Desde su anuncio el proyecto del Tren Maya se vendió como motor de desarrollo para el Sureste: empleos, turismo y “bienestar para las comunidades”. Sin embargo, la realidad económica y administrativa que hoy enfrenta este megaproyecto contrasta con esa promesa. Lo que debería ser una obra de infraestructura con retorno social, se ha convertido en una carga creciente para el erario, con pérdidas operativas recurrentes y observaciones de fiscalización que ponen en duda su gestión financiera y la legalidad de varios pagos.

Las pérdidas operativas crecen. Los estados financieros públicos de la empresa operadora muestran que, en 2025, las pérdidas del Tren Maya se aceleraron: entre enero y septiembre de ese año el proyecto registró un déficit superior a dos mil 600 millones de pesos, con ingresos propios que no alcanzan a cubrir los costos de operación. Esa brecha obliga a transferencias subsidiarias y al uso de partidas públicas destinadas a otras políticas que podrían atender necesidades sociales urgentes y que se dejan de lado.
Observaciones y posibles daños patrimoniales: la fiscalización alerta
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han sacado a la luz irregularidades importantes en la ejecución del proyecto. La ASF documentó pagos que requieren aclaración por montos millonarios y promovió responsabilidades administrativas para investigar posibles daños al patrimonio público. Entre las observaciones se incluyen pagos sin avalúos individuales y posibles pagos en exceso. A pesar de los altos costos, se deja de lado el mejorar la calidad de vida de los yucatecos o del pueblo en general, porque de las ganancias que se dijeron por el Tren Maya, no ha sido redituado para quien más lo necesita.
De acuerdo a medios locales y nacionales señalan hallazgos como: presuntos pagos indebidos o en exceso por varios cientos de millones de pesos y observaciones que obligaron a iniciar procedimientos sancionadores. Estos hallazgos no son detalles menores: implican responsabilidades administrativas y, potencialmente, daños al patrimonio público que deben ser investigados a fondo.
Pero, ¿quién paga la cuenta? El pueblo. En términos concretos, los ingresos por boletos, venta de paquetes y actividades complementarias han sido insuficientes. Mientras tanto, los gastos de operación y mantenimiento se mantienen elevados. El resultado no es neutro: los fondos que se destinan a sostener el Tren Maya provienen en buena medida de recursos públicos y de partidas específicas que podrían haberse destinado a salud, educación, vivienda o programas de empleo en el Sureste. La pregunta es clara, ¿es aceptable sostener una obra que opera en números rojos cuando existen carencias básicas tan extendidas en Yucatán, Chiapas y Quintana Roo?

Esta obra no fue ejecutada como tanto lo mencionó el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para beneficio del pueblo, sino para engordar los bolsillos de sus más allegados y conocidos empresarios. El pueblo hoy y durante varios años, seguirá pagando esta obra que no usan, no porque no quieran, sino porque no tienen los recursos suficientes para comprar un boleto aunque sea de Mérida a Izamal, sale más barato tomar la van que cobra 45 pesos y te deja en el centro del pueblo mágico.
Un proyecto de infraestructura debe medirse por su capacidad real de mejorar la vida de la mayoría, no por su espectacularidad mediática. El Tren Maya, tal como muestran los estados financieros y las auditorías, hoy representa un riesgo fiscal y una carga que repercute en la disponibilidad de recursos para programas sociales esenciales. En obras y servicios, en mejores empleos, salarios, salud, por mencionar algunas, verdaderas necesidades que el pueblo adolece.
Hoy quienes tienen el poder político del país no piensan en la gran mayoría, y sus demandas más apremiantes, y ante este panorama el pueblo lo debe de cambiar, mejorar sus condiciones de vida, porque ya nos mostraron, seis años, que el cambio no nos llegará si nosotros no hacemos que pase; debemos unirnos y organizarnos, sólo así cambiar nuestra realidad desde raíz. De no hacerlo, tendremos más obras con pérdidas y sin uso que cada periodo vacacional, a fin de que el usuario pueda usarlo, sacan promociones que ni el pueblo pobre puede pagar.
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