• Unos 24 millones sufren rezago académico y buscan una segunda oportunidad décadas después
“¿Tiene usted un certificado?”: Durante años, esa pregunta persiguió a Juan García Flores cada vez que buscaba una oportunidad laboral. La respuesta era siempre la misma: no.
No era porque no supiera trabajar. Había aprendido oficios, acumulado experiencia e incluso emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Lo que nunca pudo obtener fue el documento que acreditara todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. La pobreza había interrumpido sus estudios cuando apenas era un joven.
"La situación económica de mi familia no me permitió continuar y, como muchas personas de mi generación, tuve que salir a trabajar para ayudar en casa", relató recientemente, a sus 56 años, durante la ceremonia de graduación del Centro de Educación para Personas Jóvenes y Adultas "Josefa Ortiz de Domínguez", en Texcoco.
Su historia no es excepcional. Es profundamente mexicana.
Durante décadas, millones de niños y adolescentes han abandonado las aulas no por falta de capacidad, sino porque la economía familiar los obliga a incorporarse demasiado pronto al mercado laboral. Primero trabajan; si la vida les concede una segunda oportunidad, muchos años después intentan regresar a estudiar.
La historia de Juan resume esa realidad. Trabajó durante casi toda su vida sin el certificado que acreditara sus conocimientos. Aprendió en la práctica lo que otros aprendieron en un salón de clases, pero cada nuevo empleo terminaba en la misma pregunta: "¿Tiene usted un certificado?".
No era un hombre sin preparación. Era un trabajador al que la pobreza le había cobrado intereses durante cuarenta años.
Miguel Ramírez conoció otra cara del mismo problema. Un accidente laboral le arrebató una pierna y, con ella, la estabilidad que creía tener. Fue entonces cuando comprendió que necesitaba reconstruir su proyecto de vida desde la educación.
Ingresó al mismo centro educativo para estudiar como asistente ejecutivo en computación y recuperar algo más importante que un empleo: la confianza en sí mismo. "Las adversidades no definen quiénes somos", dijo durante su testimonio.
Guadalupe Marín tampoco llegó a las aulas buscando un diploma para colgar en la pared. Buscaba una herramienta para sobrevivir. Se inscribió al curso de manualidades para el autoempleo con un objetivo concreto: generar ingresos y apoyar la economía de su familia. Hoy ya recibe pedidos de las bolsas que aprendió a elaborar y espera convertir ese aprendizaje en un pequeño negocio.
Las historias son distintas. El origen del problema es el mismo.
Con frecuencia se afirma que la educación es el camino para salir de la pobreza. La frase es correcta, pero está incompleta. Antes habría que preguntarse por qué millones de mexicanos nunca tuvieron la oportunidad de recorrer ese camino cuando correspondía.
La respuesta no se encuentra únicamente en las escuelas. Está en la estructura económica del país.
Cuando el ingreso familiar no alcanza para comer, la educación deja de ser una prioridad y se convierte en un lujo. El adolescente abandona la secundaria para ayudar en los gastos de la casa. La joven acepta un empleo informal porque necesita llevar dinero a su familia.
El padre de familia trabaja doce horas diarias sin prestaciones para cubrir apenas los gastos básicos. Décadas después, cuando intentan regresar a estudiar, descubren que el mercado laboral les sigue cobrando aquella decisión que nunca fue realmente suya.
Por eso conviene analizar con cuidado el discurso oficial que sostiene que millones de mexicanos dejaron de vivir en la pobreza durante los últimos años.
Es cierto que las mediciones del Inegi muestran una disminución de la población considerada en situación de pobreza. También es cierto que durante el mismo periodo el empleo informal siguió concentrando a más de la mitad de la población ocupada del país.
Millones de personas generan ingresos, pero lo hacen sin seguridad social, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin pensión y con la incertidumbre permanente de no saber cuánto venderán mañana.
Esa realidad obliga a hacer una distinción fundamental. Una cosa es superar temporalmente una línea estadística de ingreso; otra muy distinta es abandonar la vulnerabilidad económica: la pobreza.
Juan, Miguel y Guadalupe representan precisamente esa diferencia.
Los tres trabajan. Los tres buscan superarse. Los tres estudian cuando la mayoría de las personas de su edad ya debería estar consolidando una carrera profesional. Ninguno dejó la escuela porque no quisiera aprender. La dejó porque la necesidad económica fue más fuerte que cualquier proyecto de vida.
Cuando se presume que millones de mexicanos han dejado atrás la pobreza, conviene recordar que la verdadera riqueza no consiste únicamente en ganar algunos pesos más al mes.
También significa poder estudiar sin abandonar el salón para ir a trabajar; enfermar sin perder el ingreso familiar; envejecer sin depender de la caridad; tener un empleo con derechos y no sólo con salario.
Las estadísticas son indispensables para comprender un país, pero tienen un límite: no cuentan las historias que esconden. No explican cuántos años tuvo que esperar Juan para regresar a la escuela. No muestran el miedo de Miguel después de perder una pierna. No reflejan la incertidumbre de Guadalupe cuando decidió aprender un oficio para sostener a su familia.
Detrás de cada punto porcentual hay millones de trayectorias interrumpidas. México elevó su grado promedio de escolaridad de siete punto cinco años en 2000 a nueve punto siete años en 2020.
Es un avance importante, pero también revela un rezago persistente: el mexicano promedio apenas concluye la secundaria, justo cuando una economía cada vez más tecnificada exige estudios de nivel medio superior y superior para acceder a mejores empleos (Inegi, 2020).
Las brechas aparecen con mayor claridad cuando se sigue el recorrido de un estudiante. En México, seis millones 400 mil de niñas, niños y jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria no asisten a la escuela.
Apenas uno de cada tres alumnos que inicia la primaria llegará a la universidad. Entre quienes viven con alguna discapacidad o pertenecen a pueblos indígenas, esa posibilidad se reduce a sólo cuatro y tres de cada cien, respectivamente.
La desigualdad educativa no comienza en la universidad; empieza mucho antes, cuando el origen social determina quién puede permanecer en las aulas y quién debe abandonarlas para incorporarse al trabajo (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2024).
El problema no termina ahí. El Coneval ha advertido que la pobreza y el bajo nivel socioeconómico condicionan las oportunidades educativas de millones de personas. En 2020, 24.4 millones de mexicanos presentaban rezago educativo, es decir, casi uno de cada cinco habitantes del país.
La pobreza no sólo limita el ingreso de las familias; también les arrebata años de estudio y, con ello, oportunidades futuras. Quien deja la escuela para trabajar difícilmente podrá competir, años después, por un empleo que exige precisamente el certificado que nunca tuvo la oportunidad de obtener (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2022).
Por eso las historias de Juan, Miguel y Guadalupe no son excepcionales. Son el rostro humano de una estadística mucho más grande. El mercado laboral mexicano castiga dos veces a los pobres: primero los obliga a abandonar la escuela para trabajar y, años después, les niega los mejores empleos porque no terminaron de estudiar.
Cuando un país obliga a millones de personas a cambiar los libros por el trabajo, la desigualdad deja de medirse únicamente en pesos. Empieza a medirse en oportunidades perdidas, talentos desperdiciados y generaciones enteras que pasan la mitad de su vida intentando recuperar el tiempo que la pobreza les robó.
En los próximos meses volverán los discursos, los balances de gobierno y las cifras que intentarán convencer a los ciudadanos de que el país avanza por el camino correcto. Debemos escucharlos, pero también observar la realidad, esa que trata de ocultarnos el Gobierno.
Porque antes de aceptar que la pobreza quedó atrás, como afirmó recientemente la 4T, habría que responder una pregunta mucho más sencilla: si el desarrollo económico realmente llegó para todos, ¿por qué todavía hay millones de mexicanos que deben esperar cuarenta años para regresar a un salón de clases?
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