El pasado 26 de julio se dio a conocer que varios vagones de un tren propiedad de Ferromex, una extensión de Grupo México, se descarrilaron provocando así la fuga de 59 mil litros de hidro sulfuro de sodio, en Naco, Sonora. Este derrame, sumado a los sucesos anteriores como en los Ríos Bacanuchi y Sonora, en Nogales el Río Santa Cruz, y el Mar de Cortés en Guaymas, demuestran la impunidad con la cual opera el sector minero en el Estado, mientras las consecuencias las paga el pueblo trabajador y desprotegido de Sonora, solo se podrá remediar en la medida en que las familias y sociedad se organicen y exijan a las autoridades que tomen medidas concretas para hacer que las empresas reparen los daños causados, informó Javier Valenzuea, dirigente social.
Grupo México tiene una larga lista de accidentes ambientales relacionados con la minería en el estado, afianzando así su riqueza a costa de los recursos naturales y salud de los sonorenses. El caso más grave y conocido tiene ya más de una década, en 2014 en los Rio Bacanuchi y Rio Sonora, alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre fueron derramados, los responsables, la empresa Buena Vista Del Cobre, propiedad de Grupo México.
La lista no termina ahí, en el mismo año un tren nuevamente propiedad de Ferromex, se volcó a pocos metros del Rio Santa Cruz, pero esta vez en Nogales. Para el año 2019 en Guaymas, Sonora, nuevamente se documentó un derrame tóxico al vaciarse alrededor de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, uno de los cuerpos de agua con más variedad de especies marinas. Sin mencionar los demás casos documentados a nivel nacional e internacional.
Los desastres ambientales de Grupo México impactan directamente en la economía de los que a diario buscan el sustento para sus hogares, agravian la crisis climática y limitan el acceso al agua potable, pues en 2014 se contaminó la presa El Molinito, que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo. Todo esto mientras la fortuna de Germán Larrea y los otros magnates de los minerales se incrementa año con año, sin importar las afectaciones y consecuencias que deja la actividad minera.
En días pasados la revista Forbes México dio a conocer que la fortuna de Germán Larrea, dueño del conglomerado empresarial el cual opera en minería, transportes e infraestructura, se ha duplicado y con ello lidera la Bolsa Mexicana de Valores, como resultado los números muestran una variación del 134.6% con respecto al 2025.
Así mismo, según Oxfam, durante la pandemia Larrea aumentó su riqueza en un 125%, mientras que para la mayoría de los mexicanos este periodo fue de crisis en el que a la pérdida de vidas se suma la perdida de patrimonio de muchas familias, déficit de acceso a servicios como salud, es decir, mientras los que menos tienen ven reducida su riqueza, los que más tienen la acumulan.
Un artículo publicado por el periodista Ricardo Balderas, para Animal Político, detalla que, de toda esta fortuna, el recurso que Larrea destinó para la reparación de los daños en el Rio Sonora, solo representó el 0.12%.
Como mecanismo de reparación de daños, en 2014 tras el devastador incidente, se creó un fideicomiso de alrededor de 2 mil millones de pesos, el cual se retiró en 2017 sin cumplir lo acordado, obligando así a los Comités de Cuenca Río Sonora a interponer una denuncia en la Suprema Corte en el 2018, misma que avanzó hasta el 2020, para que al final el grupo empresarial no recibiera sanciones. Derivado de esto el pasado mayo los mismos denunciaron que el Gobierno Federal y la corporación de Larrea buscan dar carpetazo al fideicomiso del caso Río Sonora
La concentración de la riqueza que deja la extracción de minerales en México y gran parte del mundo abarca una enorme cantidad de poder económico y derivado de este, político. Esta relación trae consigo que la capacidad excesiva de mercado de las grandes empresas siga creciendo a la par de la complicidad de los gobiernos al no regular la capacidad de influencia de lo más ricos.
De darse el carpetazo, estaría finalmente comprobándose que el estado no es capaz de mantener una justicia ambiental y pondría los intereses económicos de las corporaciones, por encima del pueblo, pues la nula atención y su opacidad para regular y castigar estos hechos atroces, ha abarcado tres sexenios que ha renunciado a regular la influencia y la acumulación de poder de las grandes compañías en México. Aun con toda la fortuna de Larrea y sus inversionistas, en 12 años no han sido capaces de remedir los estragos del caos ambiental en el que han envuelto a Sonora.
Esta enorme cantidad de miles de millones llevan consigo años y años de saqueo minero, y explotación laboral, incluso siglos. Abel Pérez Zamorano, Dr. en economía, menciona en su artículo más reciente, que “la minería sintetiza en sí una de las formas más brutales de la contradicción entre acumulación y miseria. Y hasta hoy el saqueo no cesa”. Además, señala que “la desgracia de los trabajadores mineros ha sido la antología en la historia de México (…) algún día deberá llegar esto a su fin, cuando los trabajadores cobren conciencia de que no deben seguir sacrificando más sus vidas para acrecentar el capital”.
Por su parte, el líder social de Antorcha en Sonora, Javier Valenzuela, señaló que, “ante la colusión entre las autoridades y empresas, la única vía para lograr la justicia ambiental y social vendrá de la exigencia organizada de la población, para lo cual es importante que esta vea más allá de sus necesidades inmediatas y se una para dar la lucha, de lo contrario, los consorcios mineros seguirán causando problemas de manera impune.”
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