Según resultados de varias encuestas consultadas, entre el 85 y el 97.5 % de los mexicanos no confía en los políticos. Su credibilidad está por los suelos, y no es para menos, esta situación se explica por el deficiente desempeño al frente de las instituciones.
La inmensa mayoría de los ciudadanos desconfía en automático cuando escucha una promesa, pública o privada, de boca de un funcionario de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
La inmensa mayoría de los ciudadanos desconfía en automático cuando escucha una promesa, pública o privada, de boca de un funcionario de cualquiera de los tres niveles de gobierno. Es deporte nacional aprender a descifrar las verdaderas intenciones y el sentido oculto de cada declaración hecha por políticos y servidores públicos, consecuencia de los reiterados engaños de que ha sido víctima.
Tanto es así que en México se considera “buen político” a quienes son expertos en el arte de “dar manejo” a los ciudadanos, a quienes mejor salen del paso con promesas, con las menores consecuencias cuando estas no son cumplidas.
Pero claro, hay algunos con mayor preparación, experiencia y habilidad que otros, que consideran a la población, o muy sumisa o muy inocente, a la que pretenden engañar con facilidad. En el estado de Querétaro, con muy raras excepciones, la mayoría de los alcaldes tienen postradas a las familias, careciendo de los derechos que la Constitución de nuestro país establece como fundamentales: empleo, vivienda digna, salud, educación y servicios básicos como agua, pavimento, luz eléctrica, etcétera.
Ante las solicitudes de la población, todos los gobiernos responden de la misma manera: “Estamos para atender las necesidades de la gente, pero no hay dinero”, o bien, “son muchas las colonias y comunidades que tenemos que atender, hay recortes y el dinero no alcanza”. Y así, con el manejo y las maniobras de siempre, pasan los años, con las poblaciones viviendo cada vez peor.
Revelador resulta, por ejemplo, lo acontecido en el municipio de Colón, gobernado por Gaspar Trueba, de Movimiento Ciudadano (MC), a quien un grupo de representantes de campesinos organizados en el Movimiento Antorchista le hizo entrega a través de su Secretaria de Gobierno, un pliego petitorio con las necesidades más elementales de algunas comunidades, sin obtener mayor respuesta. Sin embargo, después de insistir y lograr varias promesas de entrevista con el alcalde que no se cumplieron, y un enredado discurso de más de treinta minutos de su secretaria, sin ninguna propuesta concreta, y su pregunta: ¿qué es lo que no les gustó?, cuando se percató que las familias, ante la burla, se retiraban de la mesa.
Caso parecido es lo que acontece con las pobrísimas familias antorchistas y población en general del municipio de Tolimán, donde el alcalde morenista se despacha con un salario de más de 100 mil pesos mensuales y su respuesta del pliego petitorio, por escrito, de que ninguna de las sencillas obras solicitadas se puede resolver, porque no conocen el presupuesto a ejercer en este año 2025, y porque casualmente, todas las peticiones ya fueron hechas por sus delegados y subdelegados de Morena.
Y como el espacio no alcanza para más ejemplos y detalles, sólo mencionaré que las alcaldesas de Peñamiller, Pinal de Amoles, donde los niveles de pobreza de la población no son menores que en los municipios mencionados, los resultados no son muy distintos… y en el municipio de Corregidora, donde no hay ni diálogo.
En estas circunstancias, a los antorchistas no nos queda más que luchar por todos los medios que nos concede la Constitución, como la protesta pública, y así lo haremos, porque México (y Querétaro), a pesar de las tarjetas y las cuentas alegres de la disminución de la pobreza dadas a conocer recientemente, es un país muy desigual e injusto. Por un lado, hay una pequeña masa enriquecida y poderosa, y un pueblo enorme que carece de todo.
No hay duda de que para solucionar el problema se necesita distribuir la riqueza como lo ha propuesto nuestro movimiento, con una política fiscal progresiva, donde paguen más los que ganan más, reorientar el gasto social, invirtiendo en obras para la gente, con la creación de empleos para todos, pero con salarios dignos y con todas las garantías que la ley previene. ¡Así será!
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