• Cerca de 14.9 millones enfrentan carencias sociales o dificultades de inserción laboral en nuestro país
El futuro de México son sus jóvenes, pero las condiciones en que millones construyen ese futuro están lejos de ser dignas. De acuerdo con la Radiografía nacional y estatal de Jóvenes Oportunidad 2026, 14.9 millones de jóvenes de entre quince y 29 años enfrentan obstáculos para estudiar, conseguir un empleo digno y acceder a protección social. No se trata de falta de esfuerzo individual, sino de condiciones económicas y sociales que reproducen la desigualdad.
El problema no consiste únicamente en crear empleos, sino en generar empleos formales, bien remunerados y con derechos.
Aunque la cifra representa una reducción respecto de años anteriores, continúa siendo demasiado elevada para un país que presume contar con una población joven y que debería estar invirtiendo en ella. El problema comienza en las aulas: una parte importante de los jóvenes no logra concluir la educación media superior y el acceso a la universidad sigue determinado, en buena medida, por el nivel económico de las familias. Quien nace en un hogar de escasos recursos enfrenta muchas más dificultades para continuar estudiando.
Yucatán no escapa a esta realidad. El propio gobierno estatal reconoce en su Programa de Mediano Plazo 2025-2030 que 59.3 % de la población juvenil vive en condiciones de pobreza o presenta alguna carencia social. Asimismo, sólo 41.2 % de los jóvenes accede a la educación superior.
El panorama laboral tampoco es alentador. El diagnóstico estatal señala que 58.2 % de los jóvenes yucatecos se encuentra en la informalidad, con acceso limitado a prestaciones, seguridad social y posibilidades de desarrollo profesional.
El ingreso promedio reportado para este sector es de apenas 3 mil 412.70 pesos mensuales. Para miles de jóvenes, esto significa decidir entre estudiar y trabajar, continuar su preparación o contribuir al ingreso familiar, permanecer en sus comunidades o emigrar.
La informalidad, además, no es un problema exclusivo de la juventud. Durante el cuarto trimestre de 2025, Yucatán registró una tasa de informalidad laboral de 59.9 % entre la población ocupada total.
Las autoridades pueden presumir una tasa de desempleo baja, 1.55 % durante el primer trimestre de 2026, pero aquí debemos hacer una pregunta fundamental: ¿de qué sirve tener empleo si ese trabajo no permite vivir dignamente?
En las estadísticas, un joven puede aparecer como “ocupado” y, al mismo tiempo, carecer de seguridad social, prestaciones, estabilidad y un salario suficiente. El problema, por tanto, no consiste únicamente en crear empleos, sino en generar empleos formales, bien remunerados y con derechos.
El propio Gobierno de Yucatán reconoce que quienes buscan su primer empleo enfrentan falta de experiencia, pocas redes de contacto y dificultades para encontrar vacantes adecuadas, circunstancias que pueden conducirlos al subempleo o incluso a la migración.
Por eso resulta insuficiente decirles a los jóvenes que deben “echarle ganas”, capacitarse o emprender. ¿Cómo puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando un joven de una comunidad rural parte de condiciones completamente distintas a las de uno proveniente de una familia con mayores ingresos en Mérida?
El problema debe analizarse desde sus raíces económicas y sociales. Antorcha sostiene que la pobreza no es producto de la incapacidad individual, sino de un sistema económico que concentra la riqueza mientras millones de trabajadores producen y reciben una parte insuficiente de lo que generan.
Por ello, plantea la necesidad de una política que garantice empleo digno, mejores salarios, educación, vivienda, salud, cultura y deporte.
En Yucatán se impulsan programas para las juventudes y ferias de empleo con cientos de vacantes formales. En junio de 2026, una feria realizada en Mérida ofreció más de 500 vacantes de 48 empresas, con salarios anunciados de entre 9 mil 600 y 30 mil pesos mensuales.
Estas acciones pueden ayudar, pero no corresponden a la magnitud del problema. Una feria de empleo no puede resolver una informalidad juvenil de 58.2 %.
Se necesita una transformación económica que permita que el crecimiento llegue a las familias trabajadoras. Una educación pública de calidad que no obligue a los jóvenes pobres a abandonar las aulas.
Una política salarial que permita vivir y no únicamente sobrevivir. Y también jóvenes conscientes de sus derechos, capaces de organizarse y defenderlos.
El verdadero desarrollo no consiste sólo en atraer inversiones, sino en que la riqueza producida por el pueblo se traduzca en mejores condiciones de vida para el propio pueblo. Por eso la juventud debe estudiar, participar, cuestionar y organizarse.
Si queremos un futuro distinto para México y Yucatán, debemos construir desde ahora las condiciones materiales para que nuestros jóvenes tengan educación, trabajo digno, vivienda, salud, cultura y una vida libre de pobreza.
Invertir en la juventud no es un gasto: es una necesidad histórica. Y garantizarle un futuro digno será posible sólo cuando el pueblo organizado conquiste el poder político y transforme las condiciones que hoy producen desigualdad.
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