• Las comunidades vulnerables padecen la falta de servicios básicos por el financiamiento a obras corporativas
¿Cómo puede ser presupuestalmente más importante apoyar a 500 parques industriales y unas cuantas “megaobras” que atender las necesidades de 32 entidades federativas y más de dos mil 400 municipios, es decir, de todo el territorio nacional y de la población que lo habita?
Esta es una de las preguntas que deberían estar presentes en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
En México existe un enorme rezago en obra pública. Millones de familias siguen esperando agua potable, drenaje, pavimentación, electrificación, caminos, escuelas, hospitales y espacios deportivos.
Sin embargo, la inversión destinada a resolver estas necesidades ha sido relegada año tras año, mientras el gobierno encuentra recursos para impulsar proyectos de infraestructura destinados a facilitar la instalación y operación de grandes empresas.
La contradicción resulta evidente. Mientras en el presupuesto federal de 2026 se destinaron apenas 135 mil millones de pesos para obra pública en todo el país, el Plan México contempla inversiones por 5.6 billones de pesos durante cuatro años, una parte importante orientada a infraestructura para parques industriales.
Es decir, existen recursos cuando se trata de generar condiciones favorables para la inversión privada, pero cuando las comunidades solicitan una red de agua, un camino, una escuela o un hospital, la respuesta suele ser que no hay presupuesto.
Y esto tiene consecuencias concretas. En las colonias populares y comunidades rurales las necesidades no desaparecen porque no haya dinero para atenderlas.
Las familias continúan viviendo sin servicios básicos; los estudiantes siguen asistiendo a escuelas con instalaciones deficientes, o peor aún, sin aulas; los enfermos enfrentan carencias en los centros de salud, hospitales sin médicos ni medicinas y miles de trabajadores padecen diariamente de calles, caminos y sistemas de transporte en malas condiciones.
La obra pública no debe verse como un gasto secundario. Es una inversión social que eleva las condiciones de vida y también fortalece la economía nacional.
Construir infraestructura hidráulica, carreteras, escuelas, hospitales y sistemas de transporte beneficia directamente a la población y crea condiciones para que las comunidades puedan desarrollarse.
La política presupuestal que plantea el gobierno de Morena coloca otras prioridades por encima de las necesidades populares.
Existen recursos cuando se trata de generar condiciones favorables para la inversión privada, pero cuando las comunidades solicitan una red de agua, un camino, una escuela o un hospital, la respuesta suele ser que no hay presupuesto.
Se garantiza infraestructura, energía, agua, gas y comunicaciones para facilitar la operación de grandes capitales, incluso extranjeros, mientras los gobiernos estatales y municipales tienen que reclamar constantemente los recursos que les corresponden para atender a sus habitantes.
No se trata de estar en contra de la inversión privada ni del desarrollo industrial. México necesita producir más, generar empleos y fortalecer su economía.
Pero resulta injustificable que el Estado encuentre recursos para garantizar las condiciones de operación de grandes empresas y, al mismo tiempo, mantenga abandonadas las necesidades elementales de quienes pagan impuestos y sostienen al país con su trabajo.
El PEF 2027 debería ser una oportunidad para cambiar esta orientación. El presupuesto debe servir primero para atender las necesidades sociales y no para profundizar las desigualdades.
Si los recursos públicos son limitados, entonces debe discutirse con claridad cuáles son las prioridades y quiénes deben beneficiarse de ellas.
De continuar esta política, el rezago en estados y municipios seguirá creciendo y las consecuencias no las pagarán los gobernantes ni las grandes empresas, sino el pueblo trabajador.
Serán las familias pobres quienes continuarán sin agua, sin drenaje, sin escuelas suficientes, sin hospitales dignos y sin seguridad.
Por eso debemos exigir que la obra social vuelva a ocupar un lugar prioritario en el presupuesto nacional. El dinero público debe estar al servicio de la mayoría y no convertirse en subsidio para garantizar las ganancias de unos cuantos.
Frente a esta situación, el pueblo necesita organizarse, conocer el destino de los recursos y exigir que el presupuesto responda verdaderamente a sus necesidades.
Porque si el gobierno puede encontrar miles de millones para apoyar al capital, también debe encontrar los recursos necesarios para atender a quienes más lo necesitan.
Las obras para el pueblo no pueden seguir esperando.
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