La actual administración del gobierno federal ha venido cometiendo varios errores en la concepción de la realidad de los mexicanos. Aunque suene trillado, pareciera que los funcionarios viven en una realidad alterna: esa donde no hay corrupción, donde tenemos un sistema de salud igual o mejor que el de Dinamarca, donde hay educación de calidad para todos, donde no existe violencia ni crimen, donde los obreros ganan un salario digno y alcanza para comprar la canasta básica.
Aunque suene trillado, pareciera que los funcionarios viven en una realidad alterna: donde no hay corrupción, tenemos un sistema de salud igual o mejor que el de Dinamarca, donde hay educación de calidad para todos, donde no existe violencia…
Esa fantasía sólo habita en la mente de los funcionarios de la Cuarta Transformación, aquellos que prometieron “primero los pobres” y hoy han olvidado esta pequeña pero sustancial frase.
Hoy quiero referirme a uno de los temas más sensibles para los mexicanos y las futuras generaciones: el acceso a la vivienda. Actualmente, el déficit habitacional alcanza cifras alarmantes. El último estudio gubernamental señala que faltan más de 9 millones de viviendas, con una cuarta parte de la población enfrentando problemas de precariedad.
Este déficit se concentra principalmente en el sur del país, donde estados como Chiapas, Tabasco y Oaxaca presentan los porcentajes más críticos. Además, el 80 % del problema corresponde a la necesidad de mejorar y ampliar viviendas ya existentes.
Respecto al reciente anuncio de la presidenta de la república sobre una meta de 186 mil viviendas para 2025, esto apenas reduciría el 2.06 % del déficit nacional, sin considerar que cada año la demanda aumenta en un 1.2 %.
En el noroeste, el problema es aún más grave. El costo de la vivienda en esta región es exorbitante, ya sea por el precio elevado de la canasta básica o por las condiciones socioeconómicas locales.
Desde Sinaloa hasta Baja California y Baja California Sur, los precios oscilan desde 1 millón de pesos hasta cifras que superan lo imaginable. Sin embargo, el programa presidencial no ataca el problema de fondo: no se menciona que estas viviendas deben pagarse con mensualidades de más de 5 mil pesos, ni que se dejará fuera del programa —en caso de que no quede en la pura palabra— a la inmensa mayoría de los que lo necesitan.
En este momento, nuestros hermanos antorchistas de Sinaloa, Sonora y BCS libran una lucha decidida por el derecho a una vivienda digna. Hoy es necesario exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo, que sirvan al pueblo que los puso en el poder y que garanticen condiciones mínimas para vivir.
No pedimos limosnas; exigimos ser incluidos en programas de vivienda accesibles para el jornalero, el vendedor ambulante o la madre trabajadora. Demandamos políticas públicas para quienes ganan apenas el salario mínimo o menos.
Los antorchistas de Baja California debemos permanecer alertas, informados sobre los avances —o retrocesos— en estas gestiones. Cuando llegue el momento, alzaremos la voz y exigiremos que se cumpla este derecho.
Como dice nuestra consigna: somos un solo hombre y avanzamos con un solo ideal. Es hora de demostrar que Antorcha es la organización mejor estructurada en todo el territorio nacional.
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