• La distribución presupuestal en la entidad privilegia el gasto operativo y abandona la infraestructura pública
Para poder entender la crisis de socavones en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), es necesario abandonar la posición de que estos son eventos espontáneos o meros accidentes naturales.
Todos los fenómenos sociales, naturales y del pensamiento tienen un origen, se desarrollan y, cuando los elementos que los constituyen son suficientes, tienen una manifestación. El mundo se debe analizar desde un enfoque científico, tomando en cuenta esa premisa.
El conocimiento de las causas y condiciones que dan origen a los fenómenos brinda a los hombres y a la sociedad la posibilidad de actuar a sabiendas.
Por el contrario, el desconocimiento vuelve impotente a la sociedad ante ellos; esto no sólo coloca a los ciudadanos en una posición de simples espectadores, sino que, sobre todo, los prepara para ser víctimas de los más elaborados subterfugios vertidos por los gobernantes en turno para justificar su nulo actuar y evadir la responsabilidad que les corresponde.
Bajo el suelo jalisciense, la infraestructura padece un desgaste invisible. Las redes de agua potable, los colectores sanitarios (algunos con más de 70 años de antigüedad, como los de Enrique Díaz de León o el antiguo Canal de San Juan de Dios) y colectores pluviales sufren diariamente microfisuras, desgaste por corrosión y fugas milimétricas de agua.
Los socavones que hoy vemos por todos lados y de todos los tamaños no son el inicio del problema, sino su manifestación cualitativa final. Durante años, la infraestructura obsoleta, la presión del crecimiento urbano desmedido y la filtración constante de agua provocaron microcambios cuantitativos e invisibles en el subsuelo.
Lo que comúnmente se califica como “un derrumbe repentino” no es otra cosa que la consecuencia inevitable de una cadena de causas materiales y contradicciones acumuladas entre el desarrollo urbano desmedido, el desgaste de materiales y el abandono sistemático en inversión pública directa.
Es precisamente en este punto donde debemos poner el énfasis: el abandono sistemático de la inversión pública directa, la cual depende de los recursos asignados anualmente en el presupuesto estatal. De lo contrario, seguiremos aceptando paliativos por parte de los gobernantes en turno que, lejos de solucionar el problema de fondo, terminan por agravarlo.
Prueba de ello son los más de nueve grandes socavones formados en el AMG en lo que va del temporal de lluvias, un claro reflejo del descuido presupuestario. Por más buenas intenciones que se tengan para resolver los problemas sociales, la realidad no cambiará si no se asignan los recursos necesarios para actuar.
Hoy, de cada 100 pesos que ejerce el gobierno de Jalisco, alrededor de 75 se destinan al gasto corriente —es decir, para mantener funcionando el aparato gubernamental—, mientras que la inversión pública se ha reducido a niveles mínimos.
Esta disparidad presupuestal no es un error de cálculo; es una decisión política que prioriza la operación del aparato gubernamental por encima de la infraestructura básica.
Para dimensionar el impacto de esta distribución, basta con revisar la evolución presupuestaria en las últimas dos décadas.
Según los registros históricos de la actual Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la asignación porcentual de los egresos entre gasto corriente e inversión pública fue la siguiente:
En 2001, el 71.5 % se destinó al primero (sueldos, oficinas y servicios) y el 11.2 % a la segunda.
En 2005, el 72.1 % correspondió a gasto corriente y el 10.5 % a inversión pública.
En 2010, se asignó el 73 % y el 8.9 %, respectivamente.
En 2015, la proporción no tuvo mucha variación, registrando el 73.1 % y el 7.5 %.
En 2020, se destinó el 72.8 % y el 9.2 % a cada rubro.
En promedio, durante los años mencionados, el 72.5 % de los ingresos se dirigió al gasto operativo y el 9.46 % a la infraestructura pública.
Hoy, de cada 100 pesos que ejerce el gobierno de Jalisco, alrededor de 75 se destinan al gasto corriente —es decir, para mantener funcionando el aparato gubernamental—, mientras que la inversión pública se ha reducido a niveles mínimos.
Hasta aquí podemos observar que el gobierno, del color que sea (puesto que en el lapso gobernó el PAN, PRI y MC), prefiere gastar el dinero público en mantenerse a sí mismo y pagar su propia operación, en lugar de invertirlo en obras públicas que sirvan directamente al pueblo jalisciense.
Lejos de corregirse, la tendencia se ha acentuado: los presupuestos estatales confirman el rezago de la inversión pública.
La Cuenta Pública de 2024 reportó egresos por 170 mil 700 millones de pesos asignados en un 74 % al gasto corriente y sólo un 6 % a la inversión pública.
Para 2025, los egresos ascendieron a 174 mil 992 millones de pesos; sin embargo, la distribución fue similar: 75 % al gasto corriente y sólo 4 % a la inversión pública.
La proyección para 2026 supera los montos previos, con 181 mil 549 millones de pesos, de los cuales se prevé mantener 75 % en gasto corriente y elevar a 9.4 % la inversión pública.
Todos estos datos provienen de documentos oficiales del Gobierno del Estado de Jalisco. Esta información demuestra que, a pesar de las alternancias políticas y las promesas de cambio, la maquinaria gubernamental prioriza su propia operación por encima de las obras públicas que requiere la entidad.
La consecuencia de esta distribución presupuestal se vive en los 125 municipios que conforman el estado. Muestra de ello es la reciente declaratoria de emergencia en el municipio de Zapotlanejo debido a los desbordamientos del arroyo del mismo nombre, que han afectado a más de 160 inmuebles y repetido la tragedia de cada temporal de lluvias. ¿Esta tragedia anual se puede evitar?
Por supuesto; sólo se necesita una condición: dinero público asignado a la obra de infraestructura necesaria. Cosa que, hasta el día de hoy, no ha ocurrido.
Sin embargo, otro botón de muestra reciente revela que el verdadero socavón que padece Jalisco es el porcentaje del presupuesto que se destina al gasto corriente: la autoindemnización en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), donde el exsecretario ejecutivo se aprobó un cheque neto por casi medio millón de pesos tras su salida voluntaria.
Este escándalo y otros más que están debidamente documentados evidencian la forma en la que se ejecuta el gasto corriente estatal.
Por último, el recién concluido Fan Fest —cuyo costo superó los 300 millones de pesos, desde la preproducción hasta el desmontaje— se financió nuevamente con cargo al erario, a través del gasto corriente asignado. ¿Y lo urgente? Enviado, otra vez, a las calendas griegas.
Los socavones del Área Metropolitana de Guadalajara son el resultado previsible de años de abandono y decisiones políticas que favorecen a unos pocos.
Que el Estado gaste 75 de cada 100 pesos en su propia operación, a pesar de los reiterados cuestionamientos sobre la ejecución de dichos recursos, pone de relieve que se privilegian los intereses propios por encima de la seguridad de la gente.
El verdadero socavón de Jalisco no está en las calles, sino en la distribución del presupuesto estatal. Esta distribución vuelve a dejar abandonada a la mayoría de los jaliscienses en su vida cotidiana y condena una vez más al olvido el cambio de fondo que tanto urge en la infraestructura pública.
La terca realidad histórica nos recuerda, una vez más, que la solución de fondo no vendrá de las promesas de los gobernantes, sino de que los ciudadanos, quienes padecen en carne propia esta injusta distribución, nos organicemos de forma consciente para exigir que el presupuesto se use para el bienestar real del pueblo jalisciense. Ni más ni menos.
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