales que el actual régimen desapareció, como es el caso del Fondo para Atender los Desastres Naturales (Fonden), el Seguro Popular, el programa Prospera, los Comedores Comunitarios, IMSS-Bienestar, las Estancias Infantiles y, bueno, hasta del dinero de las personas que tenían sus ahorros en los bancos.
En segundo lugar, este y muchos otros recursos provienen de la deuda pública; es decir, es dinero que el gobierno debe a varios acreedores nacionales e internacionales. Para darnos una idea, según información de la propia Secretaría de Hacienda del gobierno federal, al terminar el gobierno del —multiacusado por el gobierno morenista— Felipe Calderón, la deuda pública ascendía a 5.3 billones de pesos.
Enrique Peña Nieto la incrementó a 10.4 billones, y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —quien juró durante su campaña y toda su administración no endeudarse—, se elevó a 17.1 billones de pesos, superando con creces los niveles de los gobiernos “neoliberales” de Calderón y Peña Nieto.
Actualmente, en apenas un año de gobierno de Claudia Sheinbaum, la deuda pública ya asciende a 18.2 billones de pesos y se estima que, de acuerdo con los ingresos y el gasto programado, cierre 2025 con una deuda sin precedentes de 18.6 billones de pesos, o lo que es lo mismo, 18.6 millones de millones de pesos. Esta cifra equivale al 49 % de la riqueza que producen todos los trabajadores de México durante un año.
Respecto a quién paga, ya se imaginarán: el pueblo, como siempre. A medida que el país se endeuda, una parte importante del presupuesto se destina al pago de intereses, los cuales salen del bolsillo de la gente, limitando así los recursos disponibles para cubrir las áreas más importantes del país, como salud, educación, seguridad pública y obras de infraestructura en beneficio de la población, además de encarecer el crédito a los ciudadanos y a las empresas.
Igual que sucede en las familias que piden prestado a los bancos o cajas de ahorro para gastar más de lo que ingresan, el crecimiento de la deuda pública de México se debe a que el gobierno solicita préstamos para cubrir el déficit presupuestario de cada año.
El actual gobierno de la república, encabezado por Claudia Sheinbaum, igual que su antecesor, con una mano reparte recursos a través de los programas sociales —pomposamente llamados del Bienestar— con fines claramente electorales, y con la otra quita en mayor cantidad, limitando las expectativas de desarrollo y crecimiento económico de los mexicanos.
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