La mayoría de los casos de feminicidios en México quedan archivados o impunes. Este es un fenómeno social que ha cobrado gran importancia en los últimos años. Además de no haber justicia efectiva, cuando llega a obtenerse, es tardía, lo que es inadmisible en un país en el que el feminicidio sigue siendo una de las violencias más crueles contra el sector femenino.
Y no es para menos, se trata de la violencia de género más extrema, que se traduce en el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Este tipo de violencia no sólo afecta a la vida de ellas, sino también a su entorno familiar y social.
“Puesto que es el Poder Judicial el que emite las sentencias y determina las reparaciones, y las fiscalías las que deben investigar para acreditar el delito, ambas instancias quedan a deber a las víctimas y a sus familias”.
A nivel nacional, diariamente escuchamos y vemos cómo aparecen niñas, jóvenes y ancianas muertas. En muchos casos, se trata de un crimen que se comete en el ámbito doméstico, por parte de parejas o exparejas de las víctimas.
Sin embargo, Quintana Roo no es la excepción: datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la entidad se posiciona en el sexto lugar a nivel nacional en feminicidios, con trece casos de enero a agosto de 2025; a nivel local, Benito Juárez está en quinto sitio a nivel nacional.
En el documento se describe que el 24.7 % de los crímenes a nivel nacional se concentra en 20 municipios, destacando Ciudad Juárez (trece casos), Culiacán (doce), Centro (ocho), Tijuana (ocho), Benito Juárez (siete).
Las consecuencias del feminicidio son devastadoras para las mujeres, sus familias y sus comunidades. Las mujeres que sobreviven a la violencia doméstica y al feminicidio suelen sufrir graves secuelas físicas y psicológicas.
Además, el feminicidio tiene un impacto negativo en el desarrollo social y económico de los países, ya que aparta a las mujeres de la toma de decisiones del país, de participar activamente en la vida pública y en el desarrollo económico.
No cabe duda de que la reparación integral del daño a las víctimas de feminicidio continúa siendo un pendiente de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que juzgadores, ministerios públicos y fiscalías especializadas en el tema deben hacer esfuerzos adicionales, señala María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“Puesto que es el Poder Judicial el que emite las sentencias y determina las reparaciones, y las fiscalías las que deben investigar para acreditar el delito, ambas instancias quedan a deber a las víctimas y a sus familias”, puntualizó.
Aunque el Congreso de la Unión reconoce el feminicidio como un delito específico, ello refleja la gravedad de esta violación de derechos humanos. Paradójicamente, la implementación efectiva de políticas públicas para combatir este delito enfrenta desafíos, entre ellos la falta de recursos, la insuficiencia de capacitación para las fuerzas del orden y el sistema judicial, y la normalización cultural de la violencia contra las mujeres.
Para combatir el feminicidio es necesario abordar las causas subyacentes de la violencia de género y promover la igualdad de género. Esto implica la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, al empleo y a la justicia para las mujeres.
Por eso, el Movimiento Antorchista ve la luz del camino, del cambio verdadero desde una perspectiva diferente. Porque es necesario garantizar y fomentar la participación de las mujeres en la vida política y en el desarrollo económico, además de promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Como todos los seres humanos, las mujeres son entes sociales; su participación activa y equitativa en todos los ámbitos sociales es un derecho fundamental y esencial para el progreso de la sociedad. Son capaces de educarse, transformarse y sumarse a la lucha en contra de la injusticia social; es indispensable luchar no sólo para que sus derechos sean intocables, sino también por un mundo justo e incluyente.
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