En un nuevo atentado contra el bienestar de los mexicanos, el gobierno federal que impulsa la llamada “cuarta transformación”, respaldado por su mayoría legislativa en Morena, ha decidido recortar los recursos destinados a la atención de la salud mental.
Con esta medida, miles de personas con padecimientos psicológicos quedan abandonadas a su suerte, sin medicamentos, sin especialistas y sin políticas públicas que les ofrezcan una salida. El resultado es evidente: el problema crecerá, como ya lo viene haciendo desde hace años.
La salud mental, una de las líneas más frágiles de nuestra estructura social, ha quedado abandonada por un gobierno que presume transformación mientras recorta recursos y condena al abandono a millones de mexicanos.
No estamos frente a un asunto menor. La salud mental es una de las líneas más frágiles de nuestra estructura social: ahí donde el Estado debería reforzar la contención, ha optado por retirarse.
Es sabido que la falta de tratamiento deriva en consecuencias graves: desde cuadros depresivos que culminan en suicidio, hasta episodios de violencia que afectan familias enteras. Aun así, la prioridad del gobierno parece estar en cualquier otro sitio menos en el bienestar emocional de su población.
La crisis no surgió de la nada. Desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Seguro Popular y recortó recursos a estados y municipios, la estructura sanitaria se volvió una coladera. Los gobiernos locales hacían lo que podían; hoy, ni siquiera eso. La salud mental quedó relegada a programas simbólicos, a discursos que prometen mucho y hacen poco.
Urge, por ello, implementar políticas públicas integrales, transversales y reales. Políticas que atiendan las raíces del deterioro emocional: la falta de empleo digno, la pésima infraestructura educativa, la violencia que cruza todos los territorios y la inseguridad que ya forma parte del paisaje cotidiano. Pretender mejorar la salud mental sin atender estas causas es como intentar curar una hemorragia con un pañuelo.
El periodista Fernando Landeros lo señala con claridad: los especialistas coinciden en que se necesita invertir más en salud mental. Pero el Presupuesto de Egresos 2024 asigna apenas 1.3 % del gasto en salud a este rubro: 3 mil 819.4 millones de pesos.
Y como si no fuera suficiente, para 2025 el presupuesto total en salud sufrió un recorte del 11 %, quedando en 918.4 mil millones de pesos, equivalentes al 2.5 % del PIB, menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Además, el incremento de suicidios retrata la descomposición de un sistema gubernamental que presume estar transformando al país, mientras deja su tejido social deshilachado. Sin políticas para combatir la pobreza, sin apoyo al campo, sin una estrategia eficaz contra el crimen organizado y manteniendo asfixiados económicamente a estados, municipios y universidades, lo único que crece es la desesperanza.
La académica Verónica Viveros Vázquez, del Colmex, retoma los planteamientos de Émile Durkheim: las condiciones sociales moldean la personalidad individual y determinan la forma en que cada persona lidia con su entorno. En un país lleno de contradicciones y carencias, la presión social se convierte en un peso insoportable. Especialmente para quienes cargan, por mandato cultural, la responsabilidad económica del hogar. La pandemia de Covid-19 dejó claro que las crisis externas rebasan la capacidad emocional de millones.
Las cifras lo confirman: según el Inegi, en 2024 se registraron 8 mil 856 suicidios en México. Y aunque la tasa es menor que la de otros países, la tendencia va en aumento y el panorama no es alentador. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia señala que la desesperanza y los conflictos familiares son las principales causas.
Y es natural: ¿qué se puede esperar en una nación con precariedad laboral, violencia extendida, falta de atención médica, presiones sociales crecientes y un aislamiento digital que debilita comunidades completas?
El dato laboral es revelador: 73.1 % de quienes atentaron contra su propia vida tenían empleo. Siete de cada diez suicidios se dieron en edad laboral. El trabajo en México no sólo no garantiza bienestar, sino que en muchos casos se convierte en una fuente más de angustia.
Para completar el cuadro, en octubre se perdieron más de un millón 300 mil empleos, especialmente entre mujeres y trabajadores informales. Un golpe que recuerda que, desde la pandemia, la precariedad se ha vuelto el estado permanente de nuestra economía.
Mientras tanto, el gobierno destina sólo el 1.3 % de su ya reducido presupuesto en salud a la salud mental, mientras presume obras multimillonarias como el Tren Maya o proyectos faraónicos que no han dado resultados tangibles. La brecha de la Cobertura Universal de Salud se amplía, dejando a millones fuera del acceso básico a servicios médicos.
Así, la llamada cuarta transformación avanza hacia atrás. Un gobierno que prometió poner primero a los pobres termina condenándolos a la desatención, a la inseguridad y a la desesperanza. Un país que, en lugar de avanzar, retrocede. Un México que, lamentablemente, camina como los cangrejos.
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