En el portal de un importante medio de comunicación fue publicada una declaración de Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. El cuerpo de la nota dice: Morena se deslindó de la petición de ampliar por dos años más el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “El (Partido) Verde lo hizo y lo respetamos. Creo que ellos lo meditaron muy bien en el (Partido) Verde, porque votaron varios, fue una propuesta de grupo”, expresó el morenista.
El hecho de que, hasta Morena, el partido en el poder se deslinde públicamente de la ampliación del cargo de Zaldívar, hasta para los que no somos expertos en Derecho, nos va quedando mucho más claro que es inconstitucional la imposición del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido a la reforma que amplía el periodo del ministro al frente de la SCJN. Asimismo, se refuerza la advertencia que nos hacen oportunamente destacados líderes sociales y especialistas en jurisprudencia de que en el fondo hay un plan de poner todo el Poder Judicial al servicio de la ideología y la política de la 4T.
Son muchas las voces que aseguran que los morenistas están buscando apoyo incondicional del Poder Judicial a la eliminación radical de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo, columna central de la democracia mexicana. Hay elementos para pensar que se está cocinando un fraude monumental de Morena para robarse la elección que viene. Y para llevarlo a cabo limpiamente y sin problemas, les urge el control absoluto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del INE. Es más, se asegura que el TEPJF ya está en la bolsa del presidente, pero el INE se le resiste. Pero para someterlo o destruirlo de una vez por todas, resulta vital el sometimiento incondicional de la Corte.
México está ante dos cuestiones decisivas, la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Del artículo transitorio introducido de contrabando por el senador del Partido Verde, Bolaños Cacho; y la segunda, sobre cuál es el verdadero objetivo de tan burda maniobra. Sobre el primer aspecto, no hay duda sobre la ruptura con el orden constitucional. La violación de Bolaños Cacho es por partida doble: atropella el procedimiento de elección y rompe el límite legal del plazo improrrogable otorgado al presidente de la SCJN, con lo que si el ministro Zaldívar rebasa su periodo constitucional será inequívocamente un presidente espurio y nulos de origen sus decisiones.
Juristas señalan que la ampliación del periodo para Zaldívar se deriva de un hecho ilegal en el Senado de la República, donde el senador del PVEM, Raúl Bolaños, propuso un artículo adicional a los 12 transitorios que ya contenía, en lo que puede calificarse como una maniobra, a todas luces ilegal, la que ha provocado la indignación, el rechazo y toneladas de críticas en los medios, cuya intensidad y unanimidad hace mucho que no se veían en México.
Estos cambios coinciden con la lluvia de amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra leyes y reformas del presidente López Obrador; es decir, se decide elaborar una reforma para modificar las reglas sobre el trámite precisamente de esos recursos, los únicos que todavía están al alcance de personas y organizaciones de la sociedad civil que se sienten lesionadas por las decisiones obradoristas. De lo que se trata es de multiplicar y complicar los requisitos y los obstáculos para que esas apelaciones sean admitidas y procesadas correctamente por la Suprema Corte. Se pretende evitar que un simple juez de distrito otorgue suspensiones provisionales como las otorgadas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro contra la nueva ley del servicio eléctrico.
Es lamentable que sea el propio Presidente de la república quien haya salido, enlodando sin recato su alta investidura, a justificar y defender la grosera violación a la Carta Magna que juró cumplir y hacer cumplir, al reconocer capacidad al ministro Zaldívar para aplicar la nueva reforma judicial, con lo que agrede y viola la independencia y soberanía del Poder Judicial que, de acuerdo con la teoría de la división de poderes y la propia Constitución, tiene para todos los efectos la misma jerarquía que el Ejecutivo que él encabeza.
Ante lo que se ve como un inminente regalazo a Zaldívar con lo que AMLO y los morenistas buscarían a cambio su apoyo incondicional a la eliminación radical de la autonomía del órgano electoral, el pueblo de México debe recurrir a la movilización popular para evitarlo y denunciar las motivaciones de Morena y sus aliados. Pongamos alto al plan de poner el Poder Judicial al servicio de la 4T.
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