• Un ingreso digno para 40 millones de obreros garantizará una vida mejor frente al alto costo de productos
Bajo el capitalismo la clase obrera pierde hasta cuando gana, reza un dicho. Y es que, en efecto, en tanto que las herramientas, las fábricas, las materias primas y todas las condiciones materiales con las que se produce estén acaparadas en manos de unos cuantos y la sociedad esté a merced de los que disponen, aunque se multiplicara por diez el salario, los patrones siempre tendrán el recurso de aumentar en 20 veces los precios de los productos y nulificar aquel. Y eso a pesar de estar elaborados estos productos por los propios trabajadores, tanto en las fábricas como en el campo.
El Estado como "representante de toda la sociedad" debiera redistribuir la riqueza entre todos para evitar la excesiva concentración de la misma; debiera preocuparse por implementar más que paliativos, obras y servicios para el pueblo.
Los "dueños" de las máquinas y la tecnología son dueños porque así lo dice el derecho vigente, de acuerdo con el modo de producción, aunque esas máquinas también hayan sido hechas a su vez por manos trabajadoras y las fuerzas productivas en general sean de la sociedad, y en estricta justicia eso hace realmente dueña de todo a la sociedad en su conjunto.
Nuestra ley dice por el contrario que lo producido, al ser hecho con medios que son de propiedad privada, entonces lo hecho también es propiedad del dueño de los medios y no de quien los hizo realmente.
Esta es la verdad, aunque el estado actual de cosas la tenga tan oculta mediante la propaganda de todo tipo, incluidas las instituciones, las normas y una serie de estructuras que se pliegan a las fundamentales relaciones sociales de producción que se establecen en el proceso de producción, como sostiene irrefutablemente la economía científica.
Por eso, mientras la sociedad no recupere en propiedad lo que le pertenece en buen derecho y bajo una equidad y justicia reales, lo posible para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos es que todas las personas en edad y condiciones de trabajar tengan un empleo garantizado y seguro; además, que ese empleo esté bien remunerado, mientras por otro lado el gobierno contenga la inflación para que el salario real, medido en términos de capacidad de compra, se iguale al salario nominal, es decir, a lo que percibe un trabajador en metálico sin tomar en cuenta los precios de los bienes de vida que necesitan para vivir las familias trabajadoras.
Sin ser lo único requerido en las actuales circunstancias, pues el Estado como "representante de toda la sociedad" debiera redistribuir la riqueza entre todos para evitar la excesiva concentración de la misma, debiera preocuparse por implementar más que paliativos, obras y servicios para el pueblo; sobre todo en la educación crítica y de calidad, la salud y la vivienda de las mayorías, o sea, una inversión del dinero público no en apoyo al consumo, sino a la producción y el bienestar profundo y verdadero.
Pero esto no puede ser concebido como favor o gracia concedida desde el poder, sino como la consecuencia de la decidida lucha por sus intereses como clase pobre y explotada en su fuerza de trabajo; fruto de su lucha colectiva, de la comprensión cabal de la necesaria transformación rotunda y radical de las relaciones sociales de producción actuales por otras acordes con el vertiginoso desarrollo de las fuerzas productivas que hace que el trabajo rinda muchas veces más de lo que rendía en el pasado, haciendo posible la satisfacción de todas las necesidades elementales de todos sus miembros, lo que requiere, por tanto, otra organización social, otra forma de hacer política.
Y otra clase social en el poder que vea en los demás hombres a sus congéneres como iguales en derechos ante todo y ante todos; es decir, que convierta este infierno en la tierra en el paraíso prometido de toda la humanidad.
Los pobres deben gobernar, pero mientras, el Estado debe garantizar el empleo y los salarios bien remunerados para ellos, que producen todo cuanto la sociedad necesita para sobrevivir.
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