MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

La salud dejó de ser un derecho

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• 54 % sobrevive con empleos informales que carecen totalmente del acceso a clínicas o medicinas

Quiero abordar un problema que, lejos de mejorarse, se complica y se hunde día con día ante la mirada indiferente de quienes nos gobiernan: la salud de los mexicanos. Hoy vengo a decirles una verdad incómoda, pero necesaria: en nuestro país, la salud ha dejado de ser un derecho constitucional para convertirse en un lujo inalcanzable.

El ingreso de una familia trabajadora en nuestro país se obtiene tras jornadas verdaderamente extenuantes. Las cifras internacionales confirman que los mexicanos somos la población que más horas trabaja al año dentro de todo el mundo, promediando más de 2 mil 200 horas anuales. 

En nuestro país, la salud ha dejado de ser un derecho constitucional para convertirse en un lujo inalcanzable.

Esta situación de sobreexplotación no se limita al empleo formal, pues más del 54 % de nuestra población económicamente activa sobrevive en el sector informal, sin contratos ni seguridad social.

Pues bien, este tipo de trabajo extenuante ni siquiera garantiza ingresos suficientes para completar la alimentación, ni el acceso a una vivienda digna, ni una educación de calidad. Pero la pobreza no es solamente una situación de trabajo mal pagado; es también una condena a vivir en un estado de estrés permanente. 

Este estrés crónico, sumado a la falta de recursos, conduce inevitablemente a una mala alimentación basada en lo que alcanza y no en lo que nutre, destrozando por completo la condición física de nuestros trabajadores y abriendo la puerta a las enfermedades.

Un mexicano de la clase trabajadora no puede cubrir gastos médicos mayores. Esto ocurre porque la cobertura del servicio de salud público en los últimos años ha venido en picada libre. 

Las cifras del Coneval son contundentes: en pocos años, la población que reportó carencia de acceso a los servicios de salud se duplicó drásticamente, pasando de 20 millones a más de 50 millones de personas sin este derecho básico. 

Además, la infraestructura no ha crecido al ritmo de las necesidades de la población. Por el contrario, el presupuesto tiende a estancarse o a retroceder, llegando incluso al descaro de ejercer subejercicios presupuestales, lo que significa que el gobierno prefiere devolver el dinero o no cumplir con los gastos programados en lugar de comprar medicinas o contratar especialistas.

El medicamento y la atención médica siguen siendo deficientes, a pesar de los esfuerzos heroicos de mucho personal médico y de enfermería que labora en estas instituciones. 

Ante este abandono del Estado, el gasto de bolsillo de las familias mexicanas ha crecido cerca de un 40 % en los últimos años. Hoy las familias prefieren pagar de su propio bolsillo en los consultorios de las farmacias de la esquina porque en el hospital público la cita tarda meses y las recetas nunca están completas.

Esto no sólo habla de una falta absoluta de sensibilidad en todos los niveles de gobierno —pues los funcionarios jamás se atienden en los hospitales a los que nos mandan a nosotros—, sino de una política global impulsada para favorecer los intereses económicos de los más ricos del sector privado.

De esta manera, la salud de los mexicanos se está deteriorando a pasos acelerados. La morbilidad en nuestro país se ha disparado a niveles alarmantes y las cifras oficiales no mienten: hoy en día, más del 75 % de los adultos mexicanos padece sobrepeso u obesidad, una condición que en nuestro contexto de pobreza no es de ninguna manera una elección, sino el resultado directo de jornadas laborales de doce horas que obligan a consumir alimentos ultraprocesados y baratos debido a la falta de recursos y de tiempo.

Este deterioro físico generalizado ha desatado epidemias silenciosas: la prevalencia de la diabetes en adultos en México ha escalado hasta alcanzar a más del 18 % de la población (casi uno de cada cinco adultos), colocándose de manera recurrente como la segunda causa de muerte en el país y la principal generadora de discapacidad. 

Lo verdaderamente trágico es que, debido a la nula medicina preventiva y a que no hay clínicas accesibles en nuestras colonias populares, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México señala que un alarmante 31 % de las personas que viven con diabetes ni siquiera sabe que padece la enfermedad. 

Se enteran cuando ya es demasiado tarde, cuando el mal se ha agravado y sufren una amputación, ceguera o insuficiencia renal, condenando económicamente a toda la familia. 

La hipertensión y las enfermedades cardiovasculares —que siguen siendo el primer asesino del país cobrando cientos de miles de vidas al año— son el destino casi inevitable de una clase trabajadora que vive bajo un estrés crónico intolerable, sin espacios públicos dignos para el ejercicio ni recursos para atenderse.

En suma, todas las condiciones apuntan a que la pobreza no significa simplemente escasez de recursos económicos, sino también la falta de oportunidades para desarrollarse como persona y la dificultad extrema para adquirirlas. 

Esto va en conjunción con lo que ha declarado la Organización Mundial de la Salud sobre el incremento casi inexorable de los padecimientos de cáncer, donde las tendencias indican que un porcentaje alarmante de la población experimentará o será diagnosticada con este mal.

Aquí resulta obligado preguntarse por qué el desarrollo de la ciencia ha sido tan lento para poder abatir esta tendencia mortuoria. La respuesta es cruda: las patentes científicas y las grandes corporaciones médicas están diseñadas para seguir incrementando las ganancias de los laboratorios y no para cumplir con un compromiso ético con la humanidad.

Con todo esto, debemos ser nosotros, los antorchistas, quienes exijamos que el Estado vuelva a tomar en sus manos la salud del pueblo, y no solamente en términos presupuestales, sino elevando verdaderamente la calidad del servicio. 

Sigue siendo lejana y mentirosa la promesa oficial de que la salud sea un derecho básico inalienable. Por eso, de manera organizada, debemos exigir un Estado auténticamente de bienestar, y no uno que busque desmantelar el sector público en beneficio de los mismos de siempre: las élites poderosas de este mundo.

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