• La precarización laboral y la violencia agravan la crisis del periodismo nacional
En el umbral del 7 de junio, fecha en que México conmemora el Día de la Libertad de Expresión, la realidad golpea con crudeza: ejercer el periodismo en nuestro país se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Lejos de ser una celebración, este día se enfrenta hoy con cifras alarmantes que evidencian el deterioro de las condiciones para informar.
Durante 2025, se documentaron 400 agresiones contra periodistas, con un saldo de 461 víctimas y siete comunicadores asesinados.
Durante 2025, se documentaron 400 agresiones contra periodistas, con un saldo de 461 víctimas y siete comunicadores asesinados. Estos números no son simples estadísticas: representan vidas marcadas por la violencia, voces silenciadas y una sociedad cada vez más desinformada.
Aunque la violencia contra la prensa no es un fenómeno nuevo, resulta innegable que en el contexto actual se ha agravado. En otros tiempos, aun con tensiones, existían ciertos márgenes que permitían a los periodistas desempeñar su labor como intermediarios entre el poder y la ciudadanía.
Hoy, ese equilibrio parece haber desaparecido. El llamado “Cuarto Poder”, que en su momento fungió como contrapeso, ha sido debilitado hasta quedar prácticamente reducido a cenizas.
A esta crisis de seguridad se suma otra igual de grave: la precarización laboral. La transformación de los medios de comunicación, con el desplazamiento de la prensa escrita por plataformas digitales, ha dejado a miles de periodistas sin empleo estable, sin seguridad social y sin garantías básicas. Muchos han migrado a redes sociales, donde informan sin respaldo institucional y, peor aún, sin protección alguna.
Los datos del informe “Cartografía del Silencio” confirman un panorama preocupante. Aunque las agresiones disminuyeron en términos generales, la violencia letal aumentó.
Además, las formas de agresión se han diversificado: ataques digitales, hostigamiento judicial, restricciones al acceso a la información y campañas de desprestigio forman parte de una estrategia más sofisticada para acallar voces críticas.
Particularmente inquietante es que más de la mitad de las agresiones provienen de autoridades del Estado. Esto revela una falla estructural profunda: quienes deberían garantizar la libertad de expresión se han convertido, en muchos casos, en sus principales agresores.
A ello se suman los ataques del crimen organizado, que en diversas regiones del país ejerce control territorial e impone el silencio mediante la violencia.
El problema no termina ahí. La desaparición de organismos como el INAI representa un retroceso institucional que limita el acceso a la información y debilita el ejercicio periodístico. Sin transparencia, no hay rendición de cuentas; sin rendición de cuentas, la democracia se vuelve una simulación.
Pero quizá lo más alarmante es la creciente indiferencia social. En un país polarizado, el periodista ha sido colocado en el centro del conflicto: cuestionado, desacreditado y, en muchos casos, abandonado. Se ha instalado la peligrosa idea de que quien critica al poder responde a intereses oscuros, lo que legitima, en la percepción pública, las agresiones en su contra.
Esta narrativa no sólo es falsa, sino profundamente dañina. Cuando se agrede a un periodista, no se ataca únicamente a un individuo, sino al derecho colectivo de estar informados. Cuando se silencia a la prensa, se le coloca una mordaza a toda la sociedad.
México enfrenta hoy una disyuntiva: permitir que el miedo y la violencia terminen por extinguir al periodismo independiente o defender, como sociedad, el derecho a la verdad. Porque el día que no quede un solo periodista capaz de cuestionar al poder, el pueblo no sólo estará desinformado, estará sometido.
La libertad de expresión no se celebra con discursos, se garantiza con condiciones reales. Y hoy, en México, esas condiciones simplemente no existen.
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